ALICANTE.- La diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha propuesto un plan de trabajo en la comisión de investigación de Caja Mediterráneo (CAM), que permita "concluir una hoja de ruta eficaz que depure las posibles responsabilidades penales que deriven de la mala gestión de la entidad y que garantice también su obra social y los derechos de trabajadores y clientes", según ha informado en un comunicado esta coalición política.
Mollà ha presentado este plan este viernes ante de la sede de la CAM, en la avenida Óscar Esplá de Alicante, junto al coordinador de Compromís per Alacant, Ignasi Bellido, y otros miembros de la coalición, que han apoyado la propuesta hecha por el grupo parlamentario.
La diputada de Compromís ha señalado que este plan "busca el mayor consenso posible" y pretende "resolver las incógnitas sobre la gestión de la CAM" que tienen los políticos en Les Corts, pero "también las que tienen todos los ciudadanos", por lo que sería preciso que las comparecencias y la documentación "estuvieran abiertas a cualquier persona".
Mollà ha apuntado que la voluntad de Compromís es que las resoluciones de la comisión "no acaben en una declaración políticamente correcta, pero poco efectiva", y con este fin exigirán que se concluya en "una hoja de ruta" que marque las posibles consecuencias penales que se deriven de la investigación y dictamine si Les Corts deben formar parte de los procesos penales abiertos o hace falta que se abran nuevos".
"A la vez, queremos que esta hoja de ruta obligue a la Administración a sostener la obra social de la CAM y a velar la protección de los trabajadores de la entidad y la de aquellos que tienen sus ahorros en peligro", ha indicado, al tiempo que ha reclamado que haya "contundencia a la hora de garantizar que se devuelva el dinero de los productos tóxicos que actualmente están bloqueados y tienen alto riesgo de no cobrarse".
Respeto al calendario, Compromís pedirá que todas las semanas haya reunión de la comisión, con tal de agilizar el proceso y concluirlo antes de los seis meses establecidos, porque ya en marzo se conocerá si se produce o no la venta efectiva de la entidad al Banco Sabadell.
En el ámbito de las comparecencias, Compromís estima necesario la toma de declaraciones de 45 personas, entre las que se encuentran el gobernador del Banco de España, los miembros que formaban parte del Consejo de Administración antes de la intervención, encabezados por el ex presidente Modesto Crespo y los miembros de la dirección, como María Dolores Amorós y Roberto López Abad.
Así mismo, incluye al presidente del Banco Sabadell, los miembros de asociaciones de afectados por la situación de la caja; el director del Instituto Valenciano de Finanzas; los representados actuales y anteriores del Gobierno valenciano (Alberto Fabra, José Manuel Vela, Gerardo Camps y Francisco Camps); el ex director de Inversiones, imputado en el caso Brugal, Daniel Gil, y Diego de Ramón, abogado que ha presentado las denuncias que ha admitido la Audiencia Nacional.
Con respecto a la documentación, la coalición requerirá las cuentas generales de la CAM, así como de sus sociedades y empresas; informes que aclaren si hubieron transferencias a paraísos fiscales; las actas de las reuniones de los consejos ejecutivos de control; los informes de las agencias de calificación; detalles sobre dietas e informes sobre jubilaciones y retribuciones por cese, entre otras.
A su parecer, "si estos documentos no existen será porque la CAM ha actuado vulnerando los principios de legalidad y control que tendría que haber tenido para garantizar el buen funcionamiento", ha destacado la diputada de Compromís.
"El caso de la CAM es un escándalo a nivel estatal que ha acabado en un rescate que hemos tenido que pagar todos de nuestros bolsillos y, por lo tanto, es necesario que adelantemos en consensos, en transparencia, en dejar de un lado el oscurantismo", ha comentado.
Además ha apostado por "resolver las incógnitas sobre una entidad que hasta hace poco era solvente y elogiada y ha quebrado repentinamente dejando en una situación vulnerable la economía valenciana, alicantina y a todos aquellos que confiaron en la entidad".
Por su parte, Ignasi Bellido ha subrayado la necesidad de resolver "qué ha pasado, ir a aquellos que han actuado de forma absolutamente inmoral y depurar responsabilidades civiles y penales".
Al respecto, Bellido se ha referido al "contexto dramático" actual, en el que "la comunidad educativa y el resto de servicios públicos están viéndose gravemente amenazados". "Es repugnante ver lo que ha pasado con el sistema financiero valenciano, un proceso del que la Generalitat, el PP y el PSOE desde el Consejo de Administración han sido cómplices", ha concluido.
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