De esta forma, los actos realizados por el PPCV y el Grupo Parlamentario del PP en la Comunidad Valenciana habrían sido financiados mediante una triple sistema de financiación, que incluye, en primer lugar, las "entregas realizadas por el PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la Caja B de Orange Market".
En segundo lugar, el informe cita "facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta" y, por último, se refiere a las "gestiones realizadas por los responsables del PPCV para que empresarios cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market". Estas partidas, continúa, "se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".
El informe, al que ha tenido acceso el diario 'El País', cita el pago del PP valenciano de 405.450 euros a Orange Market entre el 4 de febrero y el 12 de diciembre de 2008, unas operaciones que se realizaron "sin justificación contractual de ningún tipo" y pasando dicha cantidad "a engrosar los fondos de Caja B" de la sociedad mercantil.
Además, señala al ex secretario general de los 'populares' valencianos Ricardo Costa y al diputado por Alicante David Serra como las personas que "participaron activamente" para que otras empresas financiaran la "deuda" contraída entre el PP y Orange Market, empresa investigada dentro de la trama 'Gürtel'.
Entre estas empresas se cita al Grupo Sedesa -- de la que fue copropietario Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino--, que habría abonado entre julio y diciembre de 2008 a Orange Market 150.800 euros; la empresa de Enrique Ortiz, el que fuera máximo dirigente del Hércules, vinculado al 'caso Brugal', que abonó 232.232 euros entre diciembre de 2008 y febrero de 2009; y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL, que hizo lo propio en julio de 2008 con 58.00 euros.
La UDEF sostiene que "con la elaboración de las facturas falsas se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es", imputando como gastos en la contabilidad de Orange Market de costes que no obedecen a la actividad que esta empresa desarrolla. De esta forma, se altera la cuenta de explotación y el cálculo del Impuesto de Sociedades y del IVA, "ocasionando un perjuicio para la Hacienda Pública".
"No existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios ubicadas en la Comunidad Valenciana", se argumenta en las conclusiones del informe, "efectúen el pago de distintas facturas a Orange Market, cuyo importe íntegro pasa a descontar la deuda existente entre esta sociedad y el PP de la Comunidad Valenciana, así como su Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas", salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo".
Además, apuntan a las conversaciones telefónicas para poner de manifiesto las "dificultades contables de liquidez" de Orange Market al cierre del ejercicio 2008 "debido a la elevada deuda que tiene contraída con el PPCV", lo que motivó la intervención de Ricardo Costa y de David Serra "para conseguir fondos que la disminuyeran".
Para ello, añade, se realizan "entregas de dinero por los trabajos efectuados con la correspondiente justificación a través de factura, ya que son aportaciones monetarias de empresarios que se justifican mediante facturas ficticias, o con aportaciones de dinero en 'B".
El informe de la UDEF, fechado el pasado 20 de julio, amplía uno anterior remitido al TSJM el 31 de julio DE 2009 sobre el sistema de facturación y financiación presuntamente irregular empleado por el PPCV y las empresas de organización de eventos de Francisco Correa, entre ellas Orange Market.
En este último, la UDEF analiza la documentación intervenida en la sede de Orange Market el 6 de febrero de 2009, así como el contenido de distintas llamadas entre varios de los implicados, y, según concluye, "los datos obtenidos tras su análisis" confirman "el pago de diversas facturas ficticias por parte de empresas privadas asentadas en la Comunidad Valenciana y adjudicatarias de numerosos contratos públicos y cuyo importe íntegro se destina al pago de una parte de la deuda generada por el PPCV y la mercantil Orange Market".
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