ORIHUELA.- El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, del PP, ha rechazado abrir un expediente a la adjudicataria del servicio de recogida de basuras. En el pleno extraordinario, celebrado este lunes por iniciativa del grupo municipal socialista, los votos mayoritarios del equipo de Gobierno han impedido la apertura de un expediente a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por 'Sufi', 'Liasur' y 'Gobancast', tal y como habían pedido los socialistas.
La propuesta ha sido rechazada con los votos del PP, que ha contado con mayoría suficiente pese a que las concejalas 'populares' Araceli Vilella y Eva Ortiz no han acudido al pleno, mientras que sí han votado a favor de la misma los concejales del PSPV, Los Verdes y Centro Liberal Renovador (CLR).
El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Antonio Rodríguez Barberá, ha defendido la incompetencia del Pleno para acordar la apertura de expediente a la empresa adjudicataria, puesto que es la Junta de Gobierno la que tiene potestad para hacerlo.
Asimismo, ha detallado que, según la Ley, no se pueden abrir procedimientos contenciosos-administrativos si hay un proceso penal en marcha, por lo que ha opinado que "la propuesta del PSPV supone una vulneración de la norma".
Por su parte, el concejal del PSPV Carlos Cascuñana ha explicado que la adjudicación que se ha puesto en duda cuesta al erario una cantidad de dinero equivalente al 120 por ciento del presupuesto anual municipal de Orihuela --la adjudicación se realizó por nueve millones anuales durante 25 años--.
El edil ha basado la petición de su partido en los informes policiales del 'caso Brugal', operación que investiga supuestas irregularidades cometidas en los procesos de adjudicación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos de Orihuela y de la comarca de la Vega Baja.
A raíz de las pesquisas, el pasado 6 de julio fueron detenidos tres concejales del equipo de Gobierno de Orihuela, que este lunes han rechazado la propuesta del PSPV, así como el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
Bascuñana ha recordado las declaraciones que la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, hizo el 24 de marzo en 2006 en un medio de comunicación provincial y en las que aseguraba que las grabaciones que el empresario oriolano Ángel Fenoll entregó al fiscal Anticorrupción bastaban para dejar "desierto" el procedimiento. Las grabaciones contenían una conversación entre el propio empresario, imputado en el marco de la causa, y el ex concejal por Centro Liberal Jesús Ferrández relativa al concurso de las basuras de Orihuela.
Este concurso terminó con la adjudicación del servicio el 30 de septiembre de 2008 a la mencionada UTE, detrás de la cual podría estar Fenoll, pese a haber presentado otra oferta con su mercantil 'Colsur', según apuntan los informes policiales. La doble participación, prohibida por la ley supondría la nulidad del procedimiento de adjudicación, ha explicado Bascuñana.
De este modo, el concejal socialista ha expuesto que "bastante menos necesitó Lorente --en 2006-- para romper el equipo de Gobierno paralizar la adjudicación de las basuras y liar la que lió".
"Ahora no se puede rescindir el contrato porque al PSPV se le ponga por montera", ha señalado el edil socialista, para quien "está demostrado que Fenoll se presentó con dos ofertas al concurso", por lo que "'Colsur' y la UTE --adjudicataria del servicio-- deberían haber sido expulsadas del proceso".
Durante su intervención, Bascuñana ha leído una conversación telefónica intervenida por la Policía Nacional que forma parte del sumario del 'caso Brugal' en abril de 2008. En uno de los diálogos, el gerente de la UTE y administrador de 'Liasur', Miguel San Andrés, le dice al hijo del empresario investigado, Antonio Ángel Fenoll, que "si no fuese porque me paga 'Proambiente' --otra empresa de Fenoll-- iba a comer yo mierda".
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Los Verdes, Monserrate Guillén, ha leído un extracto del informe que el secretario municipal redactó acerca de la idoneidad del pleno y de su competencia para ejecutar la petición de los socialistas. Así, ha asegurado que el documento recoge que "el principio de prejudicialidad penal indica que la tramitación administrativa de los expedientes debe paralizarse o suspenderse cuando aparecen indicios de la comisión de actos delictivos".
Asimismo, el portavoz de Centro Liberal Renovador, Pedro Mancebo, ha considerado que "cuando se habla de nulidad es porque hay un engaño a la Administración", a lo que ha añadido que los concejales del PP "no se sienten engañados porque ya sabían que eso era así --respecto a la doble concurrencia de Fenoll--".
El Pleno municipal continuado con el segundo y último punto del día, referente a la asunción de las responsabilidades económicas por parte de los concejales que votaron a favor de dejar desierto el primer concurso de recogida de basuras de Orihuela y de la adjudicación del segundo en caso de que el Ayuntamiento tenga que pagar indemnizaciones a otras empresas participantes.
En este punto, el sentido del voto de las formaciones se ha repetido, por lo que el punto ha sido rechazado con los votos en contra del equipo de Gobierno y a favor de los ediles del PSPV, Los Verdes y CLR.
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