ALICANTE.- La investigación policial de la pieza separada del caso Brugal que afecta al Plan General de Alicante, a parte de cuyo sumario ha tenido acceso el diario 'Levante', da por hecho que el empresario Enrique Ortiz recibió información privilegiada sobre la elaboración del documento urbanístico a través de la entonces edil y ahora alcaldesa y parlamentaria autonómica Sonia Castedo y el entonces alcalde y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi.
Valiéndose de conversaciones grabadas, documentos y títulos de propiedad de terrenos, la policía intenta establecer que el empresario alicantino pudo beneficiarse tanto él como algunos de sus socios del conocimiento de la redacción del PGOU cuando aún ni siquiera había sido entregado a los técnicos municipales, ni por supuesto aprobado por la corporación y sacado a exposición pública.
En estos supuestos tejemanejes, el máximo accionista del Hércules llegó incluso, según establece la investigación, a reunirse con el redactor del PGOU, Jesús Quesada, para conocer aspectos muy concretos del documento , como la plasmación urbanística de todo el entorno del estadio Rico Pérez.
Además de las conversaciones telefónicas se produjeron varios encuentros personales entre Castedo y Ortiz, dos de ellos en la casa de este último en septiembre y octubre de 2009, y numerosas reuniones del empresario con el ex alcalde Alperi, algunas de ellas en el domicilio particular del ahora diputado autonómico.
La parte del sumario que afecta a la tramitación del PGOU de Alicante está salpicada de conversaciones y encuentros entre Enrique Ortiz y la ahora alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, desde el 14 de mayo de 2008, cinco meses antes de salir a exposición pública el PGOU; y entre el empresario alicantino y el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, de las que el sumario refleja una primera conversación telefónica el 27 de mayo de ese mismo año y que se plasmó en un cita entre ambos un día después en Benidorm y en la que supuestamente se habló de cómo iba a reflejar el nuevo planeamiento de Alicante todo el entorno del Rico Pérez, donde el empresario estaba interesado en construir un centro comercial y un área de servicios con dotación hotelera incluida.
Las pesquisas policiales de la pieza separada del caso Brugal que afecta al PGOU de Alicante comenzaron el 12 de mayo de 2008, cuando el juez encargado de la investigación de una contrata de basuras de la Diputación autorizó el pinchazo telefónico del móvil de Enrique Ortiz. Ahí arranca una investigación que a través de grabaciones de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi, seguimiento de los encuentros mantenidos entre los mencionados, el redactor del PGOU y otras personas vinculadas tanto a la elaboración del documento como a intereses económicos cercanos al empresario alicantino, intenta constatar cómo Ortiz tuvo información de primera mano del estado de elaboración del PGOU desde el citado 12 de mayo hasta el 1 de julio de 2008, fecha de entrega del documento urbanístico al Ayuntamiento de Alicante.
La investigación también señala cómo el dueño de Cívica siguió teniendo acceso a información privilegiada, incluso a planos del propio PGOU en elaboración, en la etapa que transcurrió desde la recepción de la documentación urbanística en el consistorio hasta su aprobación provisional y salida a exposición pública el 17 de octubre de este mismo año. Y, por último, cómo tuvieron lugar una serie reuniones desde esa fecha hasta la resolución de las alegaciones para supuestamente sacar provecho económico de la contestación de las peticiones de rectificación del Plan General en las que participaron en mayor o menor medida Ortiz, Castedo, Alperi, José Luis Castedo, hermano de la ahora alcaldesa, y Javier Gutiérrez, abogado y asesor externo del equipo redactor del PGOU, ambos a través de la consultoría Salvetti Abogados y Consultores.
La primera reunión relevante para supuestamente hablar del nuevo Plan General tuvo lugar, según consta en el sumario, el 15 de mayo de 2008, en la sede de la Gerencia de Urbanismo a las 17,30 horas porque "por la tarde no hay nadie", según comenta telefónicamente la alcaldesa a Ortiz. A ese encuentro, que fue controlado por funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante, asistieron Ortiz, Castedo y el redactor del PGOU, Jesús Quesada. Ahí supuestamente se habló de cómo contemplaría el nuevo planeamiento la futura instalación de la multinacional sueca Ikea en Rabasa.
