VALENCIA.- El conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, ha manifestado que su departamento basará la gestión de sus recursos en el análisis coste-beneficio y tendrá como prioridad afrontar "todos los compromisos" de pago asumidos. De hecho, en cuanto la Generalitat goce de "mejor acceso" a la liquidez, pretende "reasignar los fondos de las empresas públicas de gasto corriente e inversiones al pago de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores".
Además, el decreto-ley de Régimen Económico Financiero del Sector Público establece que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) coordinará y centralizará todas las operaciones de endeudamiento del sector público empresarial y prevé que "si superan determinados niveles de déficit de circulante que se fijarán en la Ley de Presupuestos, deberán desarrollar un plan de pagos a proveedores que podrá comportar la prohibición de realizar nuevas inversiones financieras con endeudamiento e incluso que dicho déficit podrá ser cubierto con cargo al presupuesto de su Conselleria de adscripción".
Así lo ha señalado en su primera comparecencia en las Corts para informar de las líneas generales de la política que desarrollará su departamento esta legislatura. Verdeguer ha iniciado su intervención, que se ha prolongado durante cerca de una hora, con palabras de agradecimiento al jefe del Consell por la confianza depositada en él y con un recuerdo a su padre, de quien ha dicho que sólo él entendería el "honor" y "orgullo" que siente al poder servir a los valencianos.
Como "objetivo irrenunciable", se marca reforzar las políticas de internacionalización para crear empleo sostenible y de mayor calidad, además de combinar las "medidas de impulso que siembren el camino de la recuperación" con "iniciativas de ajuste que permitan la generación de ahorro como fuente de crecimiento de la economía productiva, como única garante de un desarrollo sostenible".
Verdeguer ha destacado que, para adaptarse al nuevo contexto, la Generalitat intensificará el principio de austeridad en la gestión para que ésta se convierta en eficiencia y ésta, a su vez, "en liquidez para empresas y proveedores".
Entre las medidas detalladas, destacan una fuerte reestructuración de la red del IVEX para hacerla "más flexible y menos costosa", que incluye el cierre de las oficinas de Toronto, Beijing, La Habana, Buenos Aires y Tokyo, el traslado a San Francisco de la de Los Ángeles y el refuerzo de las actuaciones en Perú, Colombia y México, así como el compromiso de destinar a los emprendedores el 3 por ciento de lo ahorrado tras racionalizar el sector público empresarial durante los dos próximos años, unos doce de los más de 400 millones que pretende ahorrar en ese proceso al recortar "un mínimo del 20 por ciento de media entre todos los capítulos de gasto" de esos entes.
Además de tener operativa a finales de marzo la Corporación Pública Empresarial Valenciana, Verdeguer desarrollará el decreto-ley que presentará al pleno del Consell "en los próximos días" y que tiene como objetivo "mejorar la eficacia, la transparencia y el control de las empresas públicas" a nivel de "control interno, endeudamiento, pago a proveedores y recursos humanos".
Así, se realizará un "seguimiento más intenso de la actividad económica financiera" de esas empresas, se acometerán las citadas medidas para regular el endeudamiento y el pago a proveedores y se establece también que el personal directivo de esos entes estará sujeto al mismo régimen de incompatibilidades, de declaración de bienes y rentas y de evaluación del rendimiento que los altos cargos del Consell, al tiempo que no podrá cobrar más que éstos, cambios a los que deberán adaptarse "en un plazo de seis meses".
Economía también pondrá en marcha múltiples ayudas a la creación de empresas, la innovación o la I+D, una nueva línea IVF dedicada a Proyectos Estratégicos, acciones de financiación directa para pymes y grandes proyectos e instrumentos de capital riesgo y creará "un portal web específico para inversores de deuda de la Generalitat" que incluirá toda la información de interés para sus prestamistas.
Igualmente, desarrollará un Plan de Acción de Energías Renovables que incluye un programa de aprovechamiento solar de cubiertas de los edificios públicos de la Generalitat, la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica, continuar la extensión del gas natural y lograr reducir un 1,5 por ciento anual la energía consumida por unidad de PIB y recortar otro 1 por ciento anual la contribución del petróleo en la estructura de la Comunitat Valenciana.
Los grupos de la oposición --PSPV, Compromís y EUPV-- han valorado las "buenas ideas" planteadas por Verdeguer y su voluntad de alcanzar "soluciones consensuadas desde un diálogo constructivo", pero han coincidido en que las medidas y recortes anunciados son "insuficientes" y están faltos de concreción en compromisos y datos.
En concreto, el diputado socialista Francisco Toledo le ha pedido que gaste 2.000 millones de euros menos al año en el sector público empresarial --de un total de más de 3.500 millones-- y ha dudado de que los 'populares' le permitan efectuar el recorte anunciado "porque hay demasiados afectados que a dedo fueron enchufados".
Además, le ha urgido a que "pague lo que debe" para que no se "identifique" a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "con el señor del frac". "No pasemos de los trajes al frac", ha reivindicado.
Mireia Mollà, de Compromís, le ha reclamado concreción en el pago a proveedores y en las iniciativas que no superan el análisis coste-beneficio y se ha interesado por cómo se efectuará ese recorte en las empresas públicas, cuestión en la que ha incidido la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ante el temor de que recurran a "privatizaciones" o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) "encubiertos".
En la réplica, Verdeguer ha aclarado que son "las primeras medidas" del "proceso continuado de reestructuración" que se llevará a cabo y ha dicho que "nadie ha hablado de privatizar nada, aunque otra cosa será lo que acabe pasando".
En el debate parlamentario también se ha abordado la situación de Caja Mediterráneo (CAM) dado que Sanz ha exigido que se "recupere" y Mollà, obtener explicaciones de los responsables de la mala gestión de las entidades financieras, a lo que Verdeguer --que fue becario de la caja-- ha replicado que se trata de una entidad privada, que habrá una comparecencia monográfica sobre la intervención del Banco de España y que la Generalitat velará por que el nuevo proyecto "respete al máximo el empleo" y esté comprometido con el territorio y la Obra Social.
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