La asociación recordó que este patrimonial "ha sido generado durante más de cien años por la sociedad española y, en particular, por los pequeños ahorradores y consumidores". Adicae recordó que las cajas de ahorros representan el 50% del sistema financiero español.
La asociación alertó de que el Real Decreto Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), aprobado hoy, "permitirá el expolio" de las cajas, "a manos de cualquier tiburón financiero, impidiendo la verdadera democratización y modernización necesaria".
Adicae consideró que las cuotas participativas con derechos políticos suponen dejar el gobierno de las cajas y su patrimonio en manos de cualquier inversor privado, especialmente la banca, pero también de los 'hedge funds' y otros "depredadores" financieros.
Además, la asociación explicó que el objetivo de capitalizar las cajas ha llevado al "absurdo" criterio de establecer un "falso" límite a la emisión de cuotas en el 50% del patrimonio de las cajas con el que se pretende mantener un equilibrio "imposible" en los consejos de administración.
Por su parte, UGT rechazó hoy el Real Decreto Ley que modifica la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) al entender que supondrá "la bancarización de las cajas" y que "romperá el modelo social" que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y pymes o su naturaleza social.
También el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido que el decreto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) supondrá "la desnaturalización" del sistema de cajas de España, lo que a su vez provocará "un profundo plan de ajuste laboral", que contará con "un profundo rechazo sindical".
Lo cierto es "que se avanza de forma decidida hacia un proceso de desnaturalización" de las cajas y que "vayan bancarizando su función", sea a través "de la creación de Fundaciones que se desprendan del negocio financiero y lo sitúen en la órbita de un banco", sea "por la vía de la salida de los órganos de gobierno de instituciones, impositores trabajadores u otras",
Asimismo, ha argumentado que esta modificación de la naturaleza jurídica de las cajas "generará un profundo plan de ajuste laboral que además ahora tiene una referencia nueva: la reforma laboral aprobada por el Gobierno".
Toxo ha defendido que "se debe dar un mayor control a la ciudadanía" mediante "el refuerzo de la presencia de los impositores y de los trabajadores".
Por ello, ha reclamado que se despejen "las incógnitas" de "las cuotas participativas con derechos políticos, en qué límites las cajas van a repartir dividendos como hacen los bancos y si se va a mantener la obra social" y reclamó que el Gobierno "las resuelve a favor de los intereses de la ciudadanía" y "no como intuimos pactada con la dirección de las cajas y con otros sectores como el de la banca clásica que ven en la caja una oportunidad de negocio".
Finalmente, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) que aprobó hoy el Consejo de Ministros, al considerarla el "escándalo más importante en materia económica de los últimos años", en un ejercicio "antidemocrático" que beneficia ante todo a los "especuladores" del sector privado.
En este sentido, señaló que, gracias a las cuotas participativas con derechos políticos, el capital privado podrá aprovecharse de los 13.500 millones de dinero público que ha costado el saneamiento de las entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En rueda de prensa, Llamazares denunció que el Gobierno ha actuado "al dictado" del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España para "volar" el último baluarte de la "economía mixta y social" que recoge la Constitución con la "privatización" de unas instituciones que desde el siglo XIX han tenido una función social y "redistributiva" de la riqueza.
Asimismo, señaló que la actuación del Gobierno ha sido "antidemocrática" porque no ha contado ni con los representantes de instituciones sociales en los consejos ni con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, sino que sólo se ha guiado por las directrices del FMI y del Banco de España, avaladas por los "presidentes eventuales" de algunas entidades.
Llamazares auguró que el Gobierno se encontrará con el rechazo de comunidades autónomas y ayuntamientos a la medida a través incluso de acciones legales.
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