Días después, el 21 de mayo la entonces edil de Urbanismo le comenta telefónicamente a Ortiz que "te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas del Garbinet [ambos en el desarrollo urbanístico de Vistahermosa], y te hemos apañado también lo del Rico Pérez".
La investigación establece en este periodo de elaboración del nuevo PGOU un encuentro personal entre Ortiz y Luis Díaz Alperi en Benidorm el 28 de mayo, que fue controlado y fotografiado por la policía judicial. Los detectives deducen que allí se habló de la reforma del Rico Pérez por una conversación de Ortiz ese mismo día por la tarde con Carlos Antonio Lamela de Vargas, el arquitecto encargado de redactar el proyecto de ampliación del estadio en la que le comenta que Quesada "ha metido mano" en la "parcelita".
"Si al alcalde le parece bien, me la enseña y te la mando. Para ver si te parece bien y nos parece bien y la aceptamos o la cambiamos". "Que nos parece bien... a trabajar. Que no nos parece bien... pues hay que esperar porque yo les estoy haciendo la presión a ellos con que si no hacen lo que les digo, no hago el campo". le comenta Ortiz a Lamela.
Del nivel de información que tenía Enrique Ortiz del aún en redacción nuevo Plan General puede dar idea una conversación del empresario con uno de sus empleados, Javier Llorens, técnico especialista en temas urbanísticos, el 13 de junio y en la que Ortiz señala: "Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad para protegerlas en el Plan General. El arquitecto le ha propuesto al alcalde que sean esas las zonas protegidas por su gran interés medioambiental o lo que sea. Resulta que coincide que son de alguna gente que yo sé de quién son". Y concluye esta conversación desvelando sus intenciones. "Y yo veo ahí mano negra, y la mano negra para eso tengo que ser yo".
Una vez entregado el documento de planificación urbanística al Ayuntamiento de Alicante, el 1 de julio de 2008 y sin ser aún público puesto que ni se ha aprobado provisionalmente el nuevo PGOU ni ha salido a exposición pública, la investigación da cuenta de nuevas conversaciones y reuniones de Ortiz con la edil Castedo y el alcalde Díaz Alperi para obtener datos concreto de la planificación urbanística que no serían conocidos por el resto de los ciudadanos hasta el 17 de octubre, fecha en que el PGOU sale por primera vez a exposición pública.
El mismo día de entrega del plan, Ortiz habla con Castedo para pedirle que autorice al redactor del documento, Jesús Quesada, a que le entregue la ficha de planeamiento de desarrollo y de gestión del Rico Pérez, a lo que según la investigación la edil de Urbanismo accede. A Ortiz también le interesa conocer cómo ha quedado en el nuevo PGOU el centro comercial de IKEA previsto en Rabasa y para ello el 2 de julio se pone en contacto con el redactor del PGOU, que le manifiesta que no ha incluido nada porque nadie le ha dado indicaciones al respecto.
Es Castedo la que, según el sumario, le da finalmente una explicación completa al empresario alicantino del tema del centro comercial de IKEA: "No va porque el Plan General, Rabasa lo contempla pero sin organización pormenorizada, lo que habíamos quedado era, en el momento que se aprobara definitivamente Rabasa, hacíamos la modificación del plan directamente".
Ese mismo día Castedo fija un encuentro con Ortiz en una cafetería junto al centro de salud de El Cabo para entregarle algo: "Tengo en el coche eso, ¿eh?". De una conversación telefónica inmediatamente posterior se deduce que es un plano al señalar Ortiz a Castedo: "Me has dado un tebeo del coyote", replicando Castedo que no sabe lo que va dentro. "Es el antiguo -insiste Ortiz-, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación".
Los planos que desea obtener el empresario alicantino le son entregados, según la versión de los investigadores, en una comida que se celebra el 10 de julio en el restaurante Emilio de Alicante y a la que asisten el alcalde, la concejala de Urbanismo y un tal Pablo, pendiente de identificar por la policía.
