VALENCIA.- La diputada de EUPV en las Corts Valencianes Esther López Barceló ha aplaudido la decisión de los interventores del FROB de suspender de empleo a la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y ha recordado que Esquerra Unida considera que, además de responsabilidades políticas, también podrían haber "responsabilidades penales".
López Barceló ha criticado el plan de ajuste diseñado y ha pedido que "no acabe privatizándose ya que se ha intervenido con fondos públicos". Para la diputada de EUPV, "se debería convertir en un banca pública en manos de la comunidad autónoma o del Estado".
"Hace falta un instrumento financiero público", ha añadido la parlamentaria.
La diputada de EUPV ha reclamado que "la CAM se convierta en una banca pública", ya que "los y las alicantinas todavía están a tiempo de salvar nuestra caja".
Además, López Barceló ha alertado contra "una posible subasta una vez ha sido intervenida" y ha señalado que "hace falta un instrumento financiero público", por lo que ha exigido que "la CAM se quede en manos de la comunidad autónoma o del Estado".
Finalmente, también ha recordado que la formación de izquierdas propuso la creación de una comisión de investigación a las Corts Valencianes.
Por su parte, el representante de CCOO en Caja Mediterráneo, Jorge Casillas, ha considerado este miércoles que la destitución de la directora general de la entidad, María Dolores Amorós, "llega tarde y mal", al tiempo que ha apostado por que se esclarezca la "cadena de responsabilidades" y, de este modo, sean "cesados los directores adjuntos que nombró".
Jorge Casillas ha hecho estas declaraciones después de que se hiciera pública la destitución de Amorós, que sucedió en el cargo a Roberto López Abad, y que estaba al frente de la caja desde finales del pasado año. Por el momento no está previsto nombrar a otra persona para que sustituya a Amorós en el puesto.
La junta de administradores del FROB, Juan José Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz, asume de este modo las competencias de la direccion general de la caja que fue intervenida el 22 de julio
Así, desde CCOO opinan que la decisión se tenía que haber tomado antes y han recordado que han sido "el único sindicato" que se opuso a su nombramiento, por entender que se trataba de una designación "continuista" con la gestión anterior, con la que estaban en desacuerdo.
Por ello, Casillas ha insistido en que la decisión "llega tarde y llega mal", al considerar que debía haberse producido antes y que, además, también debería haber sido suspendida salarialmente. "No podemos permitirnos el lujo" de pagar un sueldo de director general para alguien que no desempeña el cargo, ha dicho.
En esta línea, ha apostado por que se esclarezca la "cadena de responsabilidades" y, de este modo, sean "cesados los directores adjuntos que nombró".
"Aquí nadie puede irse de rositas", ha zanjado.
Por último, el portavoz de Sicam, Manuel Navarro, ha tildado la destitución de la directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, como "una medida cautelar" y ha asegurado que era "algo que se esperaba" porque es la práctica habitual tras una intervención y que es "lógico" que los administradores hayan tomado esta decisión para evitar "interferencias", por lo que ha apostado por "no darle más repercusión".
Tras conocerse la destitución de Amorós, Manuel Navarro ha indicado que en los procesos de intervención y tras recabar la información necesaria, "es una medida cautelar que se suele adoptar" por parte de los administradores, por lo que "todo el mundo la estaba esperando". A su juicio, "no hay que darle más repercusión que esa".
Para Sicam, una vez que se "han hecho las consultas" referentes al área en cuestión, sus responsables "van siendo apartados", por lo que ha abogado a "esperar 15, 30 ó 40 días para saber si puede volver a incorporarse".
En cuanto a la posibilidad de que más directivos puedan verse afectados, Navarro ha considerado que se "pasará al siguiente escalón", pero ha remarcado que este tipo de decisiones "no son desorbitadas", sino una práctica habitual para "evitar interferencias".
Por otro lado, ha recordado que los trabajadores de la caja han iniciado una campaña para conseguir el apoyo de ayuntamientos, asociaciones y comunidades autónomas para que la obra social de la entidad continúe y, de este modo también, los puestos de trabajo.
Para Navarro, "nadie mejor que los empleados hacen viva la obra social" y, en su opinión, es "justo" que todos aquellos que se han beneficiado de la obra social, puedan ahora unirse para su mantenimiento.
Además, ha remarcado que cuando la entidad sea adquirida vendida las medidas de personal que se adopten sean "no traumáticas" como en "otras ocasiones".
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