VALENCIA.- La auditoría de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana de 2010 refleja que el aeropuerto de Castellón poseía a fecha de cierre de dicho ejercicio un inmovilizado --elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles-- por valor de 129 millones de euros. Sin embargo, y en esa fecha, la entidad no había formalizado contrato de seguro que cubriera este material.
El informe señala también que la entidad presenta un Patrimonio Neto por importe de 22.278.416,39 euros, lo que se lleva a encontrarse por debajo del cincuenta por ciento de la cifra de capital social. Esta es una de las causas de disolución relacionadas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, "necesita el apoyo financiero de los socios, en particular de la Generalitat Valenciana, para continuar con su actividad", asevera el documento.
Otro de los aspectos que destaca el informe es que la entidad, perteneciente al grupo Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), "no ha formalizado un contrato de subarrendo de local de negocio".
Tras examinar el contrato privado de creación de la estatua de 24 metros encargada al escultor castellonense Juan Ripollés para instalar en la rotonda de entrada del aeropuerto --cuyo importe alcanza los 300.000 euros--, el informe advierte de que "no consta en el expediente la fecha de presentación de la proposición económica y técnica por el adjudicatario que, según consta en el acta de apertura de ofertas, fue presentada dentro de plazo".
En cuanto SPTCV, el informe de auditoría, con fecha 9 de junio de 2011, asegura que la entidad seguirá en causa de disolución si no se adoptan "otras medidas adicionales", además de las dos ampliaciones de capital realizadas por la Generalitat, --que según los administradores permitirán reestablecer su equilibrio financiero y patrimonial--, según se refleja en el documento, recogido en la Cuenta General de 2010 de la Generalitat.
La SPTCV estaba a fecha de 31 de diciembre de 2010 incursa en el supuesto legal de disolución por pérdidas que dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social. La Generalitat, como accionista único, en 2010 hizo una ampliación de capital por 84,2 millones de euros --de los que a final de año estaban pendientes de desembolsar 16,6--, y llevó a cabo otro por valor de 91 millones de euros en abril de 2011.
Así, señala que el desarrollo futuro de las operaciones de la sociedad y la realización de los activos y liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de situación estarán sujetos al apoyo financiero del Consell.
En el documento se especifica que el informe de auditoría no ha incluido el examen de las cuentas anuales del ejercicio 2010 de las sociedades participadas Ciudad de la Luz, Aeropuerto de Castellón y Terra Mítica, revisadas por sus auditores, por lo que la opinión se basa en esos informes. Además, recoge que los administradores de la sociedad han susbanado errores de otros años, cuyo efecto total ha supuesto un aumento de los resultados negativos de ejercicios anteriores de 22,7 millones de euros.
A fecha de 31 de diciembre de 2010, SPTCV mantenía diversas cuentas a cobrar por créditos concedidos al parque temático de Benidorm, Terra Mítica, por importe de 49,9 millones de euros. El informe indica la existencia de una "incertidumbre significativa" sobre la capacidad de la compañía para continuar sus operaciones, "lo que pone de manifiesto la existencia de indicios de deterioro por dudosa cobrabilidad de los importes pendientes".
Asimismo, figuraban los costes incurridos por la puesta en marcha de proyectos en los que no se había realizado inversiones desde ejercicios anteriores, por importe total de 6,5 millones de euros.
En relación con Ciudad de la Luz, el informe de auditoría y las cuentas anuales ponen de manifiesto la existencia de varios procedimientos legales en curso --por los justiprecios de las expropiaciones-- de desenlace y consecuencias económicas desconocidas y no provisionados en el pasivo del balance.
Uno de ellos, hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que declaró que no existía causa expropiatoria que constituyera el elemento legitimador de la expropiación del expediente de Cerro-Colmenares de Alicante, por lo que anula y deja sin efecto el Plan Especial delimitador del área de reserva para la ampliación de suelo público, lo que acarrea la nulidad de los sucesivos actos expropiatorios.
Contra esta resolución solo cabía recurso ante el Constitucional aunque ni en el recurso contencioso del que traía causa ni en el de casación constaba personada como parte la sociedad. Asimismo, en el informe específico del auditor, se hace referencia también a las demandas relacionadas con la gestión y explotación de la Escuela de Formación y la resolución del contrato suscrito con Aguamarga.
En el informe de auditoría de las cuentas de Ciudad de la Luz, se señala que, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto a fecha de 31 de diciembre de 2010, presenta un déficit patrimonial de 28,4 millones de euros --8,2 millones el ejercicio anterior--, aunque no se encuentra en causa de disolución ni reducción de capital obligatoria. Adicionalmente, el balance de situación abreviado presenta un déficit en su fondo de maniobra por importe de 68,5 millones de euros --44 millones en 2009--.
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