ALICANTE.- El abogado que representa a la plataforma de afectados por Caja Mediterráneo, Diego de Ramón, se ha dirigido a la titular del Juzgado nº 4 de Alicante, (que el próximo viernes 24 de febrero celebrará el juicio por despido improcedente de la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós), para trasladarle las acciones penales que conoce el Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, según han informado desde la plataforma.
Con ello pretende conseguir que la magistrada suspenda la vista, si lo considera oportuno, por existir una "prejudicialidad penal sobre lo laboral", han añadido.
Asimismo, De Ramón ha contactado con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, para que se pueda personar en dicho procedimiento laboral y si lo considera oportuno suspender la vista, "por ser las causas de despido las mismas que pueden ser causa penal".
Por último, han explicado que el abogado de la plataforma pedirá la suspensión del juicio ya que son las mismas causas que se le imputa a Amorós en la Audiencia Nacional.
Según han manifestado, la Plataforma Cam "tratara de evitar que los responsables se salgan con la suya" e invitan a aquel que lo desee a unirse a ellos en señal de protesta el viernes 24 de febrero a las 10: 00 horas "para que se nos escuche".
La Plataforma ha anunciado además que el próximo martes, 21 de febrero, entregará las firmas recogidas a la Audiencia Nacional e incluirá en ese mismo acto la entrega del expediente admistrativo del Banco de España para que se una a la causa penal contra la cúpula de Caja Mediterráneo.
El portavoz del colectivo, Carlos Pena ha señalado que Amorós tiene un proceso abierto, aunque no está imputada, en la denuncia colectiva presentada por la citada plataforma en la Audiencia Nacional y ha considerado que esta causa penal debe prevalecer sobre la civil y laboral que solicita la exdirectora general de CAM en el juzgado de lo Social de Alicante.
"Amorós está reclamando una causa laboral por despido improcedente, pero está incluida en nuestra causa penal, por lo que pedimos que su vista oral se posponga hasta que se lleve a cabo la nuestra", ha explicado.
"No nos parece justo que con ella ya se haya iniciado todo el proceso (laboral) y que nosotros tengamos que esperar meses para que la denuncia (por vía penal) prospere", ha opinado.
El juicio sobre el procedimiento laboral de Amorós tendrá lugar el próximo día 24 en los juzgados de Alicante y está previsto que pida que su despido de la entidad financiera sea declarado improcedente.
En caso de conseguirse, podría conllevar una indemnización y que se respetase la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de CAM y que fue derogada posteriormente.
Amorós fue despedida el pasado 28 de septiembre por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención de la entidad financiera en julio por el Banco de España.
Si finalmente no se pospone este juicio, tal y como pide la plataforma, sindicatos y afectados se concentrarán a las puertas del juzgado para protestar, ha anunciado Pena.
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado irregularidades en el cálculo de la pensión vitalicia concedida a la exdirectora general de CAM.
Según fuentes jurídicas, Anticorrupción trabaja ahora para aclarar si se trata de irregularidades administrativas o de delitos penales, es decir, si Amorós buscó el beneficio propio al determinar y calcular su pensión, la denominada previsión social complementaria.
Por otro lado, la plataforma CAM ha decidido aplazar la última entrega de firmas adhiriéndose a su denuncia colectiva para poder estudiar si es posible añadir a esta causa el expediente disciplinario abierto por el Banco de España a los exdirectivos de CAM.
De esta manera, la entrega de otras 140 firmas, que se sumarán a las 120 ya registradas el pasado 26 de enero, se realizará el próximo martes junto con los 6.000 euros de fianza que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha requerido para poder iniciar el proceso.
El portavoz del colectivo, Carlos Pena ha señalado que Amorós tiene un proceso abierto, aunque no está imputada, en la denuncia colectiva presentada por la citada plataforma en la Audiencia Nacional y ha considerado que esta causa penal debe prevalecer sobre la civil y laboral que solicita la exdirectora general de CAM en el juzgado de lo Social de Alicante.
"Amorós está reclamando una causa laboral por despido improcedente, pero está incluida en nuestra causa penal, por lo que pedimos que su vista oral se posponga hasta que se lleve a cabo la nuestra", ha explicado.
"No nos parece justo que con ella ya se haya iniciado todo el proceso (laboral) y que nosotros tengamos que esperar meses para que la denuncia (por vía penal) prospere", ha opinado.
El juicio sobre el procedimiento laboral de Amorós tendrá lugar el próximo día 24 en los juzgados de Alicante y está previsto que pida que su despido de la entidad financiera sea declarado improcedente.
En caso de conseguirse, podría conllevar una indemnización y que se respetase la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de CAM y que fue derogada posteriormente.
Amorós fue despedida el pasado 28 de septiembre por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención de la entidad financiera en julio por el Banco de España.
Si finalmente no se pospone este juicio, tal y como pide la plataforma, sindicatos y afectados se concentrarán a las puertas del juzgado para protestar, ha anunciado Pena.
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado irregularidades en el cálculo de la pensión vitalicia concedida a la exdirectora general de CAM.
Según fuentes jurídicas, Anticorrupción trabaja ahora para aclarar si se trata de irregularidades administrativas o de delitos penales, es decir, si Amorós buscó el beneficio propio al determinar y calcular su pensión, la denominada previsión social complementaria.
Por otro lado, la plataforma CAM ha decidido aplazar la última entrega de firmas adhiriéndose a su denuncia colectiva para poder estudiar si es posible añadir a esta causa el expediente disciplinario abierto por el Banco de España a los exdirectivos de CAM.
De esta manera, la entrega de otras 140 firmas, que se sumarán a las 120 ya registradas el pasado 26 de enero, se realizará el próximo martes junto con los 6.000 euros de fianza que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha requerido para poder iniciar el proceso.
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