El propio Ortiz parece confirmar este extremo en una conversación que mantiene con Javier Llorens, empleado suyo, y que es grabada por los investigadores. "Escucha, si te pregunta alguien por el... si tienes el plano, sea quien sea le dices que no (...), no se los enseñes a nadie". Y a continuación le pide: "Mírate ahora el plano, todos los suelos nuestros y en qué situación se encuentran, todos, incluso, hazme memoria, tómate nota, de que los de la Cerámica La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten también de azul o de verde, o de lo que tú me digas para que nos den los aprovechamiento en otro lado. Venga, míralo, a ver dónde están, que creo que los ha pintado de gris, y eso es nada, y puedo hacer que lo pinten de azul o de lo que quieras".
A través de varias conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y la esposa del primero, los investigadores establecen que el empresario alicantino le pudo hacer llegar al entonces primer edil por mediación de Manuela Carratalá el día 28 de julio unos planos modificados del nuevo Plan General con cambios que beneficiarían al dueño de Cívica.
En otra conversación telefónica de Ortiz, en este caso con la edil Sonia Castedo dos días después, podría quedar confirmado que esos planos llegaron a su destino: "Es que quería darte una cosa, un minuto, vamos, para darte un plano". A lo que Castedo contesta: "Ya, pero dime que es lo que viene porque a lo mejor ya lo tengo porque a lo mejor ya me lo han dejado". Y Enrique Ortiz dice: "No sé si te lo ha dado Luis", a lo que la edil de Urbanismo replica "¿es con el resto de lo que tenías pendiente?", siendo contestado por el empresario como sigue: "Tres parcelas que habían de... a ver si las pintamos de azul", para concluir Castedo con "ya lo tengo (...) sí, me lo pasó el otro día". La conversación concluye insistiendo Ortiz en un supuesto cambio de calificación ("pues mira a ver si me lo pones de azul"), a lo que la ahora alcaldesa replica: "Yo, yo de nada, eso es Jesús", en alusión al redactor del PGOU.
Una tercera parte de la investigación judicial se centra en lo sucedido desde que el nuevo Plan General es aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Alicante, concretamente el 15 de octubre de 2008, y los tres meses de exposición pública para la presentación de alegaciones, que concluyeron el 16 de enero de 2009.
Aquí, el equipo policial, ya con Sonia Castedo como alcaldesa, que toma posesión el 17 de septiembre de 2008, dice haber detectado "contactos" para introducir en el Plan General alegaciones que beneficiarían al empresario alicantino y en las que presuntamente se trataría de buscar el cambio de calificación urbanística en algunas zonas de la ciudad y modificaciones que afectarían al proyecto que Ortiz pretendía desarrollar en el entorno del Rico Pérez.
De acuerdo con la investigación, el empresario alicantino habría actuado de común acuerdo con dos directores generales adjuntos de Bancaja -Aurelio Izquierdo y José Cortina- para intentar cambiar la calificación de una zona que inicialmente habría quedado fuera de ordenación en el nuevo plan general y que estaría en el norte de Alicante, más concretamente entre Villafranqueza y San Vicente del Raspeig, cerca de Camí del Aseguins y lindando con la carretera de San Vicente y la urbanización Sol y Luz.
En conversación telefónica producida el 11 de diciembre, Ortiz habla con Enrique Sanus, gerente de Urbanismo y concreta: "Vale, yo hablo con Jesús [Quesada] y hacemos unas alegaciones y a ver si lo podemos meter (...) vale, voy a hablar con Jesús y si hace falta pues y con Sonia hablamos". El interés de Ortiz por sacar adelante esta rectificación lo centran los investigadores en los negocios conjuntos que mantenían el empresario alicantino con el grupo Bancaja a través de la sociedad Deproinmed, S.L., participada conjuntamente.
La investigación también saca a la luz una reunión mantenida el 17 de febrero de 2009 en casa del ya ex alcalde Alperi entre este y Ortiz para hablar supuestamente de las alegaciones presentadas por el plan Rabasa y en concreto sobre las negociaciones para la instalación de la multinacional sueca IKEA en esa zona.
Tras la aprobación provisional del nuevo PGOU en sesión plenaria celebrada el 17 de abril de 2009 se abre un segundo periodo de alegaciones en el que se produjeron, según los investigadores, modificaciones importantes en el planeamiento.
