MADRID.- Las fichas empiezan a caer en Caja Mediterráneo. La entidad alicantina, que hasta hace pocos meses había pasado desapercibida dentro del grupo Banco Base, comienza a ver cómo la intervención acordada por el Banco de España el 22 de julio tiene ya sus consecuencias legales, según piensa 'Cinco Días'.
Después de que, en un primer momento, el supervisor apartara de sus funciones al presidente y al resto del consejo de administración, ayer se hizo efectivo el despido disciplinario de María Dolores Amorós, directora general de la entidad en el momento del rescate.
El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha tomado esta decisión al entender que, en su labor como primera ejecutiva de la caja alicantina, Amorós "ha buscado el beneficio propio, ha falseado las cuentas para engañar al supervisor y ha realizado una gestión deficiente", según confirmaron ayer fuentes de la entidad.
Entre los argumentos más demoledores esgrimidos por el Banco de España para acordar el despido de la directiva está la pensión vitalicia que Amorós pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, para su jubilación, por importe de 370.000 euros anuales.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), facultado por el supervisor bancario para administrar temporalmente CAM antes de su posterior subasta, considera que los anteriores gestores de la caja falsearon las cuentas para hacer creer que la situación financiera era mejor de la que realmente tenía.
María Dolores Amorós, contactada por 'Cinco Días' para poder ofrecer su versión de los hechos, ha declinado entrar a valorar la decisión del Banco de España.
Reacciones políticas
Las reacciones políticas tras el fulminante despido de Amorós no se han hecho esperar. La secretaria general del partido socialista en Alicante, Ana Barceló, mostraba su indignación. "Nos parece inmoral que Amorós pactara su futuro nada más llegar a su cargo, cuando el puesto de trabajo de 6.000 trabajadores de Caja Mediterráneo está en el aire por la reestructuración de la entidad". Barceló ha pedido que la depuración de responsabilidades "llegue hasta donde tenga que llegar".
El Banco de España ya está investigando el papel desempeñado por los consejeros de la entidad y por su cúpula directiva en el deterioro de la situación financiera de CAM. De acuerdo con varios expertos jurídicos consultados, es muy probable que los miembros del consejo cuando la caja fue intervenida, así como la alta dirección de la entidad, sean sancionados por el regulador por la comisión de infracciones muy graves, que conllevan sanciones económicas e inhabilitación para trabajar en el sector bancario.
Fuentes sindicales de Caja Mediterráneo aseguraban que el argumentario utilizado por el FROB y el Banco de España para justificar el despido disciplinario de Amorós será más que suficiente para imponer sanciones administrativas a los gestores de la caja. "Con estos precedentes, no me extrañaría que se llegaran a iniciar acciones penales contra ellos", apunta.
El abogado José Ángel González Franco, que asesora al ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, en el proceso abierto contra él en la Audiencia Nacional, considera que "el delito principal que en su caso puede ser objeto de imputación en CAM, por lo que aparece en los medios, normalmente sería el de administración social fraudulenta". La pena que contempla en este caso el Código Penal es de entre seis meses y cuatro años de prisión. También argumenta que, en el caso de su defendido, no hubo ninguna intención de lucro personal en su actuación al frente de CCM.
El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha tomado esta decisión al entender que, en su labor como primera ejecutiva de la caja alicantina, Amorós "ha buscado el beneficio propio, ha falseado las cuentas para engañar al supervisor y ha realizado una gestión deficiente", según confirmaron ayer fuentes de la entidad.
Entre los argumentos más demoledores esgrimidos por el Banco de España para acordar el despido de la directiva está la pensión vitalicia que Amorós pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, para su jubilación, por importe de 370.000 euros anuales.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), facultado por el supervisor bancario para administrar temporalmente CAM antes de su posterior subasta, considera que los anteriores gestores de la caja falsearon las cuentas para hacer creer que la situación financiera era mejor de la que realmente tenía.
María Dolores Amorós, contactada por 'Cinco Días' para poder ofrecer su versión de los hechos, ha declinado entrar a valorar la decisión del Banco de España.
Reacciones políticas
Las reacciones políticas tras el fulminante despido de Amorós no se han hecho esperar. La secretaria general del partido socialista en Alicante, Ana Barceló, mostraba su indignación. "Nos parece inmoral que Amorós pactara su futuro nada más llegar a su cargo, cuando el puesto de trabajo de 6.000 trabajadores de Caja Mediterráneo está en el aire por la reestructuración de la entidad". Barceló ha pedido que la depuración de responsabilidades "llegue hasta donde tenga que llegar".
El Banco de España ya está investigando el papel desempeñado por los consejeros de la entidad y por su cúpula directiva en el deterioro de la situación financiera de CAM. De acuerdo con varios expertos jurídicos consultados, es muy probable que los miembros del consejo cuando la caja fue intervenida, así como la alta dirección de la entidad, sean sancionados por el regulador por la comisión de infracciones muy graves, que conllevan sanciones económicas e inhabilitación para trabajar en el sector bancario.
Fuentes sindicales de Caja Mediterráneo aseguraban que el argumentario utilizado por el FROB y el Banco de España para justificar el despido disciplinario de Amorós será más que suficiente para imponer sanciones administrativas a los gestores de la caja. "Con estos precedentes, no me extrañaría que se llegaran a iniciar acciones penales contra ellos", apunta.
El abogado José Ángel González Franco, que asesora al ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, en el proceso abierto contra él en la Audiencia Nacional, considera que "el delito principal que en su caso puede ser objeto de imputación en CAM, por lo que aparece en los medios, normalmente sería el de administración social fraudulenta". La pena que contempla en este caso el Código Penal es de entre seis meses y cuatro años de prisión. También argumenta que, en el caso de su defendido, no hubo ninguna intención de lucro personal en su actuación al frente de CCM.
Es el secreto mejor guardado en CAM: la cantidad que percibió su anterior director general, Roberto López Abad, cuando se apuntó al plan de prejubilaciones puesto en marcha por la entidad a finales del pasado mes de julio. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que la cifra alcanza los 5,6 millones de euros brutos, 3,8 millones netos, aunque la oficial no se conocerá hasta que CAM presente su informe de buen gobierno corporativo de este año.
No es la única incógnita, ya que el anterior máximo ejecutivo de la que fue la tercera mayor caja de ahorros española podría haber recibido una indemnización al dejar su cargo, a lo que habría que sumar los compromisos por pensiones acumulados. En círculos financieros se especula con la posibilidad de que la cifra total ronde los 10 millones de euros.
López Abad fue director general de CAM entre 2001 y noviembre de 2010, cuando pasó a ocupar este puesto pero en Banco Base, la alianza que tejió la entidad alicantina con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que se rompió a finales del pasado mes de marzo.
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