Así lo han anunciado hoy fuentes de la entidad alicantina, que han explicado que el Consejo de Administración es de carácter "ordinario" y han señalado que en el orden del día se ha incorporado, entre otras cuestiones, la propuesta de abordar el SIP junto a las otras tres instituciones financieras.
Este Consejo de Administración tendrá lugar después de que el pasado viernes el Banco de España se reuniera con CAM para tratar de salvar su alianza en el SIP liderado por Cajastur.
La mayoría del consejo de administración de la CAM no teme que el Banco de España pueda abrir un expediente sancionador a este órgano porque "no ha habido ni directrices ni notificación alguna al consejo de la CAM por parte del supervisor.
"Todo está dentro de la normalidad", añaden y confían que, finalmente, el SIP que la entidad ha decidido formar con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "salga adelante", a pesar de las dificultades y la fase crucial en que se encuentra en estos días por las pretensiones del que será su futuro consejero delegado y presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.
El asturiano reclama poderes irrevocables durante los doce años que duraría su mandato, pero se ha encontrado con la oposición unánime del consejo de la CAM, que el pasado jueves rechazó aceptar estas exigencias, que no estaban en el protocolo de intenciones, y que, ahora, la entidad asturiana quiere incluirlas en el contrato definitivo del SIP, que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo, por doce años, al igual que Menéndez, tal y como figura en el preacuerdo (seis años prorrogables a otros seis, si no hay acuerdo sobre su sustituto).
El consejo sí aprobó el documento de integración, excepto los términos referidos a la delegación de facultades al consejero delegado. La réplica de Cajastur fue manifestar que el SIP "estaba en peligro".
Las cuatro entidades mantienen esta semana intensas reuniones para desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo. Las negociaciones se cree que se prolongarán en los próximos días para abordar el contrato del SIP.
En el seno del máximo órgano de la CAM confían en que las negociaciones se reconduzcan e insisten en que el rechazo unánime expresado por el consejo sobre las excesivas atribuciones que reclama Cajastur debe mantenerse.
"Hay que seguir adelante", subrayan varios vocales. Los consejeros repiten que las condiciones impuestas por el futuro ejecutivo del nuevo banco que se cree no sólo van en contra del código de buen gobierno, sino que rompen el equilibrio de poder establecido en el protocolo aprobado en mayo y que reparte a partes iguales la participación en el SIP entre CAM y Cajastur, que lideran la operación. Ambas tendrían un 40% en el "holding", mientras que la extremeña y la cántabra tendrían un 11% y 9%, respectivamente.
El acuerdo adoptado por Caja Mediterráneo el pasado jueves fue respaldado ampliamente por los sectores empresariales, sociales y políticos de Alicante, especialmente el PP.
La entidad alicantina no está conforme con dejar el poder del grupo resultante en la figura del consejero delegado, que no es otro que el presidente de la asturiana, Manuel Menéndez, pero reafirma su voluntad de formar un SIP junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
A este respecto, las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes continúan.
El Banco de España defiende la necesidad de resolver las diferencias, dada la bondad de esa operación para todas las partes implicadas, que crearía la tercera caja de España, con 135.000 millones en activos y más de 2.000 oficinas.
Buena parte de los consejeros de CAM, que preside Modesto Crespo, pensaban que el contrato del SIP que sancionaron la semana pasada todos los integrantes concedería a la caja asturiana un poder absoluto e irrevocable sobre el nuevo grupo, por lo que decidieron rechazar el punto relativo a la cesión de facultades al consejero delegado.
CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron el pasado 24 de mayo crear un SIP.
Así, cada caja mantendría su personalidad jurídica y su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, si bien pondría en común las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios.
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