En este periodo, la unidad policial registra una conversación telefónica entre Ortiz y Castedo, desarrollada concretamente el 18 de mayo, en la que el empresario alicantino le solicita urgentemente una reunión porque "el tema es gordo, estoy viendo el plan general, y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos...", en alusión a los suelos con la consideración de parque público natural.
El citado encuentro se concreta el día 19 de mayo con otra conversación telefónica en la que quedan para verse el miércoles 20 de mayo a un encuentro al que asistirán Jesús Quesada, redactor del PGOU, y Ortuño, jefe de los técnicos de Urbanismo, por insistencia de la alcaldesa. Los investigadores interpretan por conversaciones posteriores del empresario con otras personas que en ese encuentro se pudo hablar de las Torres de la Huerta, del sector Pino Ruaya y de la Condomina.
A esa conclusión llegan en parte por una conversación grabada el 26 de mayo entre Ortiz y José Cortina (Bancaja) en el que este último le pide que interceda ante Castedo para sacar adelante el asunto de Pino Ruaya, donde se pretende que no haya Viviendas de Protección Oficial. El día 28 de mayo Ortiz habla con Cortina para confirmarle que ha hablado con Sonia Castedo y que todo está arreglado.
La unidad policial también llega a la conclusión de que durante todo el proceso de resolución de las alegaciones se ha ido deteriorando la relación entre Castedo y Alperi. De ello tienen constancia documental el 18 de junio de 2009 tras interceptar una conversación telefónica entre Ortiz y el ex alcalde de Alicante en la que ambos concluyen que la actual primera edil se está pasando de lista y los está engañando a todos, incluso al empresario alicantino.
"Oye. Eh... no le comentes nada, por favor, a Sonia de nada, nada de nada", le dice Alperi a Ortiz. A lo que este le pregunta: "Qué te ha hecho otra, o qué". Y Alperi le responde: "No, no, no , no me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me..., vamos, Sonia me odia a muerte". Los investigadores atribuyen el enfado de Alperi con Castedo a que el redactor del PGOU no habría seguido las instrucciones del ex alcalde por seguir las dadas por su sustituta en el cargo.
En este punto de las pesquisas judiciales sale a relucir el papel que juega la sociedad Salvetti y Abogados, integrada como ya se ha mencionado por Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de Sonia Castedo. Dicha sociedad, que fue constituida y comenzó operaciones el 30 de diciembre de 2008 aunque la fecha de inscripción en el Registro Mercantil fue el 21 de octubre de 2009, además de mantener contactos con Enrique Ortiz para plantear sus pretensiones con respecto al PGOU intermediaba, según los investigadores, con los técnicos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.
En una conversación grabada entre José Cortina y Enrique Ortiz el 21 de julio de 2009 se da cuenta del alcance de la relación con Salvetti Abogados y a su vez del ex alcalde Luis Díaz Alperi con estos últimos. Se indica en dicha conversación que aunque no tengan ningún contrato firmado con el despacho del hermano de la Alcaldesa, "un posible pago por su trabajo sería contar con ellos en sucesivos trabajos que creen ambos socios y preferentemente con Bancaja en Valencia".
Los investigadores también ponen de manifiesto que existe una participación "como socio o como trabajador en Salvetti Abogados de Luis Díaz Alperi". Concretamente tras aclarar Ortiz a Cortina que Salvetti Abogados iba a intentar hacer la gestión para la rectificación de suelo en Camí del Aseguins, cerca de San Vicente, el empresario alicantino aclara que la hacen porque "son amigos".
Entonces Cortina pregunta qué hace Luis Díaz Alperi allí, a lo que Ortiz responde: "Sí, está con ellos, de socio o trabajando, no lo sé, el como está remunerado no lo sé, pero está con ellos". Ese mismo día 21 de julio se concreta en una conversación telefónica entre Ortiz y Javier Gutiérrez, que le informa que ha comido con José Cortina, en qué iba a consistir la contraprestación a Salvetti Abogados. En la transcripción Gutiérrez le comunica al empresario alicantino lo que le ha dicho a Cortina: "Exacto, yo le he dicho, Enrique me ha prometido que me da por la gestión un porcentaje y un fijo en todo, y dice bueno, si Enrique lo ha dicho vale".
