ALICANTE.- El Banco de España instó en diciembre de 2010 a la dirección de Caja Mediterráneo a implantar "una correcta" gestión de créditos y de clasificación de riesgos, tras detectar 1.037 millones de euros de créditos que carecían de dotación.
Así lo ha expuesto el auditor de una firma independiente autora de un informe económico sobre los ejercicios 2010 y 2011 de CAM, en la vista oral que desde esta mañana se sigue en Alicante por la demanda por "despido improcedente" que presentó la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós.
Tras la intervención de CAM por parte del Banco de España, siete meses después, los administradores provisionales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) hallaron otros activos en similar situación de deterioro por valor de 1.147 millones de euros.
El auditor, citado como prueba pericial por el Banco CAM -la parte demandada-, ha explicado que el Banco de España pidió a CAM que contabilizara en sus cuentas "graves defectos" hallados en relación a los créditos, tanto por el nivel de riesgo que presentaban como por su falta de provisiones sobre los mismos.
Este requerimiento fue elevado a la dirección de la entidad alicantina después de analizar cerca de un 30 por ciento de los activos acreditados de la CAM y el nivel de riesgo que la entidad alicantina había marcado para los mismos.
"Créditos que aparecían como normales en años anteriores habían sido clasificados como dudosos o fallidos", ha señalado este economista, quien ha subrayado que "una incorrecta clasificación de los riesgos de los créditos tiene un impacto en la cuenta de resultados".
Según el auditor, Amorós "manipuló" las cuentas, ya que aseguró que en el primer trimestre de 2011 hubo beneficios en el Grupo CAM por valor de 65 millones de euros, mientras que los administradores del FROB detectaron pérdidas por valor de 1.136 millones de euros.
Asimismo, ha subrayado que Amorós realizó varias modificaciones en las bases de cálculo a la hora de complementar los planes de pensiones de los directivos, algunas de la cuales "no pasaron" por los órganos de gobierno de la entidad.
Amorós recibía un sueldo anual de 593.040 euros por su cargo y tenía fijada una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, con una revalorización de entre el 1 y el 2% anual desde su jubilación.
Para calcular esta última cuantía se usó como base su sueldo de directora general y no la retribución fija de los tres año anteriores como había acordado el consejo de administración de la entidad.
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