BENIDORM.- Nueva ronda de declaraciones por la presunta trama urbanística de Polop. La magistrada que investiga estas irregularidades ha citado a declarar como testigo al exconcejal de Urbanismo, Juan Andrés Llorens, cuyas declaraciones fueron decisivas en la apertura de esta investigación, según revela 'Información'.
Asimismo también ha sido citado a declarar el responsable de la mayor empresa urbanizadora del municipio, Blauverd. Tras tomar declaración a los tres únicos imputados de momentos por estos hechos, la responsable del juzgado de Instrucción de Villajoyosa ha empezado a llamar a testigos, que han sido citados para el próximo mes de marzo.
Por esta causa, están imputados el exalcalde de Polop, Juan Cano, el exedil de Deportes, Jaime Narbó, y el ingeniero José Vicente Martí, un extécnico vinculado a Cano que asesoraba a empresas con planes urbanísticos en el municipio. La investigación se desgajó en su día del sumario por el asesinato de Alejandro Ponsoda, porque los hechos no estaban vinculados con el crimen.
Llorens mantuvo en su día fuertes enfrentamientos con Juan Cano por sus intentos de seguir controlando el Urbanismo en el municipio, a pesar de que éste ya no estaba en el Ayuntamiento. Cano, que fue excluido de las listas del PP entre 2003 y 2007 por otro presunto caso de corrupción, intentó en varias ocasiones que Ponsoda creara una gerencia de Urbanismo controlada por él, pero desde la dirección provincial del partido se acabó frenando la operación.
El exconcejal de Urbanismo declaró en su día ante la juez que investigaba el asesinato que Cano tenía funcionarios afines dentro de Urbanismo, llegando a tener que cerrar la llave de su despacho con llave al detectar que le había desaparecido documentación.
Por esta causa, están imputados el exalcalde de Polop, Juan Cano, el exedil de Deportes, Jaime Narbó, y el ingeniero José Vicente Martí, un extécnico vinculado a Cano que asesoraba a empresas con planes urbanísticos en el municipio. La investigación se desgajó en su día del sumario por el asesinato de Alejandro Ponsoda, porque los hechos no estaban vinculados con el crimen.
Llorens mantuvo en su día fuertes enfrentamientos con Juan Cano por sus intentos de seguir controlando el Urbanismo en el municipio, a pesar de que éste ya no estaba en el Ayuntamiento. Cano, que fue excluido de las listas del PP entre 2003 y 2007 por otro presunto caso de corrupción, intentó en varias ocasiones que Ponsoda creara una gerencia de Urbanismo controlada por él, pero desde la dirección provincial del partido se acabó frenando la operación.
El exconcejal de Urbanismo declaró en su día ante la juez que investigaba el asesinato que Cano tenía funcionarios afines dentro de Urbanismo, llegando a tener que cerrar la llave de su despacho con llave al detectar que le había desaparecido documentación.
Según Llorens, Cano participó en unos terrenos del PAU 1 en la promoción de unas 200 viviendas de Cosmaní. En ese suelo, calificado como residencial múltiple, las parcelas eran de 3.600 metros, cuando los parámetros del PAI sólo permitían edificaciones múltiples con parcelas mínimas de 10.000 metros. El edil dijo que Cano y el arquitecto municipal se encargaron de redactar los parámetros y de llevarlos al pleno.
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