Valiéndose de conversaciones grabadas, documentos y títulos de propiedad de terrenos, la policía intenta establecer que el empresario alicantino pudo beneficiarse tanto él como algunos de sus socios del conocimiento de la redacción del PGOU cuando aún ni siquiera había sido entregado a los técnicos municipales, ni por supuesto aprobado por la corporación y sacado a exposición pública.
En estos supuestos tejemanejes, el máximo accionista del Hércules llegó incluso, según establece la investigación, a reunirse con el redactor del PGOU, Jesús Quesada, para conocer aspectos muy concretos del documento , como la plasmación urbanística de todo el entorno del estadio Rico Pérez.
Además de las conversaciones telefónicas se produjeron varios encuentros personales entre Castedo y Ortiz, dos de ellos en la casa de este último en septiembre y octubre de 2009, y numerosas reuniones del empresario con el ex alcalde Alperi, algunas de ellas en el domicilio particular del ahora diputado autonómico.
La parte del sumario que afecta a la tramitación del PGOU de Alicante está salpicada de conversaciones y encuentros entre Enrique Ortiz y la ahora alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, desde el 14 de mayo de 2008, cinco meses antes de salir a exposición pública el PGOU; y entre el empresario alicantino y el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, de las que el sumario refleja una primera conversación telefónica el 27 de mayo de ese mismo año y que se plasmó en un cita entre ambos un día después en Benidorm y en la que supuestamente se habló de cómo iba a reflejar el nuevo planeamiento de Alicante todo el entorno del Rico Pérez, donde el empresario estaba interesado en construir un centro comercial y un área de servicios con dotación hotelera incluida.
Las pesquisas policiales de la pieza separada del caso Brugal que afecta al PGOU de Alicante comenzaron el 12 de mayo de 2008, cuando el juez encargado de la investigación de una contrata de basuras de la Diputación autorizó el pinchazo telefónico del móvil de Enrique Ortiz. Ahí arranca una investigación que a través de grabaciones de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi, seguimiento de los encuentros mantenidos entre los mencionados, el redactor del PGOU y otras personas vinculadas tanto a la elaboración del documento como a intereses económicos cercanos al empresario alicantino, intenta constatar cómo Ortiz tuvo información de primera mano del estado de elaboración del PGOU desde el citado 12 de mayo hasta el 1 de julio de 2008, fecha de entrega del documento urbanístico al Ayuntamiento de Alicante.
La investigación también señala cómo el dueño de Cívica siguió teniendo acceso a información privilegiada, incluso a planos del propio PGOU en elaboración, en la etapa que transcurrió desde la recepción de la documentación urbanística en el consistorio hasta su aprobación provisional y salida a exposición pública el 17 de octubre de este mismo año. Y, por último, cómo tuvieron lugar una serie reuniones desde esa fecha hasta la resolución de las alegaciones para supuestamente sacar provecho económico de la contestación de las peticiones de rectificación del Plan General en las que participaron en mayor o menor medida Ortiz, Castedo, Alperi, José Luis Castedo, hermano de la ahora alcaldesa, y Javier Gutiérrez, abogado y asesor externo del equipo redactor del PGOU, ambos a través de la consultoría Salvetti Abogados y Consultores.
La primera reunión relevante para supuestamente hablar del nuevo Plan General tuvo lugar, según consta en el sumario, el 15 de mayo de 2008, en la sede de la Gerencia de Urbanismo a las 17,30 horas porque "por la tarde no hay nadie", según comenta telefónicamente la alcaldesa a Ortiz. A ese encuentro, que fue controlado por funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante, asistieron Ortiz, Castedo y el redactor del PGOU, Jesús Quesada. Ahí supuestamente se habló de cómo contemplaría el nuevo planeamiento la futura instalación de la multinacional sueca Ikea en Rabasa.
