CASTELLÓN.- El conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, ha abogado por "abrir el debate" en la sociedad sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad".
"Lo vamos a plantear y a lo mejor se llega a la conclusión de que no procede" pero "mi opinión personal es que es una vía que desde luego se tiene que explorar, porque llevamos muchos años hablando de las dificultades y carencias de la justicia", ha agregado Cabré, que ha especificado, no obstante, que aún no hay una "propuesta formal".
El representante del Ejecutivo autonómico, que ha realizado estas manifestaciones en Castellón, donde ha visitado la Ciudad de la Justicia, ha precisado que el debate se debe abrir "con argumentos" porque "no se trata de decir sí o no a todo, sino de explicarlo".
"Y yo lo que planteo es sencillamente que la justicia es un servicio público distinto a educación o a sanidad, por una razón fundamental: mientras que a la sanidad, por ejemplo, los ciudadanos acuden prácticamente a diario o muchas veces a lo largo de su vida, en justicia estamos hablando de un servicio público del que la mayoría de la gente jamás hace uso de él y, por tanto, es algo excepcional acudir a un tribunal", ha argumentado.
"Yo estoy convencido --ha continuado-- que mucha gente cuando acude con un pleito urgente a un tribunal de justicia lo que quiere es calidad en el servicio, rapidez y agilidad" por lo que "si se les planteara, a muchas personas a lo mejor no les importaría tener que abonar una cantidad", que puede ser de 50 o 60 euros "u otra".
"Eso entra dentro del debate", ha apostillado.
En todo caso, sería "una cantidad para lograr que la justicia tuviese los parámetros de calidad que todos estamos buscando, simplemente, en esos términos".
Además ha hecho notar que en justicia existe la ventaja de la asistencia jurídica gratuita --a través del turno de oficio-- y por ello, "lógicamente, a esas personas en ningún momento se plantearía que abonasen ninguna cantidad".
El conseller ha comentado que esta posibilidad se plantea como una novedad "y realmente no lo es". Al respecto, ha señalado que "ya en estos momentos cuando se recurre, por parte del Ministro de Justicia, hace muchos años se estableció el famoso depósito para recurrir".
"Por tanto, cuando se plantean determinados depósitos, los ciudadanos tienen ponen una cantidad que, si después el recurso se les falla en contra, la pierden".
"Lo razonable y lo sensato es abrir ese debate. Abrirlo a la sociedad, a los medios, con el Ministerio y con las restantes comunidades", ha concluido.
Por otra parte, el titular de Justicia ha avanzado que, "seguramente a principios de septiembre se va a publicar una nueva orden de interinos con la que se potencia mucho la formación y preparación de todos aquellos que quieran realizar labores de funcional interino en justicia".
Acerca de una posible ampliación de la plantilla de funcionarios, Cabré ha apuntado que "a corto plazo no hay ninguna intención" de incrementar ese cuerpo. "Se entenderá que en la situación en la que nos encontramos ahora lo que no parece razonable ni posible es que se pueda ampliar la plantilla de funcionarios y crear más". En este punto, se ha mostrado más favorable a una "reordenación", tal y como se hizo en el juzgado número 10 de Primera Instancia de Castellón.
Sobre esta cuestión, se ha mostrado seguro de que era "la única medida posible" porque "la alternativa era no abrir ese juzgado como se ha tenido que hacer en otras provincias de la Comunitat donde por no efectuar esa reordenación, la consecuencia ha sido que se han quedado juzgados sin abrir". "Honestamente, creo que para la ciudad de Castellón, para la Ciudad de la Justicia, es mejor abrir ese décimo juzgado y ganar un juez más aunque sea a costa de haber reducido la plantilla de funcionarios".
Por otra parte, preguntado por si existe algún plazo para la Ciudad de la Justicia de Vila-real, Cabré ha recordado que la Conselleria está "buscando todas las soluciones" pero que, "realmente, no es un problema de falta de pago del Consell".
"Este problema realmente no es nuestro, es un problema de falta de financiación de la empresa que se encargaba de la obra y nosotros lo que hemos intentado hacer es mediar con las instituciones financieras para que esta empresa pudiese obtener la financiación adecuada y poder reanudar la obra; no ha sido posible, por lo tanto, lo que la Conselleria está haciendo es resolver ese contrato para inmediatamente sacarlo a licitación por una buena empresa para que se pueda poder concluir esa obra".
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