MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, que ha presentado un procedimiento penal contra la última cúpula directiva de la CAM, ya aceptada a trámite y en fase de diligencias previas de un procedimiento abreviado, piensa citar en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional a un total de 49 ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM), según han confirmado hoy fuentes de su bufete en Murcia.
Parece que el letrado desea que los ex consejeros de la CAM, de Murcia y Valencia, comparezcan ante el juez Grande-Marlaska para ver de levantar así las tramas de ambas regiones, sobre todas las infracciones, presuntamente penales, que se dejan aflorar en los expedientes sancionadores del Banco de España, y sobre la "voluntad" de estos exconsejeros "en los créditos dados sin garantías, plazos sin amortización e intereses tan bajos como insignificantes".
A juicio del abogado querellante, y representante de la Plataforma de Afectados CAM, "algunos de estos exconsejeros son economistas de alto prestigio designados por Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel" por lo que desea saber sobre los créditos que se dieron ellos mismos, y todos los macrocréditos, incluidos los otorgados a Polaris, Nova Carthago, Hansa Urbana, Terra Mítica, Promociones de El Pocero, los concedidos en México, Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Islas Caimán... así como la trama política de Bancaja, Banco de Valencia y las fincas que políticos de Murcia y Valencia tienen en Polaris, México, Madrid, Roma, Murcia y Valencia".
Precisamente anteayer, el juez Grande-Marlaska aceptó como acusación particular en el procedimiento iniciado de querella criminal a mas de 250 clientes afectados de la CAM, representados por Diego de Ramón, a la vez que anuncia, a los efectos procesales oportunos, el traslado al fiscal de las pretensiones de estas personas de varias provincias.
Reclaman más de cuatro millones de euros en concepto de pérdidas sufridas en sus inversiones de cuotas participativas, deuda subordinada y participaciones preferentes. Y se consideran estafados por los antiguos gestores, como otros 55.000 clientes, al utilizar la CAM información falsa en cuanto a condiciones particulares y situación de beneficios de la entidad.
Coincide esta admisión en el tiempo con la comunicación del Banco de España a Diego de Ramón, donde le responde, como contestación a un requerimiento suyo del pasado 23 de noviembre, que declara pertinente en el expediente abierto a la CAM y sus gestores la prueba propuesta como documental y consistente en los catorce escritos de denuncia remitidos al gobernador por el letrado desde el año 2006 y hasta el pasado mes de agosto.
En esos 14 escritos Diego de Ramón alertaba al Banco de España sobre el deterioro de las cuentas de la caja alicantina y pedía su intervención, por lo que ahora apela a la responsabilidad patrimonial del regulador por incorrecta supervisión en las pérdidas derivadas de la mala gestión de la Caja Mediterráneo y por los supuestos daños que se le habrían causado a él mismo como consecuencia de su funcionamiento respecto a las cajas de ahorro.
La reclamación se amparaba en un informe emitido por la Comisión Europea en 2010, en el que acusa al organismo regulador español de haber fallado en el control de la burbuja inmobiliaria.
En esos 14 escritos Diego de Ramón alertaba al Banco de España sobre el deterioro de las cuentas de la caja alicantina y pedía su intervención, por lo que ahora apela a la responsabilidad patrimonial del regulador por incorrecta supervisión en las pérdidas derivadas de la mala gestión de la Caja Mediterráneo y por los supuestos daños que se le habrían causado a él mismo como consecuencia de su funcionamiento respecto a las cajas de ahorro.
La comunicación señala que los catorce escritos ahora incorporados como prueba fueron rechazados en su momento por el servicio jurídico del Banco de España porque, a su entender, aludían a cuestiones "de carácter reservado".
De Ramón señalaba en su escrito de noviembre que existe un daño ilegítimo, porque las pérdidas derivan de la falta de supervisión de las administraciones públicas sobre la actividad que llevaba a cabo la CAM.
Además, ve un vínculo claro entre la lesión y la institución que la produce, el daño material se puede individualizar y evaluar económicamente, este perjuicio es el resultado directo del anormal funcionamiento del servicio público y no se debe a una causa de fuerza mayor, ya que era una situación previsible y evitable.
Según cita la reclamación, el informe de la Comisión Europea señala que el Banco de España tenía información privilegiada suficiente como para haber tomado medidas que evitaran o aliviaran la burbuja inmobiliaria.
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