Días después, el 21 de mayo la entonces edil de Urbanismo le comenta telefónicamente a Ortiz que "te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas del Garbinet [ambos en el desarrollo urbanístico de Vistahermosa], y te hemos apañado también lo del Rico Pérez".
La investigación establece en este periodo de elaboración del nuevo PGOU un encuentro personal entre Ortiz y Luis Díaz Alperi en Benidorm el 28 de mayo, que fue controlado y fotografiado por la policía judicial. Los detectives deducen que allí se habló de la reforma del Rico Pérez por una conversación de Ortiz ese mismo día por la tarde con Carlos Antonio Lamela de Vargas, el arquitecto encargado de redactar el proyecto de ampliación del estadio en la que le comenta que Quesada "ha metido mano" en la "parcelita".
"Si al alcalde le parece bien, me la enseña y te la mando. Para ver si te parece bien y nos parece bien y la aceptamos o la cambiamos". "Que nos parece bien... a trabajar. Que no nos parece bien... pues hay que esperar porque yo les estoy haciendo la presión a ellos con que si no hacen lo que les digo, no hago el campo". le comenta Ortiz a Lamela.
Del nivel de información que tenía Enrique Ortiz del aún en redacción nuevo Plan General puede dar idea una conversación del empresario con uno de sus empleados, Javier Llorens, técnico especialista en temas urbanísticos, el 13 de junio y en la que Ortiz señala: "Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad para protegerlas en el Plan General. El arquitecto le ha propuesto al alcalde que sean esas las zonas protegidas por su gran interés medioambiental o lo que sea. Resulta que coincide que son de alguna gente que yo sé de quién son". Y concluye esta conversación desvelando sus intenciones. "Y yo veo ahí mano negra, y la mano negra para eso tengo que ser yo".
Una vez entregado el documento de planificación urbanística al Ayuntamiento de Alicante, el 1 de julio de 2008 y sin ser aún público puesto que ni se ha aprobado provisionalmente el nuevo PGOU ni ha salido a exposición pública, la investigación da cuenta de nuevas conversaciones y reuniones de Ortiz con la edil Castedo y el alcalde Díaz Alperi para obtener datos concreto de la planificación urbanística que no serían conocidos por el resto de los ciudadanos hasta el 17 de octubre, fecha en que el PGOU sale por primera vez a exposición pública.
El mismo día de entrega del plan, Ortiz habla con Castedo para pedirle que autorice al redactor del documento, Jesús Quesada, a que le entregue la ficha de planeamiento de desarrollo y de gestión del Rico Pérez, a lo que según la investigación la edil de Urbanismo accede. A Ortiz también le interesa conocer cómo ha quedado en el nuevo PGOU el centro comercial de IKEA previsto en Rabasa y para ello el 2 de julio se pone en contacto con el redactor del PGOU, que le manifiesta que no ha incluido nada porque nadie le ha dado indicaciones al respecto.
Es Castedo la que, según el sumario, le da finalmente una explicación completa al empresario alicantino del tema del centro comercial de IKEA: "No va porque el Plan General, Rabasa lo contempla pero sin organización pormenorizada, lo que habíamos quedado era, en el momento que se aprobara definitivamente Rabasa, hacíamos la modificación del plan directamente".
Ese mismo día Castedo fija un encuentro con Ortiz en una cafetería junto al centro de salud de El Cabo para entregarle algo: "Tengo en el coche eso, ¿eh?". De una conversación telefónica inmediatamente posterior se deduce que es un plano al señalar Ortiz a Castedo: "Me has dado un tebeo del coyote", replicando Castedo que no sabe lo que va dentro. "Es el antiguo -insiste Ortiz-, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación".
Los planos que desea obtener el empresario alicantino le son entregados, según la versión de los investigadores, en una comida que se celebra el 10 de julio en el restaurante Emilio de Alicante y a la que asisten el alcalde, la concejala de Urbanismo y un tal Pablo, pendiente de identificar por la policía.
