ALICANTE.- El concejal electo de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha anunciado este lunes que, una vez esté constituida la nueva corporación, solicitará la creación de una comisión municipal de investigación sobre presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha avanzado que pedirá a la conselleria que "suspenda cautelarmente y de forma inmediata la tramitación autonómica del nuevo PGOU de Alicante".
Miguel Ángel Pavón ha tomado estas decisiones "ante las nuevas y graves evidencias del presunto amaño municipal del PGOU en favor del empresario Enrique Ortiz desveladas en el sumario de la pieza del caso Brugal que investiga ese presunto amaño".
El objetivo de la comisión de investigación, según Pavón, "sería esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido de los informes policiales incorporados al sumario, en relación tanto a las presuntas actuaciones ilegales de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi en favor de los intereses de Enrique Ortiz como a los presuntos contactos de Ortiz con distintos técnicos con responsabilidades en la elaboración y aprobación del planeamiento de la ciudad".
Además, Miguel Ángel Pavón ha exigido también hoy a la Conselleria de Urbanismo, ante la que mañana presentará un escrito por registro, que "suspenda cautelarmente y de forma inmediata la tramitación autonómica del nuevo PGOU de Alicante".
Según EU, "el contenido del sumario de la pieza de Brugal en la que está personada como acusación popular deslegitima por completo el proceso de elaboración y aprobación provisional del PGOU". El concejal electo ha recordado que los presuntos ilícitos penales investigados, en caso de confirmarse mediante sentencia judicial firme, conllevarían de forma automática la anulación del PGOU.
La formación de izquierdas ya planteó una solicitud similar el pasado mes de octubre "tras hacerse pública por error una parte del sumario, siendo desestimada por la conselleria para garantizar la seguridad jurídica".
Miguel Ángel Pavón ha califica como "asombrosa y paradójica" la utilización por parte de la conselleria de ese argumento para desestimar la petición de EU ya que, en su opinión, "precisamente la aplicación de ese criterio de seguridad jurídica debería implicar la suspensión inmediata de la tramitación del planeamiento mientras se dilucidan las presuntas responsabilidades penales de Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi o Enrique Ortiz".
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