La Fiscalía Anticorrupción vuelve a solicitar la expulsión del PP como acusación popular en el Gürtel

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se ha sumado a la petición de varias partes personadas en el proceso penal del 'caso Gürtel' en Madrid para solicitar al juez Antonio Pedreira que expulse a la representación procesal del Partido Popular como acusación popular por su posición "fraudulenta" en el proceso penal que investiga la trama de corrupción.

En un escrito remitido al magistrado el pasado 8 de septiembre, las fiscales adscritas a la causa se adhieren a los escritos presentados por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Ángel Luna.

En el escrito, los fiscales aseguran que el PP actúa en "claro fraude de Ley" por desempeñar una labor de defensa, amparándose en su condición de acusación popular.

La Fiscalía ya solicitó en un escrito presentado en octubre de 2009 esta petición, al denegarla el magistrado instructor. A tenor de los escritos presentados por el portavoz socialista en el Parlamento valenciano y la citada asociación, el Ministerio Público vuelve a reclamar la expulsión del PP del proceso.

Según los fiscales, la actividad procesal y extraprocesal del PP es reveladora del verdadero papel que está asumiendo, siendo el de "una defensa más" a la vista de que muchos de los imputados formaron parte del partido.

Tanto Luna como la Asociación de Abogados Demócratas sostienen en sendos escritos que no es apropiado mantener esta acusación, puesto que los imputados en este proceso penal son o han sido "en su mayoría afiliados a dicho partido político".

En el escrito se critica que "un supuesto acusador popular" haya desnaturalizado su posición y se haya convertido "objetivamente en una defensa más".

"La posición que está adoptando la Dirección Técnica del Partido Popular en el presente proceso, es 'contra natura legis', posición que al legislador decimonónico le resultaba impensable que se produjese un fraude de ley como el que se viene observando", recoge el escrito remitido al magistrado instructor.

De este modo, ambas partes solicitan al juez "acordar la pérdida de la legitimidad y consecuente expulsión del Partido Popular con acusación popular en las presentes actuaciones".

Por otro lado, el diputado regional Benjamín Martín Vasco ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM poder tener acceso a las conversaciones intervenidas por orden del ex juez Baltasar Garzón en la prisión de Soto del Real. Estas comunicaciones forman parte de una pieza secreta que se abrió a raíz del incidente de nulidad planteado por la declaración de ilicitud de las citadas escuchas.

En el escrito, el letrado de Martín Vasco asegura que hechos que conciernen a su cliente aparecen probablemente mencionados en dichas conversaciones. "Es imposible saber qué actuaciones pueden quedar afectadas por las intervenciones ilícitas si se desconoce el contenido íntegro de las conversaciones", ha señalado.

"La Policía, el Instructor, la Fiscalía, incluso esta Sala han escuchado la totalidad de las grabaciones. Resulta paradójico que el imputado sea el único que no puede acceder de manera completa. Ello supone una vulneración del principio de igualdad de armas y causa indefensión. Aunque se haya acordado su ilicitud, el acceso de las partes acusadoras a la información que contienen ya se ha producido", ha criticado el abogado.