VALENCIA.- Un año de suspensión rebajado a 10 meses. Esa ha sido toda la factura política que, de momento, ha pagado el PP por los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana . La lista de implicados incluye al presidente de la Generalitat y los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Alicante, todos ellos imputados, a seis consejeros vinculados en una u otra medida, además de cerca de una docena de alcaldes o ex alcaldes que han sido también imputados por el juez o acusados por la fiscalía. Y ni una sola dimisión, resalta 'El País'.
El caso Gürtel se llevó por delante a nueve altos cargos, además de otros intermedios, en la Comunidad de Madrid. Cuatro alcaldes, un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero de la presidenta Esperanza Aguirre y un senador dejaron sus puestos. Todos sus nombres están incluidos en las diligencias de una investigación que destapó una importante trama corrupta encabezada por Francisco Correa y vinculada a distintos Gobiernos del PP.
De la misma manera que aparecieron los nombres de los cargos madrileños, se escribieron los de los cargos del PP valenciano. Protagonizaron significativas conversaciones telefónicas y, en algunos casos, fueron señalados por los jueces como presuntos autores de algunos de los delitos más graves que puede cometer un cargo público. Pero no pasó nada. Ni una dimisión.
Una cacareada suspensión de militancia al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, fue la única señal de una inexistente reacción, ya que solo afectó a uno de los entonces 20 dirigentes salpicados por la corrupción.
Para entonces, la senda ya estaba marcada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que lleva casi siete años imputado. El código ético del PP cayó en desuso y la imputación dejó de ser motivo de expulsión del partido. Ni siquiera una sentencia contraria es un tope a la vida política en el PP. "La sentencia no es firme hasta el último estado", dijo Fabra, en referencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo que, como ha dicho en alguna ocasión, es al que recurrirá en el caso de que la justicia española lo considere culpable.
Desde el inicio del caso Fabra se han celebrado cinco procesos electorales y, uno detrás de otro, Carlos Fabra ha mantenido su mayoría. Con ese valor, el presidente de la Diputación de Castellón ha exigido, y conseguido, el apoyo de la dirección del PP valenciano y, por extensión, el del PP nacional, con Mariano Rajoy a la cabeza. Ese mismo valor ha sido el exhibido por Camps en Valencia y Joaquín Ripoll en Alicante ante la dirección nacional, que no se ha atrevido a imponer otras conductas éticas o, al menos, estéticas, ante la ostentación de unas encuestas que vaticinan que el PP revalidará su victoria en la Comunidad Valenciana.
La explicación a esta falta de reacción social puede encontrarse en la catedrática de Ética, Adela Cortina, que considera que uno de los defectos característicos de la sociedad valenciana es el "meninfotisme", traducible como "pasotismo" que, en cualquier caso, explica como defecto, "porque somos poco beligerantes", y virtud, "porque llevamos la tolerancia metida en los huesos". La cuestión es que en la sociedad valenciana no cala la idea de que la corrupción no tiene porqué ser parte de la política.
Al margen del amparo de las encuestas, los cargos del PP implicados en casos de corrupción han pasado a empuñar, públicamente, un mismo arma de defensa, que no es otra que el ataque a policía, investigadores, incluso fiscales, señalándolos como brazos ejecutores de una supuesta estrategia socialista. Y con esta argumentación despliegan un mismo discurso en el que hablan de "campañas orquestadas" y de la presunción de inocencia, sin diferenciar la responsabilidad judicial con la política.
Las consecuencias del destapado caso Brugal en Alicante también han evidenciado el afianzamiento de la impunidad entre los cargos del PP. "¿Por qué algunos de los integrantes socialistas implicados en el caso Brugal renuncian a sus cargos con tan poco avance procesal?", se preguntó extrañado el vicesecretario de Comunicación del PP, el valenciano Esteban González Pons. "Es que nosotros no somos unos sinvergüenzas", le contestó el secretario de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.
El caso es que la Comunidad Valenciana ocupaba, hace años, un lugar en el mapa de autonomías señaladas por la modernidad. Actualmente, ni los grandes eventos programados por el Gobierno valenciano, colapsado por su deuda y su necesidad de tapar las continuas noticias relativas a la corrupción, logran que la percepción que el resto del país tiene de la Comunidad Valenciana sea otra que la de una autonomía claramente marcada por los escándalos políticos.
Los décimos de lotería premiados de Carlos Fabra; el "amiguito del alma" con el que Camps se dirigía a El Bigotes, implicado en una trama con la que todo el mundo aprendió cómo se dice correa en alemán; viajes en yate con empresarios alicantinos que luego resultaron adjudicatarios de concursos públicos; y fundaciones que gastan el dinero en pisos en lugar de hacerlo en cooperación internacional son algunos de los méritos de los cargos del PP, que siguen cobrando sueldos públicos, por los que la Comunidad Valenciana se ha convertido en capital de la impunidad política.
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