MURCIA.- El abogado Diego de Ramón presentará mañana ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional una ampliación de su denuncia contra la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo para que se investigue el 'agujero' de 5.000 millones de euros ocasionado por su gestión.
Una parte puede ser el caso de la ruinosa inversión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la hipotecaria mexicana Crédito Inmobiliario. Como ya desveló el digital www.Capitalmadrid.com el pasado 29 de marzo, la entidad de ahorro alicantina destinó 145 millones de euros a la adquisición de esa firma mexicana en abril de 2009, cinco meses después de la quiebra del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers, que marcó el momento álgido de la crisis financiera internacional que comenzó en el verano de 2007. Precisamente, por el derrumbe del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos.
Las hipotecarias mexicanas no ligadas a grupos bancarios sufrieron el cierre del grifo de la financiación, y Crédito Inmobiliario fue una de las más afectadas. El pasado mes de julio, el abogado murciano, Diego de Ramón, exigió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España una investigación profunda sobre todas las operaciones de la CAM en los últimos cuatro años, y suscita sospechas de evasión de impuestos y de blanqueo de dinero en la inversión en la hipotecaria mexicana.
En sus peticiones a los supervisores, Diego de Ramón cuestionaba la adquisición de Crédito Inmobiliario, a la que describe como una "empresa mexicana especializada en préstamos hipotecarios y a constructores", por parte de la CAM en abril de 2009, apenas "cinco meses después del terremoto de Lehman Brothers y en plena tormenta financiera". La CAM, "previa autorización del Banco de España", compró esta empresa por 144 millones de euros. El mismo año que la CAM se hizo con el 100% de Crédito Inmobiliario, la firma perdió 120 millones de euros, por lo que la caja de ahorros invirtió 150 millones de euros, lo que suma 294 millones.
El abogado reclamaba que se investigue de qué corredor financiero o de qué depósitos de la CAM se han transferido esos 300 millones de euros a la inmobiliaria de México. Si procede el dinero de países extranjeros con "amplias ventajas fiscales" donde la CAM tenga sociedades (en alusión a los paraísos fiscales). Que se averigüe cuántas propiedades tienen en México empresas españolas (o extranjeras a nombre de personas españolas, valencianas o murcianas). Y preguntaba si se había pedido la colaboración de las autoridades financieras y policiales de México, Estados Unidos y Reino Unido, en cuanto a la lucha de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
Diego de Ramón señalaba que "si del examen resulta que es positivo, su culpabilidad de imprudencia temeraria financiera, por parte de los directivos y miembros del consejo de administración de la CAM", se informe a la ONU y al Consejo de Europa, por los convenios firmados contra la corrupción. Y también a Transparencia Internacional.
También proponía que se debería investigar "a través de las agencias españolas dedicadas a asuntos financieros" sobre el centro de fomento de negocios en México de la Región de Murcia, (Cenexmur), en la capital mexicana, inaugurado por Ramón Valcárcel, presidente del Gobierno de la Región de Murcia, en mayo. Este centro se dedica a captar inversiones de empresas murcianas en México. Y, según Diego de Ramón, "sería importante saber si estas empresas están financiadas por la CAM, en el sector de la construcción, donde ha habido importante pérdidas, de más de cien millones de euros".
Todas estas sospechas sobre la verdadera finalidad de la inversión de la CAM en Crédito Inmobiliario se enmarcaban dentro de la solicitud de Diego de Ramón a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Gobernador del Banco de España para que investigasen las actuaciones de la caja desde 2008. El punto de partida de su argumentación es que el 24 de septiembre de 2007, la CAM valoró su patrimonio en 5.000 millones de euros de cara a la salida a Bolsa mediante la emisión de cuotas participativas (entonces sin derechos políticos).
El abogado, en sus comunicaciones a los supervisores, aseguraba que los créditos en terrenos sin recalificar "equivalían a todo el capital de la caja", 4.604, millones de euros de recursos propios, "sin saber si iban a ser recalificados definitivamente", según un requerimiento del Banco de España del 23 de febrero de 2007.
Otro ejemplo de mala inversión es Terra Mítica, en la que la CAM invirtió 420 millones de euros en el año 2000. Cuatro años más tarde, se intenta vender por 70 millones. O los negocios de la caja con el constructor alicantino Enrique Ortiz, implicado en los casos Brugal y Gurtel de presunta financiación ilegal del Partido Popular, y que el abogado cuantifica en 450 millones. También cita los préstamos concedidos por la CAM a clubes de fútbol, aunque algunos han sido concedidos de forma sindicada por un grupo de entidades financieras, no sólo por la caja murciano-alicantina.
