ALICANTE.- El directivo de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha confirmado ante el juez que, en su función de responsable de inversiones inmobiliarias de la entidad financiera, hizo negocios de compra-venta de suelo con el empresario Enrique Ortiz.
El directivo se ha presentado sobre las 10.00 horas de este jueves ante el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga el 'caso Brugal' relativo a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Gil estaba citado por su presunta relación con un delito de aprovechamiento de información privilegiada, que supuestamente pudo producirse en el marco de varias operaciones cuyo objetivo era la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.
El abogado de EUPV, José Luis Romero, ha explicado que en su comparecencia ante el juez, Daniel Gil no ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares, pero sí ha atendido a alguna preguntas del fiscal y a las de su defensa.
Al respecto, según Romero, Gil ha aclarado que la sociedad de la CAM que él dirigía "compraba con miras a la reclasificación del suelo, y que esa parte la dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa CAMSERVI de la que Ortiz es administrador".
"Ha confirmado que tenía una opción de compra sobre unos suelos en los saladares de Aguamarga, en torno a los que había un problema jurídico de exceso de cabida. Por este motivo, ha detallado que "CAM no quería llevar esa opción de compra que tenía con CAMSERVI, y que finalmente sí compraron el terreno".
Sobre las escuchas, Daniel Gil ha mantenido ante el juez que "no recordaba absolutamente nada", y ha rechazado la invitación del fiscal anticorrupción para escucharlas en ese momento, según ha indicado el abogado de EUPV.
Romero también ha considerado que si en un futuro las escuchas se declaran válidas, "va a tener que decir algo, porque son muy claras y muy patentes de lo que había debajo del negocio legal".
Por ello, a su parecer, "lo que pierde ahora es su oportunidad, y si se declara oir las escuchas, no habría hecho falta volver a llamarles para decir lo que hubieran podido decir ahora".
La declaración de Daniel Gil ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del Brugal sobre presuntas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, se debe a que, según se desprende del sumario, parcelas del entorno de los Saladares de Aguamarga fueron objeto de interés por parte de sociedades y personas que conocieron con antelación a la publicación del PGOU su posible cambio de calificación del suelo.
A raíz del análisis de protocolos notariales, el fiscal observa cómo a través de distintas operaciones se materializa la compra de la totalidad de participaciones de la sociedad que ostenta la propiedad visible de los terrenos que van a soportar el proyecto de la "Ciudad de la Economía", una iniciativa que recogía aprovechamiento terciario en el citado suelo de Aguamarga.
Así, se atestigua, tal y como recoge el sumario, que la sociedades CAMSERVI Obras y Servicios, propiedad de Enrique Ortiz, junto a la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., propiedad de CAM, son las máximas accionistas de una mercantil, Dreamview, protagonista en estos hechos.
Gil, acompañado por su letrado, ha comparecido ante el juez por espacio de una hora y en cuya comparecencia también han estado los letrados de Ortiz y de Esquerra Unida (acusación popular), y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Según fuentes judiciales, Gil ha apuntado que la CAM era "el socio financiero" y que ellos "compraban con miras a la reclasificación del suelo", y que esa parte "la dejaban en manos del socio tecnológico, una empresa de la que era administrador Ortiz".
Preguntado sobre si conocía que Ortiz hubiera intentado negociar con la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi temas relacionados con Aguamarga, Gil ha aseverado que no sabe nada de eso.
En los protocolos notariales se observa, según añade el fiscal, cómo a través de distintas operaciones se materializa el deseo de Ortiz de no constar como propietario de ciertos terrenos en la zona de Aguamarga y "que han sido recalificados para su beneficio y el de la CAM".
El fiscal considera que Gil puede ser responsable de infracciones penales, como recepción de información privilegiada, conseguir, a través de Ortiz, resolver a su medida aspectos del proyecto de la "Ciudad de la Economía", y de "comprar terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del Plan General en base a la información privilegiada recibida".
Para la acusación pública, los hechos relatados pueden ser constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y delito de tráfico de influencias.
La declaración de Daniel Gil ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del Brugal sobre presuntas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, se debe a que, según se desprende del sumario, parcelas del entorno de los Saladares de Aguamarga fueron objeto de interés por parte de sociedades y personas que conocieron con antelación a la publicación del PGOU su posible cambio de calificación del suelo.
A raíz del análisis de protocolos notariales, el fiscal observa cómo a través de distintas operaciones se materializa la compra de la totalidad de participaciones de la sociedad que ostenta la propiedad visible de los terrenos que van a soportar el proyecto de la "Ciudad de la Economía", una iniciativa que recogía aprovechamiento terciario en el citado suelo de Aguamarga.
Así, se atestigua, tal y como recoge el sumario, que la sociedades CAMSERVI Obras y Servicios, propiedad de Enrique Ortiz, junto a la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., propiedad de CAM, son las máximas accionistas de una mercantil, Dreamview, protagonista en estos hechos.
Gil, acompañado por su letrado, ha comparecido ante el juez por espacio de una hora y en cuya comparecencia también han estado los letrados de Ortiz y de Esquerra Unida (acusación popular), y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Según fuentes judiciales, Gil ha apuntado que la CAM era "el socio financiero" y que ellos "compraban con miras a la reclasificación del suelo", y que esa parte "la dejaban en manos del socio tecnológico, una empresa de la que era administrador Ortiz".
Preguntado sobre si conocía que Ortiz hubiera intentado negociar con la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi temas relacionados con Aguamarga, Gil ha aseverado que no sabe nada de eso.
En los protocolos notariales se observa, según añade el fiscal, cómo a través de distintas operaciones se materializa el deseo de Ortiz de no constar como propietario de ciertos terrenos en la zona de Aguamarga y "que han sido recalificados para su beneficio y el de la CAM".
El fiscal considera que Gil puede ser responsable de infracciones penales, como recepción de información privilegiada, conseguir, a través de Ortiz, resolver a su medida aspectos del proyecto de la "Ciudad de la Economía", y de "comprar terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del Plan General en base a la información privilegiada recibida".
Para la acusación pública, los hechos relatados pueden ser constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y delito de tráfico de influencias.
¿De quién es testaferro el tal Daniel Gil? A mí me suena que de un tal Vicente
ResponderEliminar