ALICANTE.- El despacho creado por José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y un socio, el exconcejal socialista, Javier Gutiérrez, recibía el 90 por ciento de sus ingresos percibidos el año de su creación y el siguiente provienen de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según la pieza separada del Caso Brugal, referente al planeamiento de la ciudad de Alicante.
Los informes policiales de esta pieza, investigada por el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, indican la existencia de "indicios suficientes que permitirán inferir que la creación y actividad de Salvetti Abogados y Consultores S.L. estaría estrechamente relacionada con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".
En este sentido, añade que esta vinculación llega hasta el punto de que "prácticamente el 90 por ciento de los ingresos percibidos durante los años 2008 --año de su creación-- y 2009 se deben a distintos trabajos efectuados y cobrados al respecto".
El informe policial indica que Salvetti comenzó a operar el 30 de diciembre de 2008, aunque su fecha de inscripción en el Registro Mercantil fue el 21 de octubre de 2009. Su actividad, la mayoría de ella relacionada con el PGOU, era presentar alegaciones en representación de personas o empresas perjudicadas por el planeamiento en trámite.
Sus administradores son, desde su inicio, el ex concejal socialista, Javier Gutiérrez, y José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, quien había trabajado de 2004 a 2008 en la dirección territorial de la Conselleria de Territorio, donde prestaba servicios jurídicos y actuaba como vocal ponente en la Comisión Informativa de Urbanismo.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, según el informe, tenían "una vinculación inequívoca no sólo a través de Salvetti Abogados, sino incluso desde el periplo como técnico autonómico de José Luis Castedo", ya que se encontraron en el despacho y en el ordenador de Javier Gutiérrez documentación elaborada por el primero y enviado desde dependencias de la Generalitat.
Estos documentos que establecen esta relación entre ambos datan del 28 de septiembre del año 2007, cuando José Luis Castedo "desde, al parecer su dirección de correo electrónico corporativo en la Generalitat" envió a Gutiérrez "un informe de asesoramiento inequívocamente relacionado con los trabajos de la finalización de la revisión del plan general de Alicante".
El 19 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento de Alicante anuncia el inicio del concurso para la finalización de la ejecución de los trabajos de revisión del plan general y en febrero de 2008 adjudica el contrato a Laboratorio de Proyectos.
En el registro domiciliario practicado en Salvetti Abogados, los agentes hallaron el borrador de un contrato con la sociedad Laboratorios Proyectos S.L., cuya fecha de creación era dos meses anterior a conocerse la adjudicación.
Esto lleva a los investigadores a pensar que o "bien tenía conocimiento previo de que el concurso les iba a ser adjudicado o bien que, como no se ha intervenido el contrato original firmado, simplemente se trate de una previsión de trabajo en el caso de que dicho concurso fuera adjudicado".
El contrato entre ambas mercantiles, que finalmente fraguó, establecía que G&M debía realizar "informe de opinión jurídica sobre las alegaciones presentadas en cada comento de tramitación de la revisión a petición de la mercantil" y que podía "redactarlo libremente en función de las características de éstas, individualizadas o agrupándolas por conceptos o de cualquier otra forma".
Las "presuntas irregularidades" a las que hace referencia el informe policial son que, a juicio de la policía, Castedo y Gutiérrez presentaban alegaciones que ellos mismos se encargaban de resolver. Así, las alegaciones eran presentadas a través de Salvetti y contestadas a través de G&M, dos mercantiles a las que la policía atribuye "identidad única".
Según añade, "es una constante encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo G&M vinculadas al domicilio social de Salvetti Abogados" y, según asegura, "queda plasmada la relación de asesoramiento realizada por José Luis Castedo para G&M", tal y como aparecen en archivos informáticos que contienen informes de esta empresa y cuyo autor era el hermano de la alcaldesa.
"Se advierte una comunión de intereses entre el despacho Salvetti y la sociedad G&M" que se resumen en que Salvetti "es el encargado de las redacción de diferentes alegaciones de varios de los perjudicados por las revisiones que se van realizando del PGOU y la empresa G&M, subcontratada por la mercantil Laboratorio y Proyectos SL, es la encargada de la estimación o desestimación de las alegaciones presentadas".
También indica que se "tiene constancia e indicios racionales suficientes para poder decir que Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, además de contestar a las alegaciones a través de la sociedad G&M redactaban para determinadas empresas y particulares la propia alegación a presentar al Ayuntamiento" a través de Salvetti y que eran "remunerados por este servicio. Incluso algunos clientes se llegaban a redactar determinados contratos de prestación de servicios futuros".
Algunas de las empresas para las que hicieron trabajos a través de algunas de las dos mercantiles son Incadesa, en concreto una alegación y un convenio de permuta, presuntamente realizado por José Luis Castedo, de terrenos en Aguamarga, hacia el Ayuntamiento de Alicante.
Entre los trabajos facturados, figuran en el informe Deproinmed --Grupo Ortiz y Bancaja--, sobre terrenos en la Sierra de Foncalent; con Antonio Solana en El Portell; así como otras acciones relacionadas con diversos empresarios en otras áreas de la ciudad como Puerto Amor, Tabarca, Finca San Gabriel, Finca Urbanova, entre otras.
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