Rectores valencianos temen que la subida de tasas provoque abandonos

VALENCIA.- Rectores de las universidades públicas valencianas han abogado por que el incremento de las tasas universitarias se realice de una forma "progresiva" y "con mesura", al tiempo que han expresado su temor de que la subida de hasta 540 euros por la primera matrícula pueda provocar abandonos por parte de los estudiantes. 

   Así, el rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, ha señalado que desde el Ministerio de Educación se ha planteado un incremento porcentual muy importante de las tasas --para hacer que la aportación del estudiante pase del 12-15 por ciento actual, al 25 por ciento-- y ha considerado que la postura de los rectores de las instituciones públicas "no puede ser favorable a una subida tan sustancial" en un momento de crisis.

   En opinión del rector --que ha realizado estas manifestaciones a los medios antes de firmar la donación de obras del artista Javier Calvo--, en todo caso, el aumento "tendría que mantener una progresividad a lo largo de una serie de años y con un incremento también de las becas que asegurase que ningún talento se pierde por falta de recursos económicos".

   "Pero si fuese un escalón tan importante desde el punto de vista del peso porcentual, obviamente, esto tendrá unas dificultades muy serias para ser asumido directamente por las comunidades universitarias", ha augurado Morcillo, que ha insistido en que, "por parte de los rectores de las universidades públicas no cabe esperar más que el apoyo a sus estudiantes y a sus comunidades universitarias".  

   Preguntado por si los responsables universitarios temen que haya abandonos de alumnos con menos recursos económicos, el mandatario de la UV ha comentado que, "si se hay un incremento desde el punto de vista porcentual tan elevado y no va acompañado por una política de becas muy eficiente, claro que se podrían producir abandonos estudiantiles por causas económicas, lo cual no sería deseable". 

"No nos podemos permitir, en un escenario en el que insistimos en el cambio de modelo productivo, el abandono de personas con capacidades en el ámbito universitario público", ha sentenciado.

   Asimismo, se ha mostrado convencido de que próximamente la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, convocará una reunión con los rectores y los vicerrectores de Estudios para valorar la aplicación de las medidas en la Comunitat, ya que "lo que va a plantear el Ministerio, supongo, es una horquilla de posibilidades y cada comunidad tendrá que tomar una decisión final".

   En este sentido, Morcillo ya ha remarcado que esta competencia "recae sobre la Generalitat: las universidades pueden ser oídas pero no son los rectores quienes deciden sino el Gobierno (valenciano), que tendrá que asumir su responsabilidad a este respecto".

   Sobre este asunto, ha puntualizado que "es verdad que la tasas tienen un peso algo distinto según qué comunidad autónoma y que la Valenciana tradicionalmente ha sido de las más bajas del Estado aunque también es cierto que el año pasado se planteó un incremento del 7,5 por ciento, uno de los más altos" del conjunto del país.

   Morcillo se ha referido a la reordenación del mapa de titulaciones y ha manifestado que "a los rectores no les parece mal estudiar una racionalidad mayor". No obstante, ha precisado que hay titulaciones que, aunque tengan una demanda relativamente baja, "no se deben reproducir en muchas universidades pero tampoco deben desaparecer del mapa porque tienen una cierta importancia académica y social".

   Por su parte, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Julià, ha declarado que comparte "la filosofía de las medidas propuestas por el Ministerio pero no el desarrollo" de algunas de ellas, como es el caso de la subida de tasas o la asignación de horario docente.  

   Así, el responsable de la UPV --que ha remarcado que habla a título de rector de la universidad valenciana y no como vicepresidente de la CRUE, ya que la conferencia de rectores españoles aún no se ha reunido para hacer una valoración oficial-- ha reconocido que puede admitirse que "hoy y en el futuro sea necesario revisar los precios públicos". Sin embargo, ha enfatizado que esto ha de hacerse de forma "mesurada" y siempre "indisociable a la mejora de la política de becas para evitar que ninguna familia con hijos que se esfuerzan quede fuera o tenga que abandonar por una situación económica difícil".

   Igualmente, ha señalado que el aumento debe ser menor en la primeras matrículas y mayor a partir de la segunda para "legitimar" la ayuda pública con el rendimiento académico y que los umbrales que se fijen sean más bajos para titulaciones con mayor dificultad, algo que se hace en otros países del entorno.  

   Acerca del riesgo de que el sistema pierda alumnos por motivo económicos, ha opinado que esto pasará "sin duda alguna si no se acompañan estas medidas de un incremento de becas", especialmente, ha dicho, en el caso de los másteres.

   Por lo que se refiere a la asignación horaria, ha apelado al "respeto a la autonomía universitaria" y ha instado a la implantación de un "verdadero sexenio de transferencia". "La gran asignatura pendiente de nuestro sistema no es mejorar nuestra producción científica, que está razonablemente bien, sino la transferencia porque en patentes estamos en el 0,80 por ciento", ha argumentado.

   Por último, Julià se ha mostrado de acuerdo con otras acciones abordadas en la Conferencia General de Política Universitaria, como la estabilidad presupuestaria y una mejor ordenación y ajuste de la oferta y la demanda en el mapa de titulaciones.

   Por otra parte, a Esteban Morcillo se le ha preguntado por un informe del Tribunal de Cuentas que alude a las condiciones de prejubilaciones de catedráticos. El rector ha apuntado que esa política no existe ya en la Comunitat. "En la Universitat se suprimió al principio del actual mandato rectoral porque se entendió que no era viable desde el punto de vista económico pero tampoco razonable desde un punto de vista social".  

   Ha agregado que esta política "existió en muchas universidades publicas españolas en un contexto que hay que entender, puesto que no se planteó como una especie de ventaja corporativa sino para poder facilitar acceso a plazas de profesorado de personas más jóvenes y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior".