En la capital alicantina, según fuentes municipales oficiales, controla directamente el 25% del suelo urbano, cifra que se dispara hasta el 70% si se suma el que posee en sociedad con otros mercantiles. Otro dato ilustrativo de su poderío, siempre según las mismas fuentes, es el volumen de facturación con el Ayuntamiento.
Sus contratos suponen cerca del 10% del presupuesto del consistorio (260 millones en el ejercicio vigente). Según datos de su página web, el Grupo Cívica -integrado por una decena de firmas y comandado por Ortiz-, cerró 2009 con una facturación de 2000 millones de euros, un 40% más que en el ejercicio anterior.
El empresario comenzó su actividad en el sector inmobiliario, y especialmente en el apartado de comprador y gestor de suelo y promoción de viviendas. El buque insignia en este apartado es el plan Rabassa (programa urbanístico más ambicioso de Alicante, que prevé 13.505 casas en la periferia norte de la capital alicantina). Pero Ortiz también es el adjudicatario de grandes PAI en otros puntos del territorio valenciano, como por ejemplo Manises.
El negocio del promotor de origen maño, pero alicantino de espíritu según el mismo se califica, alcanzó un impulso definitivo en 1994 con la llegada de Luis Díaz Alperi, del PP, a la alcaldía de Alicante. En los 14 años de mandato del regidor, Ortiz sumó a sus negocios un sinfín de contratas municipales, la más destacada la recogida de la basura y limpieza de la ciudad, mediante la mercantil Inusa. Con esta firma también explota la planta de basuras de la capital, aunque en este caso la adjudicación le vino a través de la Generalitat Valenciana.
Las relaciones de Ortiz con los sectores campistas del PP, que lidera el presidente de la Generalitat Valenciana, han sido siempre cordiales. El promotor no dudó en salir al rescate del parque Terra Mítica de Benidorm, impulsado por el gobierno autonómico, cuando el complejo presentó suspensión de pagos. Ortiz compró la reserva de suelo del complejo por 85 millones de euros.
El último gran contrato ganado por el empresario ha sido la planta basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP valenciano.
El progresivo ascenso económico y social de Ortiz, este último derivado de su condición de máximo accionista del Hércules C. F., ha sufrido un serio revés en el último año. Ortiz ha saltado a las primeras páginas de los diarios por su implicación en las dos supuestas tramas corruptas más destacadas que han germinado en la Comunidad Valenciana: el caso Gürtel y el caso Brugal.
En el segundo, está imputado por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, derivados de una supuesta dádiva (dos pisos o su equivalente en metálico, entre 800.000 y un millón euros) al líder provincial del PP. El supuesto cohecho está con la mencionada contrata de basuras del plan zonal.
Ortiz ha coronado su implicación en supuestos escándalos con el caso de la compra de partidos para garantizar el ascenso del Hércules. Unas escuchas recogidas en el sumario del caso Brugal revelan que Ortiz dirigió en primera persona el amaño de al menos cuatro partidos. El caso fue archivado porque estos hechos no son delito -sí lo serán cuando entre en vigor la reciente reforma del código penal, el 22 de diciembre-.
El aluvión de supuestas irregularidades no ha arredrado al empresario y ha confeccionado un potente equipo para su retorno a Primera. El viernes, al ser preguntado por esta redacción sobre las cifras de sus negocios y su situación procesal dijo: "Los números, como comprenderás, no los tengo en la cabeza". Y añadió: "Sobre los casos judiciales, estoy muy tranquilo, porque estoy convencido de que no he hecho nada malo".
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