ALICANTE.- El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este jueves dos mociones conjuntas presentadas por el equipo de Gobierno y el grupo socialista, por las que pide al Gobierno central medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia afectados tanto por las últimas heladas registradas en la Comunitat Valenciana, como por el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos sobre la liberalización del comercio de productos agrícolas y pesqueros.
Así, la Diputación ha acordado solicitar al Gobierno Central instrumentos de compensación para los agricultores y ganaderos que han sufrido los efectos de las últimas heladas como la aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF y la puesta en marcha de créditos bonificados.
Los 'populares' piden, asimismo, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos a todos aquellos municipios de la Comunitat Valenciana donde se hayan registrado heladas, que han afectado a amplias zonas agrícolas de la Comunitat Valenciana, y han comprometido muchos cultivos y repercutiendo de forma importante en las rentas agrarias de agricultores y ganaderos.
"Ante estas circunstancias, entendemos que es una responsabilidad compartida por la administración municipal, autonómica y estatal favorecer la puesta en marcha de aquellos instrumentos que contribuyan al mantenimiento de una actividad que constituye la piedra angular sobre la que se sustenta buena parte de la economía y la realidad sociocultural de nuestros pueblos", destaca el texto.
La otra moción conjunta denuncia los efectos negativos del acuerdo de la Unión Europea (UE) con Marruecos sobre la liberalización del comercio de productos agrícolas y pesqueros y reclama, entre otras medidas, que se revisen las condiciones de aplicación de contingentes y precios de entrada, así como mecanismos compensatorios a los agricultores afectados.
El portavoz del equipo de Gobierno, César Augusto Asencio, ha señalado que este acuerdo agrícola supone "una mala noticia para el campo español y valenciano ya que consolida una situación de competencia desleal".
Ante esta situación, la Diputación insta al Gobierno y a la Unión Europea a que se vigile el cumplimiento de las condiciones del acuerdo para que no se repitan situaciones del pasado en cuanto a las violaciones de los cupos y precios de entrada de productos marroquíes en la Unión Europea.
Asimismo, piden que se establezca en la Política Agrícola Común un marco normativo que exija las mismas condiciones de producción a los alimentos obtenidos en los Estados Miembros que a los procedentes de países terceros para su comercialización en Europa y que se revisen las condiciones de aplicación de contingentes y precios de entrada, así como mecanismos compensatorios a los agricultores afectados.
Durante la sesión plenaria de marzo, el Pleno ha rechazado con los votos mayoritarios del PP, la moción presentada por el grupo socialista, para condenar la actuación policial en la manifestación de estudiantes contra los recortes en educación ante el Instituto Luis Vives.
En esta propuesta, los socialistas también reclamaban la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y del Jefe Superior de Policía en la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno, por la actuación policial en la manifestación de estudiantes contra los recortes en educación ante el Instituto Luis Vives.
En el debate de este punto, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, han remarcado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero deben pedir autorización previa para que la Policía pueda salvaguardar la seguridad".
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, César Augusto Asencio ha subrayado que "no es posible que el derecho a manifestarse implique actuaciones ilegales y violentas, como cortes de calles y ataques a la policía".
El portavoz socialista, Alejandro Soler, ha considerado que "justificar que la policía le pegue a los estudiantes es una actitud fascista y antidemocrática", y ha asegurado que "nunca hay ningún tipo de justificación ni de disculpa" ante esta situación.
Así mismo, el equipo de gobierno también ha votado en contra de la petición de los socialistas de instar al Gobierno Central a la retirada del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
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