Las hijuelas del 'caso Brugal' llevan hasta el juzgado a once presuntas tramas delictivas

ORIHUELA.- La sombra de las grabaciones del empresario oriolano Ángel Fenoll es alargada. A partir de los datos que él mismo facilitó y que le llevaron a la cárcel junto a su hijo se puso en marcha una operación que ha salpicado a cargos de gran parte de la provincia, incluida la alcaldesa de Alicante. Las grabaciones telefónicas a los protagonistas han destapado otras presuntas irregularidades que ya están en los juzgados, se escribe en 'Información'. 

En el diario 'Información' se detallan once posibles tramas de esta "resaca de Brugal", que forman parte del sumario.

Trama Calp
Las grabaciones de Fenoll apuntan a irregularidades en la adjudicación y construcción de una planta de transferencia de residuos en Calp. En ellas aparecen entregas de dinero en "grandes cantidades" desde 1998 y se sospecha que las irregularidades continúan con la manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a esta planta y que determinarían la facturación al Ayuntamiento. El fiscal mantiene que Francisco Artacho, ex cuñado del diputado provincial y concejal calpino Juan Roselló, intervino entre Fenoll y cargos municipales para que se autorizara la construcción de la citada planta. Tanto él como Roselló y otros dos ediles populares, entre ellos el ex alcalde Francisco Javier Morató, habrían recibido dinero del empresario oriolano, al igual que el concejal de IU Manuel Roura.

Recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela costa
Las empresas de Ángel Fenoll Proambiente y Colsur prestaban el servicio desde 1990 de Orihuela Costa y, según las grabaciones del propio empresario, se habrían producido irregularidades en el pesaje de los residuos. Esto propició que se investigara a Miguel Pedro Mazón, teniente de alcalde en Orihuela con el PP y que, al parecer, pdo recibir dinero de Fenoll en relación a la recogida de algas.

Caminos a la planta de Proambiente
El fiscal ve presuntas irregularidades en los permisos que otorgó el Ayuntamiento de Orihuela para la construcción de la planta de gestión de residuos de Proambiente, propiedad de Fenoll, a principios de los años 90. A raíz de las grabaciones se investiga a Joaquín Daniel Cuenca, presidente de la Asociación de Regantes Murada Norte y que presentó una carta en favor de Fenoll en el Ayuntamiento de Orihuela a cambio supuestamente de dinero.

Financiación del PSOE de Abanilla (Murcia)
Los investigadores tienen constancia de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Abanilla, en Murcia, a cambio de evitar que sean cuestionadas públicamente la figura y los negocios de Fenoll, al estar ubicada en esta población la planta de Proambiente. El secretario general local del PSOE y concejal José Antonio González, y los ediles socialistas José Antonio Cutillas, Manuel José Martínez, Dolores Mateo y María Dolores Saurín podrían haber recibido contraprestaciones económicas.

Recogida de residuos en Callosa de Segura
Existen indicios de presuntas irregularidades en el servicio de recogida de residuos con posibles pagos al alcalde, el popular Francisco Javier Pérez Trigueros.

Delito medioambiental
Según las escuchas telefónicas también podría haberse cometido un delito medioambiental por el vertido irregular de residuos en unas fincas propiedad de Francisco Poveda al tener el empresario oriolano clausuradas parte de su planta de gestión de residuos.

Descubrimiento y revelación de secretos de Hacienda
Las investigaciones a Fenoll y sus empresas destaparon que su entorno más cercano utilizaba información privilegiada proveniente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) para minimizar los efectos de las inspecciones al parecer con la colaboración de funcionarios de Hacienda. En este apartado también se investiga a un guardia civil.

Financiación del Hércules
La investigación señala al empresario Rafael Gregory, amigo del presidente de la Diputación y miembro de la Fundación Hércules, y le atribuye el uso de sus influencias para conseguir presuntamente financiación para la fundación por parte de la Diputación a cambio de que ésta adjudicara obras de menor cuantía a dos empresas, Arosa y Tizor. Además de a Gregory, el fiscal pide investigar al vicepresidente cuarto de la Diputación, Carlos Mazón, al ex presidente de la Fundación Hércules Ignacio Mangada, al gerente de esta entidad, Nicolás López, y al administrador de Asfaltos Reunidos, Obras Arosa y Bonete Producción, Antonio Bonete.

Alzamiento de bienes de Autisa. La madeja de la que salen los hilos
También las escuchas pusieron sobre la pista a las autoridades de un presunto alzamiento de bienes en el grupo Autisa, de la familia Gregory. La importancia de esta investigación es que dentro de este presunto delito Rafael Gregory pide ayuda a Ángel Fenoll para traspasar propiedades al entramado empresarial del oriolano y así eludir el embargo. Y en el transcurso de esa investigación aparece Enrique Ortiz por una de las adjudicaciones a las que ambos empresarios optaban. De esta forma salen a la luz todas las presuntas actividades irregulares del máximo accionista del Hércules con diversos cargos de la provincia.

Plan General de Ordenación Urbana de Alicante
El fiscal sostiene que altos cargos del Ayuntamiento de Alicante le facilitaron a Ortiz información privilegiada del contenido del PGOU y ve viable que incluso se produjeran cambios de planeamiento favorables al empresario al tiempo que se le permitía adquirir zonas cuyo cambio de calificación le supondrían "ingentes beneficios". Las presuntas irregularidades tienen que ver con las principales actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo en Alicante -la mayoría incluidas en el Plan General- que son: Saladares de Aguamarga, Aguamarga-Ciudad de la Economía, estadio Rico Pérez, Torres de la Huerta-Condomina y Fontcalent. 

Según las primeras investigaciones el máximo beneficio se obtendría con el cambio a urbanizables de zonas protegidas de la ciudad. El fiscal mantiene que, a través de la mercantil Deproinmed, que estuvo mucho tiempo sin actividad, Ortiz fue comprando las zonas que mayor valor adquirirían una vez que se aprobara el Plan. El escrito alude a las "estrechas relaciones" que el empresario mantiene con la alcaldesa y a la participación de José Cortina, subdirector de Bancaja y "máximo beneficiado de las gestiones irregulares".

Sociedad de Proyectos Temáticos. Futuro Palacio de Congresos
La investigación también detectó presuntas irregularidades en la adjudicación del nuevo Palacio de Congresos y del Parque Cultural de San Vicente del Raspeig; en la adjudicación para el mantenimiento y la gestión de servicios de Ciudad de la Luz y en la concesión de un aval de 16 millones al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.

En todas las actuaciones Ortiz aparece como solicitante, el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, como representante administrativo y el piloto de rallyes y amigo de éste último Miguel Ángel Fuster como intermediario y receptor de contraprestaciones.