ALICANTE.- El Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha confirmado haber presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra la última cúpula directiva de la CAM y la inmediatamente anterior y contra el director del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela, como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario. Esta denuncia se une a las presentadas en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por los colectivos del 15-M y Vecinos por Alicante.
La denuncia presentada por este colectivo pide que sean investigados los expresidentes de la entidad, Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; así como el ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil; el ex director general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés Olmos. Amplían, además, la denuncia contra "aquellas otras personas que pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen".
Según argumenta Manos Limpias, la intervención de la CAM por parte del Banco de España "se produjo como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores y que han dejado a la CAM al borde la quiebra".
Entre los argumentos sobre la mala gestión, el sindicato alude a la concesión de créditos y préstamos a consejeros y altos directivos, y en concreto a la cifra de 171 millones de euros concedidos al interés del 0 por ciento.
"A fecha de la intervención la CAM mantiene créditos vivos sobre sus consejeros de 114 millones de euros sobre los 171 millones de euros concedidos". Los beneficiarios, según señala la misma fuente, son, entre otros, los siguientes consejeros de la entidad: Juan Ramón Avilés, José Enrique Garrigós, Aniceto Benito, José García Gómez, Francisco Grau, Gregorio Fernández, Antonio Magraner, Antonio Gil Terrón y Modesto Crespo.
Además, en la denuncia también señala que los altos cargos han estado percibiendo "sueldos atípicos", de 4,5 millones de euros al año", así como "los despidos de lujo", de los que cabría "destacar el de Roberto López Abad, que podría llegar a los seis millones de euros".
Igualmente, ha añadido, la caja "pagaba para recalificar solares e intervino en más de 100 operaciones a este respecto". Según ha asegurado, la CAM "ponía el dinero y los constructores conseguían el visto bueno de los Ayuntamiento". Mediante esta fórmula, ha insistido, se consiguieron 200.000 metros de suelo rústico para recalificar en la partida alicantina de Aguamarga.
En su denuncia, también hace constar, que la caja concedió créditos y prestamos a promotores inmobiliarios "sin las garantías adecuadas", incluso "en plena crisis de la burbuja inmobiliaria".
Manos Limpias también asegura que Caja Mediterráneo "falseó la contabilidad, aduciendo beneficios cuando había pérdidas". Según ha destacado, "los interventores del FROB han destapado de momento un agujero inicial de más de dos mil millones de euros", por lo que los beneficios de la CAM "eran ficticios reflejaban un beneficio de 39 millones de euros para maquillar la contabilidad". De hecho, acusan a la entidad de haber "ocultado sistemáticamente los balances".
Para Manos Limpias, "la estructura organizativa de la CAM no contaba con líneas de responsabilidad clara y definidas" y, por ello, según alega, "al supervisarla afloran operaciones de riesgo con personas vinculadas a la CAM".
En este sentido, ha recalcado que los gestores "ocultaron información, incumpliendo el deber de veracidad informativa a socios, depositantes y público en general" y "se financiaron obras faraónica de la Generalitat, de las diputaciones y ayuntamientos en base a razones políticas a sabiendas de la quiebra económica de estas instituciones".
También ha censurado el "exceso de posicionamiento en el sector inmobiliario pese a la caída de la burbuja inmobiliaria, favoreciendo a compromisos políticos y "amiguetes".
Es evidente también que hay una responsabilidad por parte del presidente de la Comisión de control de la CAM "invigilando" con independencia de la responsabilidad penal, señala.
Otras denuncias
Representantes del Movimiento 15M y de Vecinos por Alicante han acudido igualmente a la Audiencia de Alicante para presentar ante el fiscal Anticorrupción un escrito y una denuncia, respectivamente, contra la actuación de los directivos de Caja Mediterráneo.
Los primeros en acudir a la Audiencia Provincial de Alicante la semana pasada ha sido un grupo, que se erige como representante del Movimiento 15M en Alicante, con el fin de hacer llegar un escrito con 99 firmas, en las que pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la actuación del consejo de administración de la entidad, tras los hechos que han motivado la intervención del Banco de España.
Según su representante, María Jesús Casado, el objetivo del escrito es que la Fiscalía "investigue de oficio si hay indicio de delito" en la actuación del consejo de administración saliente y también del anterior y a los directivos de la caja.
En este sentido, y preguntada por qué delitos podrían haber sido presuntamente cometidos, Casado ha indicado que de "momento faltan 4.500 millones de euros, se han estado dando préstamos a cero por ciento y a plazo indefinido, lo cual, en justicia, no es un préstamo, es un regalo".
"Es muy importante que sepa toda España que la ciudadanía alicantina está movilizándose porque esto no es de recibo" y que después de lo ocurrido "nos lo vayan a vender deprisa, en verano, sin publicidad ni taquígrafos, a un banco y a un precio mucho menor del precio del rescate".
Por su parte, Vecinos por Alicante ha presentado una denuncia, ampliada de la que ya presentó en el mes de abril, al entender que los hechos que ya denunciaron en su momento "han sido comprobados con la intervención del Banco de España".
Su portavoz, José Luis Valdés ha argumentado que las circunstancias "han cambiado" con la intervención, por lo que han decidido presentar "esta nueva denuncia como recurso y ampliación" de la anterior, con la finalidad de que se "depuren de forma oficial y pública los hechos acaecidos de la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido los órganos gestores durante aproximadamente 14 años atrás, que han dado como resultado llegar a la actual y previsible situación de la desaparición de la entidad".
Según Valdés, "los máximos responsables no pueden ser otros que los equipos dirigentes de la entidad" durante el plazo citado, así como los representantes de la Conselleria de Economía "por su falta de control y tutela" y "por ende los presidentes de la Generalitat habidos en ese periodo de tiempo".
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