MADRID.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, ha denunciado en el Congreso de los Diputados que la "muy limitada actividad contractual" de los ayuntamientos españoles impide las adjudicaciones mediante "pública concurrencia" de los servicios de energía y telecomunicaciones, que sólo han sacado a concurso el 4,5% de los municipios.
Núñez ha presentado en sede parlamentaria el Informe de Fiscalización de la contratación en el ámbito local de estos servicios entre 2003 y 2005, que denuncia que la "dificultad y gran complejidad técnica" de la elaboración de los pliegos de los contratos les hace susceptibles de quedar "obsoletos con rapidez" a consecuencia de las variaciones en los mercados.
Por este motivo, algunos de las licitaciones han tenido que ser declaradas desiertas, pasando en el caso del suministro eléctrico al mercado regulado bajo tarifa, "con el consiguiente perjuicio" económico para el ayuntamiento.
En el caso del combustible de calefacción, se señala sólo el 29% de los municipios fiscalizados realizó una licitación pública, mientras que para los combustibles para los vehículos municipales el porcentaje alcanza el 42%.
A este respecto, el Tribunal denuncia que la fijación del precio de combustibles y carburantes resulta "muy heterogénea", lo que llega a dificultar la determinación de la "mayor o menor economía" de la oferta seleccionada, e incluso del propio precio de la misma.
Por lo que se refiere a las telecomunicaciones, sólo el 20,6% de los municipios han sacado a concurso público las licitaciones de los servicios de telefonía fija, el 27% para la telefonía móvil, y el 29% en el caso de los servicios vinculados a Internet y otros sistemas de contratación.
Asimismo, los expedientes analizados de telefonía y carburantes no incluyen estudios sobre la evolución de la ejecución respecto a la previsión incluida en el contrato. En el primer caso, ni siquiera incorporan la justificación de las desviaciones "más allá de la incorporación de nuevos puntos de consumo".
Núñez ha destacado que en ninguna de las licitaciones analizadas se incluyó referencias a la supervisión de los instrumentos que "miden" los suministros percibidos, sin lo cual "resulta difícilmente previsible la existencia de un adecuado control".
"No consta en ningún caso --ha asegurado-- la previsión de que las entidades locales contratantes interesen el control de los sistemas de medición de los diversos suministros a los órganos competentes".
Por este motivo, el máximo órgano fiscalizador recomienda que se inste a las entidades locales a incoar procedimientos contractuales que promuevan la concurrencia de ofertas respecto de la totalidad de los servicios.
También propone que se incorporen los sistemas de control y limitación de consumos a los criterios de valoración utilizables en la contratación de las telecomunicaciones.
Además, plantea que se implantar ordenanzas municipales de alumbrado público, el de mayor importancia del consumo, que permitan un "marco más exacto" para la elaboración de las prescripciones técnicas de la contratación.
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