Que conozca, no hay evidencia alguna de que los pirómanos no puedan ser excelentes bomberos. Sin embargo, las normas de la mínima prudencia aconsejarían evitar encargarles apagar incendios. Y más todavía los que han provocado. A pesar de ello, esto no se ha tenido en cuenta al afrontar la crisis de las cajas de ahorro en España. Para satisfacción de la banca privada, los errores de gestión, de las entidades primero y de sus dificultades después, han llevado a su desaparición como elemento determinante del sector financiero español.
Dentro de este contexto, la CAM ha decidido protagonizar un papel estelar con registros de diverso tipo. Unos, nada excepcionales en el sector aunque ahora se pretendan únicos, como su ritmo de expansión. Otros, por el contrario, específicos de su forma de gestión plagada de administradores impuestos por la Generalitat de Eduardo Zaplana, primero, y de Francisco Camps, después. Es esta combinación la que ha acabado convirtiéndola en principal protagonista de la crónica del desastre anunciado de las cajas de ahorro. En la Comunidad Valenciana, junto a la rendición de Bancaja a un claro partidario de la privatización de estas entidades como demostró ser Rodrigo Rato durante su etapa de ministro, el fracaso de CAM conforma una de las caras del más lamentable inicio del siglo XXI que se hubiera podido imaginar.
En los últimos años la entidad alicantina ha trazado una trayectoria incomprensible sin hacer intervenir elementos ajenos a la economía. La situación que cabe inferir de las cifras conocidas de su balance actual es el fruto de decisiones estratégicas inseparables del tipo de presencia política que ha tenido y del objetivo de evitar que se le pudiera imponer la fusión con Bancaja.
Para explicar su hoy, hay que mencionar, al menos, tres dimensiones de su ayer. Por un lado, el uso dado a la abundancia de liquidez durante el boom, causa del espejismo abrazado por la CAM con fervor, de que era factible expandir la inversión sin necesidad de sustentar el core capital, única forma conocida de mantener la solvencia. En segundo lugar, la inoperancia del Banco de España. Primero, con Jaime Caruana como gobernador, cuando fue ciego y mudo ante una concentración de riesgos inmobiliarios, que se ha demostrado letal. Y después, por la parsimonia con que abordó la situación hasta antes del verano de 2010, cuando entró como caballo de Atila a fusionar entidades. Y en tercer lugar, por la voluntaria ineptitud de las administraciones de Eduardo Zaplana y Francisco Camps para cumplir con sus competencias exigiéndole un mínimo de prudencia financiera a cambio, probablemente, de permitirles "orientar" su gestión.
Porque para explicar el final de la CAM, como el de Bancaja, no es posible ignorar las tan trascendentes como poco investigadas injerencias políticas durante los últimos quince años, excepto en el caso de Terra Mítica que no ha sido la más relevante. De sus nefastas consecuencias está todo por descubrir. En el caso de la CAM, su combinación con la estrategia de resistencia frente a Valencia tuvo una dura contrapartida: pasar a depender todavía más que con Zaplana del lobby alicantino cuya capacidad sólo ha brillado bajo el mando de la protección pública. Y así, una vez acabada la etapa de bonanza, el enroque de la entidad con lo más próximo la ha llevado a adoptar decisiones que sólo se explican desde la progresiva desconexión de la realidad que se produce en las organizaciones inmersas en una espiral de dificultades.
Esto ya era evidente antes de los casi simultáneos comunicados reconociendo mantener negociaciones con BBK, Caja Madrid y Caja Murcia, para acto seguido incorporarse al SIP con CajaAstur. Pero se consolidó con su actuación tras la firma del mismo, en las antípodas del axioma básico según el cual la banca se hace con un poco de dinero y mucha confianza. La publicidad dada a los desencuentros y las proclamas para reforzar las lealtades primordiales habrán reforzado los vínculos del lobby. Pero han deteriorado gravemente su reputación financiera. Hasta el PP, vía Cristóbal Montoro, se ha desmarcado de tanto disparate. Al margen, quedan los 3.144 millones de activos adjudicados a 31 de diciembre de 2009 (el 83% de su patrimonio neto) y los 2.800 solicitados al FROB para asegurar un 8% de core capital.
Cabe esperar que el final de tan atípico comportamiento haya sido el esperpento del acuerdo de la Asamblea General del pasado miércoles. Ésta, aún sabiendo que sus tres socios iban a expulsarla del SIP, entró en el ridículo regate corto de votar a favor del mismo. A buen seguro para poder así exigir responsabilidades -y compensaciones- a sus ex socios por incumplir lo pactado. ¡A modo de los pasajeros de un barco que se hunde cuya principal preocupación es el seguro de vida que acabará en el fondo del mar como ellos! Triste final para la iniciativa tomada en 1988 cuando se creó aquella ambiciosa CAM que ahora desaparece.
(*) Jordi Palafox es Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia.
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