El propio Ortiz parece confirmar este extremo en una conversación que mantiene con Javier Llorens, empleado suyo, y que es grabada por los investigadores. "Escucha, si te pregunta alguien por el... si tienes el plano, sea quien sea le dices que no (...), no se los enseñes a nadie". Y a continuación le pide: "Mírate ahora el plano, todos los suelos nuestros y en qué situación se encuentran, todos, incluso, hazme memoria, tómate nota, de que los de la Cerámica La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten también de azul o de verde, o de lo que tú me digas para que nos den los aprovechamiento en otro lado. Venga, míralo, a ver dónde están, que creo que los ha pintado de gris, y eso es nada, y puedo hacer que lo pinten de azul o de lo que quieras".
A través de varias conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y la esposa del primero, los investigadores establecen que el empresario alicantino le pudo hacer llegar al entonces primer edil por mediación de Manuela Carratalá el día 28 de julio unos planos modificados del nuevo Plan General con cambios que beneficiarían al dueño de Cívica.
En otra conversación telefónica de Ortiz, en este caso con la edil Sonia Castedo dos días después, podría quedar confirmado que esos planos llegaron a su destino: "Es que quería darte una cosa, un minuto, vamos, para darte un plano". A lo que Castedo contesta: "Ya, pero dime que es lo que viene porque a lo mejor ya lo tengo porque a lo mejor ya me lo han dejado". Y Enrique Ortiz dice: "No sé si te lo ha dado Luis", a lo que la edil de Urbanismo replica "¿es con el resto de lo que tenías pendiente?", siendo contestado por el empresario como sigue: "Tres parcelas que habían de... a ver si las pintamos de azul", para concluir Castedo con "ya lo tengo (...) sí, me lo pasó el otro día". La conversación concluye insistiendo Ortiz en un supuesto cambio de calificación ("pues mira a ver si me lo pones de azul"), a lo que la ahora alcaldesa replica: "Yo, yo de nada, eso es Jesús", en alusión al redactor del PGOU.
Una tercera parte de la investigación judicial se centra en lo sucedido desde que el nuevo Plan General es aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Alicante, concretamente el 15 de octubre de 2008, y los tres meses de exposición pública para la presentación de alegaciones, que concluyeron el 16 de enero de 2009.
Aquí, el equipo policial, ya con Sonia Castedo como alcaldesa, que toma posesión el 17 de septiembre de 2008, dice haber detectado "contactos" para introducir en el Plan General alegaciones que beneficiarían al empresario alicantino y en las que presuntamente se trataría de buscar el cambio de calificación urbanística en algunas zonas de la ciudad y modificaciones que afectarían al proyecto que Ortiz pretendía desarrollar en el entorno del Rico Pérez.
De acuerdo con la investigación, el empresario alicantino habría actuado de común acuerdo con dos directores generales adjuntos de Bancaja -Aurelio Izquierdo y José Cortina- para intentar cambiar la calificación de una zona que inicialmente habría quedado fuera de ordenación en el nuevo plan general y que estaría en el norte de Alicante, más concretamente entre Villafranqueza y San Vicente del Raspeig, cerca de Camí del Aseguins y lindando con la carretera de San Vicente y la urbanización Sol y Luz.
En conversación telefónica producida el 11 de diciembre, Ortiz habla con Enrique Sanus, gerente de Urbanismo y concreta: "Vale, yo hablo con Jesús [Quesada] y hacemos unas alegaciones y a ver si lo podemos meter (...) vale, voy a hablar con Jesús y si hace falta pues y con Sonia hablamos". El interés de Ortiz por sacar adelante esta rectificación lo centran los investigadores en los negocios conjuntos que mantenían el empresario alicantino con el grupo Bancaja a través de la sociedad Deproinmed, S.L., participada conjuntamente.
La investigación también saca a la luz una reunión mantenida el 17 de febrero de 2009 en casa del ya ex alcalde Alperi entre este y Ortiz para hablar supuestamente de las alegaciones presentadas por el plan Rabasa y en concreto sobre las negociaciones para la instalación de la multinacional sueca IKEA en esa zona.
Tras la aprobación provisional del nuevo PGOU en sesión plenaria celebrada el 17 de abril de 2009 se abre un segundo periodo de alegaciones en el que se produjeron, según los investigadores, modificaciones importantes en el planeamiento.
