ALICANTE.- El promotor Ramón Salvador Águeda, imputado en la ramificación del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, ha admitido ante el juez que mantuvo una conversación telefónica con el empresario Enrique Ortiz, en agosto de 2008, en la que éste reconocía tener los documentos del nuevo PGOU antes de que fueran públicos, según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.
Ramón Salvador Águeda ha prestado declaración este lunes ante el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante durante 45 minutos, en los que Águeda ha atendido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, y se ha negado a contestar a las formuladas por los abogados de las acusaciones particulares, representadas por José Luis Romero, por parte de EU, y Fernando Montalvo, por parte del PSPV.
El Fiscal Anticorrupción atribuye a Águeda un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, por la supuesta recepción y aprovechamiento de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU a través de Javier Gutiérrez, el cual, según recoge el ministerio público en su escrito, presuntamente habría diseñado a la medida del empresario un cambio de calificación de determinados terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU, como se desprende de conversación intervenida a Enrique Ortiz el 25 de agosto de 2008.
El imputado ha reconocido ante el juez que conocía a Enrique Ortiz porque ambos tienen sus respectivos yates en el mismo punto del puerto. "Sobre la conversación en la que aparece Ortiz hablando con el señor Salvador, ha dicho que ésta se produjo, y ha confirmado que efectivamente Ortiz en esa conversación tenía planos del PGOU antes de la exposición pública", ha indicado José Luis Romero, tras la cita.
En su declaración ante el juez, según ha comentado también José Luis Romero, Águeda ha detallado que en el momento en el que se produjo la conversación telefónica con Ortiz, él desconocía que Javier Gutiérrez, uno de los socios de Salvetti, trabajaba en el PGOU.
El propio Águeda, a su salida de los juzgados, ha confirmado a los medios de comunicación que ha prestado declaración porque no tiene "nada que ocultar", y ha defendido su derecho de reclamar que dejen la calificación del Plan Parcial Xirao, de su propiedad, "como estaba" en el año 1986.
"Conozco al despacho Salvetti desde 10 años antes, me lleva muchos cosas, para nada tiene que ver una cosa con la otra. Si ese señor ha hecho algo, que lo pague, pero conmigo es un amigo desde hace 10 años antes y no tiene nada que ver", ha señalado.
Al respecto, ha recordado que, en su día, tras conocer su imputación en el caso, acudió a la Comisaría para hacer una declaración, y este lunes se ha ratificado en lo que dijo entonces, ha remarcado. "Yo digo que en todo caso puedo ser víctima, pero no autor de someterme a un chantaje si lo hubiere, que en este caso yo no lo considero", ha apuntado.
"Ha admitido que sí sabía que Gutiérrez trabajaba en el PGOU cuando le encargó hacer una alegación sobre el plan de Xirao, alegación que después fue estimada. Y que Gutiérrez jamás le dijo que era colaborador del PGOU, sino que se le comentó Enrique Ortiz", ha añadido el letrado de EU.
Durante su intervención ante el titular del juzgado, Manrique Tejada, el fiscal Anticorrupción además le ha enseñado las facturas y el borrador de contrato con Salvetti, --halladas por los investigadores en el registro de este despacho--, que recoge una mayor edificabilidad de metros cuadrados en el plan de Xirao.
"Le ha enseñado ese contrato y él ha dicho que no lo ha firmado, ha dicho que estas cosas se hablaron", ha indicado Romero, quien además ha recordado que el imputado también ha reconocido que le pagó por la alegación del plan de Xirao y por otras cuestiones anteriores que no tenían nada que ver con el PGOU", ha detallado Romero.
Durante este lunes, Manrique Tejada también había citado a declarar a otros dos imputados en la causa, José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González Villarejo, quienes se han negado a prestar declaración en relación con los hechos que se les imputan, ambos por los presuntos delitos de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario. Villarejo además por supuesta participación en cohecho.
El primero en acudir ha sido José Gregorio Bernabé Martínez, quien ha entrado a las 9.40 horas y ha salido pocos minutos después, acompañado por su abogado. Bernabé Martínez está considerado un hombre de confianza de Ortiz, a quien el fiscal le atribuye la recepción de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, especialmente en lo referido a la zona de Aguamarga --en un proyecto conocido como 'Ciudad de la Economía'--.
Alrededor de las 11.15 horas, Aurelio González Villarejo ha entrado en las mismas dependencias, y apenas ha estado ante el juez diez minutos, en los que, además de negarse a declarar, ha presentado un escrito en el que mantiene que no ha "recepcionado ni aprovechado información privilegiada alguna relacionada con la nueva redacción del PGOU, y por tanto, no ha vendido terrenos incluidos en el sector 'La Condomina' en base o a merced a aquella" -en la zona de las llamadas 'Torres de la Huerta'--.
Villarejo es un empresario que preside el Grupo Inmobiliario GV, considerado por el fiscal como un amigo manifiesto del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. En el documento presentado este lunes, Villarejo además ha negado "haber realizado gestión fraudulenta, ni sólo ni junto a Vicente Pérez Cañas, respecto al posible pago relacionado con familiares de Luis Díaz Alperi, y mucho menos con falseamiento contable alguno".
El juez continuará con la ronda de declaraciones el próximo 21 de noviembre, en que están llamados a declarar Vicente Pérez Cañas; Juan José Climent Ivars; José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués, todos ellos considerados por el fiscal como "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto, y en el caso de Vicente Pérez, también de participación den cohecho.
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