Reding ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por la eurodiputada del Partido Por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen. Andreasen había reclamado la intervención del Ejecutivo comunitario por considerar que la legislación urbanística española vulnera el derecho de propiedad, protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que con el Tratado de Lisboa se ha convertido en jurídicamente vinculante.
"Considerando el número de denuncias recibidas sobre esta cuestión, la Comisión está supervisando la situación para ver si surge alguna discriminación por razón de la nacionalidad y se ha puesto en contacto al respecto con las autoridades españolas", ha respondido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.
Hasta ahora, Bruselas se había negado a intervenir ante las denuncias de vulneraciones del derecho de la propiedad y de abusos urbanísticos en España alegando que carecía de competencias. La Comisión denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) únicamente la Ley Urbanística Valenciana por considerar que incumplía la normativa comunitaria sobre contratación pública. Pero el abogado general recomendó la semana pasada al TUE que desestime este recurso.
En todo caso, Reding ha aclarado que "por lo que respecta a la cuestión del derecho a la propiedad en España, la Comisión sólo puede intervenir si el asunto se refiere a la aplicación del Derecho de la Unión". "Tal conexión no se ha establecido aún", ha señalado.
La Eurocámara ha aprobado varios informes que denuncian los abusos urbanísticos en España. En el último de ellos se amenazaba incluso con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los problemas denunciados.
La propia Andreasen ya protestó por los abusos urbanísticos en España durante las dos comparecencias ante la Eurocámara del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presidencia española de la UE, en el primer semestre de este año. Su intervención en julio enfadó a Zapatero porque llegó a comparar la situación en España con la de Zimbabue.
La representante del UKIP le espetó al presidente del Gobierno que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Andalucía. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".
"Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo el presidente del Gobierno.
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