En este periodo, la unidad policial registra una conversación telefónica entre Ortiz y Castedo, desarrollada concretamente el 18 de mayo, en la que el empresario alicantino le solicita urgentemente una reunión porque "el tema es gordo, estoy viendo el plan general, y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos...", en alusión a los suelos con la consideración de parque público natural.
El citado encuentro se concreta el día 19 de mayo con otra conversación telefónica en la que quedan para verse el miércoles 20 de mayo a un encuentro al que asistirán Jesús Quesada, redactor del PGOU, y Ortuño, jefe de los técnicos de Urbanismo, por insistencia de la alcaldesa. Los investigadores interpretan por conversaciones posteriores del empresario con otras personas que en ese encuentro se pudo hablar de las Torres de la Huerta, del sector Pino Ruaya y de la Condomina.
A esa conclusión llegan en parte por una conversación grabada el 26 de mayo entre Ortiz y José Cortina (Bancaja) en el que este último le pide que interceda ante Castedo para sacar adelante el asunto de Pino Ruaya, donde se pretende que no haya Viviendas de Protección Oficial. El día 28 de mayo Ortiz habla con Cortina para confirmarle que ha hablado con Sonia Castedo y que todo está arreglado.
La unidad policial también llega a la conclusión de que durante todo el proceso de resolución de las alegaciones se ha ido deteriorando la relación entre Castedo y Alperi. De ello tienen constancia documental el 18 de junio de 2009 tras interceptar una conversación telefónica entre Ortiz y el ex alcalde de Alicante en la que ambos concluyen que la actual primera edil se está pasando de lista y los está engañando a todos, incluso al empresario alicantino.
"Oye. Eh... no le comentes nada, por favor, a Sonia de nada, nada de nada", le dice Alperi a Ortiz. A lo que este le pregunta: "Qué te ha hecho otra, o qué". Y Alperi le responde: "No, no, no , no me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me..., vamos, Sonia me odia a muerte". Los investigadores atribuyen el enfado de Alperi con Castedo a que el redactor del PGOU no habría seguido las instrucciones del ex alcalde por seguir las dadas por su sustituta en el cargo.
En este punto de las pesquisas judiciales sale a relucir el papel que juega la sociedad Salvetti y Abogados, integrada como ya se ha mencionado por Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de Sonia Castedo. Dicha sociedad, que fue constituida y comenzó operaciones el 30 de diciembre de 2008 aunque la fecha de inscripción en el Registro Mercantil fue el 21 de octubre de 2009, además de mantener contactos con Enrique Ortiz para plantear sus pretensiones con respecto al PGOU intermediaba, según los investigadores, con los técnicos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.
En una conversación grabada entre José Cortina y Enrique Ortiz el 21 de julio de 2009 se da cuenta del alcance de la relación con Salvetti Abogados y a su vez del ex alcalde Luis Díaz Alperi con estos últimos. Se indica en dicha conversación que aunque no tengan ningún contrato firmado con el despacho del hermano de la Alcaldesa, "un posible pago por su trabajo sería contar con ellos en sucesivos trabajos que creen ambos socios y preferentemente con Bancaja en Valencia".
Los investigadores también ponen de manifiesto que existe una participación "como socio o como trabajador en Salvetti Abogados de Luis Díaz Alperi". Concretamente tras aclarar Ortiz a Cortina que Salvetti Abogados iba a intentar hacer la gestión para la rectificación de suelo en Camí del Aseguins, cerca de San Vicente, el empresario alicantino aclara que la hacen porque "son amigos".
Entonces Cortina pregunta qué hace Luis Díaz Alperi allí, a lo que Ortiz responde: "Sí, está con ellos, de socio o trabajando, no lo sé, el como está remunerado no lo sé, pero está con ellos". Ese mismo día 21 de julio se concreta en una conversación telefónica entre Ortiz y Javier Gutiérrez, que le informa que ha comido con José Cortina, en qué iba a consistir la contraprestación a Salvetti Abogados. En la transcripción Gutiérrez le comunica al empresario alicantino lo que le ha dicho a Cortina: "Exacto, yo le he dicho, Enrique me ha prometido que me da por la gestión un porcentaje y un fijo en todo, y dice bueno, si Enrique lo ha dicho vale".
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