ALICANTE.- La Inspección de Trabajo ha detectado un fraude empresarial relativo a un total de 4.903 empleos que se encontraban en la economía sumergida, lo que representa el 42,91 por ciento de las 7.954 actuaciones realizadas en la provincia de Alicante, según ha informado en un comunicado CCOO.
Los responsables de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social han informado este martes en la reunión del Observatorio del Fraude de Alicante de la actividad inspectora desarrollada durante 2010, que sitúa a Alicante como la segunda provincia española en relación a la economía sumergida, por detrás de Barcelona.
La secretaria general de CCOO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, ha calificado como "muy positivo" el trabajo realizado por las instituciones implicadas en la lucha contra el Fraude y ha indicado la "necesidad" de aumentar los recursos para acotar al máximo este tipo de comportamientos que", a su juicio, "son un fraude social, laboral y un lastre para la necesaria reactivación económica de esta provincia".
"Los datos son demoledores y se deberían impulsar campañas informativas específicas para publicar las actuaciones de las administraciones en esta materia con el objetivo de prevenir el fraude y aumentar el reproche social ante estas prácticas fraudulentas", ha señalado.
En concreto, el mayor número de empleos irregulares se han detectado en el sector del calzado con 2.621 empleos detectados, seguido de la Hostelería con 638 empleos, el Comercio (318) y Servicios (216), entre otros.
En total, la actividad de la Inspección de Trabajo ha supuesto el levantamiento de 3.137 actas de infracción, por un importe que entre sanciones y liquidaciones alcanza los 29.929.819 de euros.
A juicio de la organización sindical, "el arraigo de este fraude" en el tejido empresarial alicantino contrasta "con la limitación de los recursos existentes para prevenir y combatir estas irregularidades".
En esta línea, los representantes de los trabajadores han explicado que se ha producido una minoración de las plantillas de la inspección, puesto que, si en el año 2010 el número de inspectores y subinspectores se situaba en 28 y 32 funcionarios respectivamente, para alcanzar los objetivos de este año --8.070 ordenes de servicios-- trabajan 25 inspectores y 30 subinspectores.
Así, CCOO ha planteado que el Gobierno de España atienda a las características especificas de Alicante y "realice el esfuerzo necesario para incrementar el numero de funcionarios y por lo tanto el numero de actuaciones". "Se han detectado irregularidades en el 42,91% de los centros de trabajo inspeccionados lo que demuestra un nivel muy elevado de incumplimientos de la legislación laboral", ha añadido.
Asimismo, la organización sindical ha comentado que, en la actualidad, se desarrolla el Plan Integral contra el Fraude con la participación de la Agencia tributaria, la Inspección y la Seguridad Social, cuyos objetivos son, entre otros, priorizar campañas especificas para detectar el fraude en las denominadas empresas clandestinas, la vendimia en el sector agrícola, en el comercio minorista con las tiendas 'todo a cien', en el sector educativo, en el ámbito sanitario privado, falsos autónomos y seguimiento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
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