MADRID.- El Tribunal de Cuentas pone en cuestión la gestión de los recursos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la última etapa de Gobierno de José María Aznar, que en algunos casos llegaron a destinarse a hacer frente a compromisos de la Administración General del Estado y a otorgar financiación a entidades "que no tienen carácter de públicas".
Las críticas se recogen en las recomendaciones finales del informe de fiscalización sobre las "Principales aplicaciones de recursos realizadas por SEPI en el periodo 2001-2004", y que el presidente del organismo, Manuel Núñez, llevará a la Comisión Mixta de las Cortes para las relaciones con el Tribunal, que este miércoles se reúne en el Congreso.
En este documento, el máximo órgano fiscalizador plantea que las funciones de la SEPI se limitan a cancelar a su vencimiento las obligaciones del Instituto Nacional de Industria (INI) y todas aquellas que asuma en el ejercicio de su actividad, pero no las de la Administración, como ocurrió con la privatización de Santa Bárbara y el traspaso de los títulos de Minas del Almadén y Arrayanes.
Asimismo, reclama que las aportaciones para reintegros patrimoniales que lleve a cabo SEPI en sociedades participadas se circunscriban a las pérdidas que éstas puedan acumular, formalizándose las demás aportaciones de capital mediante ampliaciones de capital, tal y como establece la Ley de Sociedades Anónimas.
El organismo que presiden Manuel Núñez también recomienda que los valores de traspaso de las participaciones accionariales de SEPI se actualicen antes de llevarse a cabo dicha trasmisión, cuando el valor neto contable de los títulos sea inferior a su valor de adquisición.
Por otro lado, llama la atención sobre la gestión de los excedentes de tesorería, que debería ser objeto de una regulación destinada a garantizar la obtención de los mayores rendimientos de los recursos financieros disponibles, limitando el porcentaje de inversión en deuda privada y, sobre todo, su plazo máximo de colocación.
Por último, aboga por que se determine "de una manera clara" el concepto de "sociedad participada", a fin de evitar que la SEPI, que carece de habilitación legal para operar como entidad financiera, otorgue créditos a sociedades que no tienen el carácter de públicas.
El presidente del Consejo Consultivo para las reprivatizaciones era a la sazón el ex diputado de UCD por Alicante, el catedrático Luis Gámir.
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