La alicantina Milagrosa Martínez, presidenta de les Corts, aparece implicada en un supuesto blanqueo de capitales

VALENCIA.- La presidenta de Les Corts, la alicantina de Novelda, Milagrosa Martínez, ha reiterado hoy en declaraciones a los periodistas que durante su gestión al frente de la Conselleria de Turismo, "todas las actuaciones han estado marcadas por un único marco, que es el de la legalidad".

La presidenta se ha referido en estos términos a la información publicada hoy por el diario El País en la que se asegura que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía ha propuesto en un informe, dentro de las investigaciones por el denominado "Caso Gürtel", el interrogatorio de Martínez por su gestión al frente de la Conselleria de Turismo en 2005.

El informe, que tendrá que analizar la Fiscalía Anticorrupción, propone también la declaración de los dirigentes de la Agencia Valenciana de Turismo, una empresa pública dependiente de la Conselleria, que adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market, una de las empresas de la trama "Gürtel".

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Martínez ha afirmado desconocer que vaya a ser llamada a declarar, aunque ha asegurado que, si este hecho "se produjera, colaboraría con la Justicia porque es un deber y una obligación de cualquier ciudadano.

"Sobre el tema conozco lo que he leído hoy en prensa", ha asegurado Martínez, a lo que ha añadido que, "lógicamente, la Justicia está para colaborar con ella".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencanes, Angel Luna, señaló hoy que no le "extraña" que la Policía pida que testifique en el 'caso Gürtel' la actual presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, para que aclare las contrataciones que realizó cuando estaba al frente de la Conselleria de Turismo, aunque no descartó que acabe siendo citada como imputada porque, recalcó, es "evidente" que "ha habido actuaciones que rozan la prevaricación".

Al respecto, señaló que "no le extraña" las informaciones publicadas hoy sobre el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales porque "entraba dentro de lo esperable" que tanto la presidenta, que fue consellera de Turismo en el momento en que se realizó el primer contrato de Fitur, como todos los que partiparon en ese contrato, así como otros consellers y otros funcionarios que participaron en una serie de contratos que figuran en el informe la oficina de auxilio judicial "tarde o temprano sean citados a declarar incialmente como testigos".

No obstante, recalcó que no descartaría "en ningún caso" que si inicialmente son llamados como testigos acaben siendo citados como imputados en el procedimiento porque "es evidente" que "si se confirma lo que dice este informe allí ha habido actuaciones que rozan la prevaricación, y la prevaricación tiene 10 años de prescripción".

Así, explicó que en este caso "ya no se trata de regalos que por cohecho impropio el delito prescribe a los tres años", sino de "delitos de prevaricación que prescriben a los 10 años".

"Por tanto tienen que ser investigados y analizados por los órganos judiciales y si fuera el caso juzgados", apostilló.