El Banco de España duda que Roberto López se adhiriera dentro de plazo al ERE de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España considera que «existen dudas razonables» de que la adhesión del ex director general de la CAM Roberto López al programa de prejubilaciones de la antigua Caja Mediterráneo se realizase dentro del plazo establecido, «aunque formalmente es así», según consta en el expediente que abrió el supervisor a la cúpula y consejeros de la CAM por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, tal como recoge el diario 'Información'.

Roberto López se prejubiló el 29 de junio de 2011, con una indemnización de 5,6 millones. Y según llama la atención el supervisor, la adhesión al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), «no consta en ningún acuerdo de la comisión de retribuciones ni del consejo de administración», ni, al parecer, se encontraba en situación de jornada especial, como habría ocurrido con otros miembros del comité de dirección que entraron en el mismo ERE. Este Expediente de Regulación de Empleo fue aprobado por la Autoridad Laboral el 24 de enero de 2011 y en el mismo se contemplaba como periodo de adscripción el comprendido entre el 25 de enero y el 25 de febrero de 2011.
Dentro de la investigación, en el análisis sobre las retribuciones de la alta dirección, se estima, además, que a los seis miembros del comité de dirección prejubilados se les habría aplicado supuestamente «condiciones económicas distintas, mejores, que al resto de plantilla acogidas al ERE», sobre cuya inclusión en el mismo la inspección expresa sus dudas, ya que en uno de los párrafos hace referencia a que «en el supuesto de que la alta dirección se pueda acoger a un ERE...» El importe total en concepto de prejubilaciones percibido por los integrantes del comité directivo asciende a 15,5 millones.
Estos altos ejecutivos fueron, además de Roberto López, Vicente Soriano, director general de recursos; Agustín Llorca, director general adjunto, Gabriel Sagristá, director territorial, Joaquín Meseguer y Daniel Gil Mallebrera, presidente de empresa participada.
Por otra parte, en el análisis de los documentos aportados por la entidad sobre las retribuciones de la alta dirección, el supervisor considera que «se han cumplido los requisitos legales y de normativa interna aplicables al establecimiento de remuneraciones, salvo en algunos aspectos sobre la retribución variable, la previsión social complementaria y las prejubilaciones.
En el caso de la retribución variable por cumplimiento de objetivos, la investigación dice que «se liquida anticipadamente» el Bono Extraordinario a Largo Plazo (2008, 2009, 2010), «que supuso un importe pagado de 1,3 millones en conjunto para los doce miembros del comité», a pesar de que no se habían cumplido los objetivos fijados para tener derecho a esa cantidad. 

En esta nómina se incluyen los seis ya citados –a excepción de Daniel Gil–, además de Ildefonso Riquelme y Bernardo Chulià, que ocupaban cargos de directores territoriales; José Pina, director general de la secretaría general; Teófilo Sogorb, director de planificación y control; la entonces directora general María Dolores Amorós, así como Francisco Martínez, director general de inversiones y riesgos y el dirrector territorial, Pedro Torres.
Asimismo, la investigación pondría en cuestión la previsión social complementaria para directivos. En este caso, las primas de las 13 personas beneficiarias ascenderían a 31,6 millones de euros.
No obstante, al parecer, se pagaron 57,9 millones de euros al haberse incluido supuestamente de forma «indebida» en el cómputo las retribuciones variables, lo que obligó a regularizar la situación en marzo de 2011 –ya fracasado el proceso de SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura–. Esta regularización, se realizó de «motu propio» por la entidad, según el cita la propia investigación.
En otro apartado del expediente del Banco de España, los inspectores señalan que, cuando el exdirector general de la entidad, Roberto López Abad, dejó este cargo para ocupar un puesto de responsabilidad en el entonces Banco Base (la cabecera de la fusión que la CAM había acordado con Cajastur) pactó que mantendría su salario en el caso de que decidiera volver a la caja. Para que se produjera este regreso bastaba con la voluntad del propio López Abad, sin más condiciones. 

Sin embargo, el documento también señala que, a pesar de su renuncia y su marcha a la cabecera del SIP, el ejecutivo siguió recibiendo de la caja sus retribuciones como director general. Fue en base a este mismo salario cómo se fijó su indemnización el día en que decidió acogerse al plan de prejubilaciones de la CAM.