VALENCIA.- El Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha asegurado este jueves, ante la Comisión de Economía de las Corts Valencianes, que la institución "debe poder sancionar para ejercer de pleno sus competencias en materia de control externo de entidades locales".
El Síndic ha realizado esta petición "con todas las prevenciones del mundo" y ha advertido DE que debe ser consensuado entre todos los grupos y debe contar con "todas las garantías", pero, ha insistido, "hay que hacerlo" y en este sentido, ha puesto el ejemplo de Cataluña, autonomía que experimentó un incremento de los que rinden cuentas cuando se impuso la medida.
Además, junto al establecimiento de medidas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, el Síndic también solicita que se haga uso de la facultad para establecer como criterio indispensable en la concesión de subvenciones la rendición de cuentas.
Queralt, en la comparecencia en las Corts Valencianes ante la Comisión de Economía y Hacienda para presentar el Informe Especial sobre las Competencias en la Fiscalización de Entidades Locales, ha expresado la necesidad de que se limiten las subvenciones a aquellos organismos que no cumplan su obligación legal de transparencia.
El Síndic ha pedido que se avance en las competencias de la Sindicatura de Comptes para disponer de un régimen sancionador que penalice la no rendición de cuentas y ha señalado que las competencias plenas que se otorgaron en 2003 sobre el sector público local se están ejercitando, pero "sería necesario cerrar todo el ciclo del control, ya que el actual resulta insuficiente".
Asimismo, ha detallado que el objetivo de la Sindicatura es fomentar la rendición de cuentas, que actualmente se sitúa en torno al 91 por ciento, lo que supone una de las mayores tasas a nivel nacional, pero no cumple el objetivo del cien por cien.
En cuanto a la fiscalización específica por organismo o por área, ha indicado que se han realizado un total de 265 fiscalizaciones, de las que 207 se han hecho una vez asumidas las competencias en 2003. El 89 por ciento (235) del total de fiscalizaciones corresponde a ayuntamientos, a los que en el 32% de los casos se les ha fiscalizado al menos dos veces.
Para avanzar en estas líneas, la Sindicatura de Comptes se ha marcado como objetivo fiscalizar todas las grandes corporaciones al menos una vez en cada legislatura, incluyendo todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y las tres diputaciones, y lograr fiscalizar el 40 por ciento del presupuesto total del sector público local en un plazo de cinco años.
Por su parte, el diputado del grupo popular, José Marí Olano, ha indicado respecto a la capacidad sancionadora que los órganos fiscalizadores autonómicos deberían ser partícipes de la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas estatal más que disponer de una propia.
Asimismo, ha calificado de "inexcusable" que ayuntamientos con más de 50.000 habitantes o con presupuestos equivalentes no sean todos los años fiscalizados.
El portavoz de Economía del grupo socialista, Julián López, ha expresado que le preocupa que la escasez de medios de la Sindicatura pueda interferir en conseguir los objetivos previstos.
López ha manifestado también que "en tiempos como los actuales" hay que reforzar mecanismos de control sobre gestión y rendición de cuentas, ya que ahora es necesario reclamar el "máximo rigor y transparencia" en el gasto del dinero público.
Por parte de Compromís, Mireia Mollà, ha resaltado que del informe se desprende que se debe adoptar alguna medida sobre la capacidad sancionadora de la Sindicatura, y ha resaltado que se puede adoptar en el ámbito de las Corts Valencianes.
Mollà ha indicado que la medida es buena, y se ha preguntado si se puede ampliar a un organismo que dependa de la Generalitat, como una conselleria. También le ha planteado que si considera que el Consell, que sí tiene capacidad sancionadora, está actuando correctamente, y si se podría adoptar el modelo catalán, como ya propuso el grupo parlamentario Compromís en las Corts.
Por su parte, Ignacio Blanco del grupo parlamentario de Esquerra Unida, ha asegurado que les parece "razonable" arbitrar un régimen sancionador, pero ha indicado que le gustaría saber cómo se articularía esta cuestión.
También ha señalado que les gustaría saber cómo se está gastando el dinero en los grandes ayuntamientos y Diputaciones y se ha preguntado si "algún día" se realizarán informes similares de estas instituciones a los que se hace de la cuenta general de la Generalitat.
El síndic ha admitido que es "difícil" en la actualidad plantearse un aumento de la plantilla y ha destacado que los equipos optimizados, pero ha avanzado que a un plazo más largo resultará necesario ampliarla. En este momento, ha dicho, para los objetivos que se marcan, "estamos capacitados para llevarlos a cabo".
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