MADRID.- El presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito, considera que el Estado debe asumir el sobrecoste de las expropiaciones, un importe que está poniendo en riesgo de quiebra a ocho empresas del sector.
"El Estado tendrá que pagar esas cantidades. Son para pagar expropiaciones por terrenos que son del Estado", indicó Feito, tras participar en el XIX Congreso Nacional de la Distribución que organiza la patronal de concesionarios Faconauto.
Según datos del Ministerio de Fomento, las ocho sociedades concesionarias en riesgo de quiebra afrontaron un coste de expropiación de terrenos para construir las vías de 1.858 millones, importe que multiplica por siete al de 269 millones previsto inicialmente.
Este encarecimiento responde a la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998. Las expropiaciones, el descenso del tráfico de estas vías como consecuencia de las vías, y la 'juventud' o poca madurez de las autopistas, que son la de más reciente construcción, son los factores que las están abocando a la quiebra.
El Gobierno ha habilitado dos instrumentos para solventar estos problemas. Para el caso de las expropiaciones, se ha articulado un paquete de préstamos participativos de 450 millones de euros (200 millones en 2010 y otros 250 millones en 2011), mientras que para compensar el descenso del tráfico se prevé una aportación de 80 millones, si bien esta última fue vetada el martes en el Congreso.
La patronal de autopistas rechaza que estos importes constituyan ayudas al sector. "La mayor cantidad son préstamos. Se da una cantidad que tendrá que devolver con creces y con intereses muy elevados", indicó Feito en referencia a los créditos participativos.
"Esto no es una ayuda, va destinado a pagar expropiaciones por terrenos que son del Estado, de tal manera que si desaparecieran las autopistas, porque quebraran o se nacionalizaran, el Estado tendría que pagar estas cantidades", añadió.
"Serían ayudas que el Estado se da a sí mismo, para pagar lo que desgraciadamente los tribunales de expropiación sentenciaron. Se trata de sentencias firmes que los expropiados lograron sacar de los tribunales y que, por tanto, habrá que pagar esté quien esté en el Estado y sigan funcionando o hayan desaparecido las autopistas", reiteró.
Para el presidente de Aseta, la solución para este conjunto de autopistas en problemas pasa por articular una estructura que esté "vigente en un horizonte temporal más dilatado", mediante concesión de créditos que luego se devuelvan, "para que no le cueste nada al Estado", pero "con unas condiciones más cercanas a la actual situación económica".
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