ALICANTE.- El Banco de España detectó irregularidades en la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) en los cuatro últimos años, y así se lo comunicó a sus directivos a través de una serie de requerimientos que, al no ser atendidos como debían, terminaron con la intervención de la entidad en julio del año pasado con el objetivo de «evitar su colapso» y perjudicar a millones de clientes e impositores.
Los directivos no corrigieron los fallos y la deficiente gestión y en algunos casos incumplieron el requerimiento y las advertencias del supervisor, como ocurrió en marzo de 2011, cuatro meses antes de la nacionalización de la Caja.
El expediente disciplinario abierto por el Banco de España contra a anterior cúpula de la CAM y los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control subraya que la Dirección General de Supervisión realizó «trabajos puntuales de inspección 'in situ' de 2008 a 2011».
Por otra parte, a Fiscalía Anticorrupción está estudiando presentar una querella contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de una pensión vitalicia anual de casi 369.497 euros, según confirmaron fuentes del Ministerio Fiscal.
Las mismas fuentes explicaron que las unidades de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción han analizado la documentación enviada por los interventores del Banco de España en la que figuran las irregularidades por las que el supervisor le impuso un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre.
"Las irregularidades son las que detectó el Banco de España en la carta de despido, se está analizando si existen indicios delictivos", explicaron las mismas fuentes, quienes matizaron que los hechos pueden constituir sanciones administrativas.
Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
En caso de que se determinen posibles delitos, los fiscales encargados podrían presentar una querella individual contra Amorós por estos hechos o unir sus acusaciones a la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra la CAM por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Esta investigación parte de la denuncia presentada por un particular.
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias.
La exdirectora general de la CAM acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.
Por otra parte, a Fiscalía Anticorrupción está estudiando presentar una querella contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de una pensión vitalicia anual de casi 369.497 euros, según confirmaron fuentes del Ministerio Fiscal.
Las mismas fuentes explicaron que las unidades de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción han analizado la documentación enviada por los interventores del Banco de España en la que figuran las irregularidades por las que el supervisor le impuso un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre.
"Las irregularidades son las que detectó el Banco de España en la carta de despido, se está analizando si existen indicios delictivos", explicaron las mismas fuentes, quienes matizaron que los hechos pueden constituir sanciones administrativas.
Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
En caso de que se determinen posibles delitos, los fiscales encargados podrían presentar una querella individual contra Amorós por estos hechos o unir sus acusaciones a la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra la CAM por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Esta investigación parte de la denuncia presentada por un particular.
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias.
La exdirectora general de la CAM acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario