El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En esta causa, y de acuerdo al informe policial, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.
La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU.
En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.
El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez.
"El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.
Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.
El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita, según 'El País'.
Castedo, que ha comparecido en rueda de prensa convocada hoy mismo y en la que no ha admitido preguntas, ha facilitado el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, --en relación con una de las causas del 'caso Brugal' que el juzgado de Orihuela remitió a un órgano de Alicante-- que considera que existen indicios de que la alcaldesa pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules C.F., Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.
En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, este órgano cree que Castedo pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez y recibir dávidas del empresario, algo que la primera edil ha negado. Según Fiscalía, Castedo podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".
La alcaldesa de Alicante ha asegurado que durante la elaboración del PGOU de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha señalado que no ha recibido dádivas de este empresario.
La Fiscalía ha apreciado estos indicios en base a unas escuchas telefónicas, en 2008, de conversaciones intervenidas por la Policía entre Ortiz y Castedo, en las que se señala un "apaño" en el APA-9, en las 'Lomas Garbinet', en la zona del estadio Rico Pérez, y un cambio de ordenación en el PAU 3.
Así, Castedo ha destacado que el APA-9 fue aprobado en 1993, su programa de actuación integrada se aprobó en 2003, y "se mantiene en el nuevo PGOU sin variación" respecto a lo que se autorizó en su momento. Del mismo modo, la alcaldesa ha señalado que no ha habido "incremento en la edificabilidad" ni en el APA 9 ni en el PAU 3.
Además, la primera edil ha indicado que la remodelación del estadio José Rico Pérez se trataba de un proyecto "conocido perfectamente por todos los alicantinos", que Enrique Ortiz presentó al PP y al PSPV en el Ayuntamiento, y que "finalmente se frustró" porque se concluyó "que no era económicamente viable, ni aconsejable".
También se ha referido Castedo a las acusaciones de "acuerdo lucrativo" para Enrique Ortiz "con la recalificación del estadio José Rico Pérez", una recalificación que fue "rechazada". Castedo considera que la Fiscalía entiende que el empresario tuvo información privilegiada al entregarle el equipo redactor del PGOU el "proyecto de finalización" del Plan, así como la ficha de planeamiento del sector que comprende el estadio.
Sobre esto, la alcaldesa ha destacado que el artículo 83 de la Ley Urbanística Valenciana especifica que durante la redacción técnica del PGOU el ayuntamiento "formulará consultas y formalizará acuerdos con otras administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos particularmente afectados, reflejando su resultado en el expediente". En esta línea, ha añadido que Enrique Ortiz es "representante del Hércules C.F.", una entidad "representativa de la ciudad" y afectada por el Plan.
Por último, la alcaldesa ha negado haber recibido dádivas por parte de Ortiz. En concreto el escrito hace referencia a un viaje a Andorra en 2008 y 2009, del que Castedo ha presentado facturas a su nombre; de un viaje en yate a Ibiza, que ha reconocido haber hecho; del regalo de un coche a una persona de confianza, que Castedo ha negado y del que ha enseñado facturas de compra, así como de la solicitud a Ortiz de contratación de personal en sus sociedades.
Sobre este último punto, Castedo ha señalado que se ha valido "de sus influencias" para ayudar a personas que acuden diariamente al Ayuntamiento, en situaciones "dramáticas" por estar en paro, para lo que ha acudido a la empresa de Ortiz y "a todas las mercantiles con las que tiene relación el Ayuntamiento", algo que ha afirmado que seguirá haciendo.
Por último, la primer edil del consistorio alicantino ha considerado que en "todas las acusaciones" que realiza la Fiscalía sobre ella ha existido "tergiversación", puesto que el Ministerio Fiscal "no ha concluido su investigación", ya que el documento oficial del PGOU "demuestra que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad".
Para Castedo, la no finalización de la investigación "quiebra el principio de inocencia" y se adentra en "la presunción de culpabilidad, valiéndose de información sesgada y no contrastada".
"Si el fiscal hubiera terminado la investigación habría concluido que ninguna de las aspiraciones del empresario en cuestión fue atendida en el planeamiento urbanístico", por lo que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", ha destacado Castedo.
La primer edil ha considerado que se encuentra en un caso "jurídicamente inconsistente, que no se sostiene", por lo que no se trata de "un asusto judicial", sino del "comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político, sino un enemigo al que hay que destruir", puesto que "se busca una condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable".
CORRUPTELAS VARIAS
ResponderEliminarEl verdadero PELOTAZO de Ortiz es que es el dueño directa o indirectamente del 70% del suelo que ha sido declarado Urbanizable en Alicante.
Para sorpresa de cualquier urbanista, el Plan General contempla más superficie recalificada para suelo industrial que para residencial. De esa forma el puede fijar los precios del suelo urbanizable y retrasar el desarrollo para ir dosificando sus promociones. El pelotazo está en la sutileza, no en mayor aprovechamiento que sería muy evidente...