Diego de Ramón hablaba del proyecto inmobiliario Novo Cartago, en Cartagena, liderado por Hansa Urbana (con participación de la CAM) sobre una superficie de 590 hectáreas para recalificar, aprobándose en contra de informes de las consejerías de Agricultura y de Obras Públicas de la Región de Murcia, "para realizar miles de viviendas en el Mar Menor, cuando éste se encuentra protegido en parte".
En sus peticiones a los supervisores, Diego de Ramón cuestionaba la adquisición de Crédito Inmobiliario, a la que describe como una "empresa mexicana especializada en préstamos hipotecarios y a constructores", por parte de la CAM en abril de 2009, apenas "cinco meses después del terremoto de Lehman Brothers y en plena tormenta financiera". La CAM, "previa autorización del Banco de España", compró esta empresa por 144 millones de euros. El mismo año que la CAM se hizo con el 100% de Crédito Inmobiliario, la firma perdió 120 millones de euros, por lo que la caja de ahorros invirtió 150 millones de euros, lo que suma 294 millones.
El abogado reclamaba que se investigue de qué corredor financiero o de qué depósitos de la CAM se han transferido esos 300 millones de euros a la inmobiliaria de México. Si procede el dinero de países extranjeros con "amplias ventajas fiscales" donde la CAM tenga sociedades (en alusión a los paraísos fiscales). Que se averigüe cuántas propiedades tienen en México empresas españolas (o extranjeras a nombre de personas españolas, valencianas o murcianas). Y preguntaba si se había pedido la colaboración de las autoridades financieras y policiales de México, Estados Unidos y Reino Unido, en cuanto a la lucha de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
Diego de Ramón señalaba que "si del examen resulta que es positivo, su culpabilidad de imprudencia temeraria financiera, por parte de los directivos y miembros del consejo de administración de la CAM", se informe a la ONU y al Consejo de Europa, por los convenios firmados contra la corrupción. Y también a Transparencia Internacional.
También proponía que se debería investigar "a través de las agencias españolas dedicadas a asuntos financieros" sobre el centro de fomento de negocios en México de la Región de Murcia, (Cenexmur), en la capital mexicana, inaugurado por Ramón Valcárcel, presidente del Gobierno de la Región de Murcia, en mayo. Este centro se dedica a captar inversiones de empresas murcianas en México. Y, según Diego de Ramón, "sería importante saber si estas empresas están financiadas por la CAM, en el sector de la construcción, donde ha habido importante pérdidas, de más de cien millones de euros".
Todas estas sospechas sobre la verdadera finalidad de la inversión de la CAM en Crédito Inmobiliario se enmarcaban dentro de la solicitud de Diego de Ramón a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Gobernador del Banco de España para que investigasen las actuaciones de la caja desde 2008. El punto de partida de su argumentación es que el 24 de septiembre de 2007, la CAM valoró su patrimonio en 5.000 millones de euros de cara a la salida a Bolsa mediante la emisión de cuotas participativas (entonces sin derechos políticos).
El abogado, en sus comunicaciones a los supervisores, aseguraba que los créditos en terrenos sin recalificar "equivalían a todo el capital de la caja", 4.604, millones de euros de recursos propios, "sin saber si iban a ser recalificados definitivamente", según un requerimiento del Banco de España del 23 de febrero de 2007.
Otro ejemplo de mala inversión es Terra Mítica, en la que la CAM invirtió 420 millones de euros en el año 2000. Cuatro años más tarde, se intenta vender por 70 millones. O los negocios de la caja con el constructor alicantino Enrique Ortiz, implicado en los casos Brugal y Gurtel de presunta financiación ilegal del Partido Popular, y que el abogado cuantifica en 450 millones. También cita los préstamos concedidos por la CAM a clubes de fútbol, aunque algunos han sido concedidos de forma sindicada por un grupo de entidades financieras, no sólo por la caja murciano-alicantina.
Diego de Ramón hablaba del proyecto inmobiliario Novo Cartago, en Cartagena, liderado por Hansa Urbana (con participación de la CAM) sobre una superficie de 590 hectáreas para recalificar, aprobándose en contra de informes de las consejerías de Agricultura y de Obras Públicas de la Región de Murcia, "para realizar miles de viviendas en el Mar Menor, cuando éste se encuentra protegido en parte".
"Y ahora se pretende emprender Marina Cope para realizar 12.000 casas, 20.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una gran marina con 2.000 puntos de amarre, en 21 millones de metros cuadrados en Águilas, en suelo no urbanizable protegido y que ha sido recalificado", añade.
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