VALENCIA.- Los miembros del Consejo de Administración de
la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR),
incluido su presidente y director general, presentarán el lunes su
dimisión en la junta general que celebrará la entidad, en la que se
aprobará la ampliación de capital que supondrá la entrada de hasta 60
millones por parte de la Generalitat para cumplir con los requisitos de
solvencia marcados por Bruselas.
Así lo han anunciado el presidente de la SGR, José Roca, y su
director general, Juan Manuel García Puchol, en un encuentro con los
medios en el que han expuesto el plan de capitalización desarrollado
durante los últimos meses para adaptarse a la normativa europea, en la
que han precisado que esta decisión no se debe a presiones externas,
sino a que ha llegado "el fin de una etapa" y es tiempo ahora de "dejar
las puertas abiertas" para la entrada de un nuevo equipo directivo.
El director general ha destacado que "ni el Banco de España ni la
Generalitat valenciana han pedido a la sociedad ni al Consejo de
Administración ninguna dimisión", sino que han sido los miembros de este
órgano quienes "han decidido que se ha finalizado una etapa", que ha
calificado de "importantísima" para adaptar la SGR al nuevo escenario
económico y financiero y conseguir que "pueda seguir funcionando".
"Todas las veces he sido reelegido por unanimidad y siempre antes
he puesto mi cargo a disposición si era oportuno. Hasta hoy, nunca jamás
ningún consejero ha pedido mi dimisión", ha indicado el presidente de
la SGR, quien ha detallado que durante su dilatada trayectoria en la
entidad ha hecho "el máximo esfuerzo posible por defender a la economía y
a las empresas valencianas".
Una vez se formule esta dimisión, será competencia de los miembros
de la junta general elegir a los nuevos consejeros, que reunidos en
Consejo de Administración deberán nombrar nuevo presidente.
Además, se prevé reducir a un máximo de 17 el número de
consejeros, que en la actualidad asciende a 37, para aumentar la
operatividad del órgano. García ha explicado que este número de
consejeros se debía, históricamente, a la necesidad de dar cabida a las
diferentes entidades presentes en la SGR, aunque en la práctica la mayor
parte de sus funciones se delegaron en una comisión ejecutiva compuesta
por 15 o 16 miembros.
Ahora, la reducción del número de consejeros permitirá unificar
estos dos órganos y "optimizar" los recursos, ha apuntado el director
general, quien ha insistido en que esta decisión no se ha tomado por
"imposición" del Banco de España.
Del mismo modo, ha negado que el regulador impusiera el cambio de
la auditora de la SGR, Moore Stephens Ibérica, y ha señalado que ésta
fue elegida en su día por su relación calidad-precio, sin tener nada que
ver el hecho de que trabajara en ella el hermano de un trabajador de la
SGR, que ejerce como letrado asesor y que "no tiene ninguna
responsabilidad en la firma".
El punto principal del orden del día de la junta será la
aprobación de la ampliación de capital de la SGR, a la que la
Generalitat, como primer socio protector de la entidad, acudirá con una
aportación de hasta 60 millones de euros, de los que 14 millones irán
destinados al Fondo de Provisiones Técnicas y los 46 restantes, a
capital protector.
La SGR necesitaba para adaptarse a la nueva normativa bancaria
europea provisionar unos recursos propios 36 millones de euros, aunque
desarrolló un plan de capitalización para incrementar en 60 millones sus
recursos y generar un excedente de solvencia que permitiera "caminar
durante los próximos años y tener margen de maniobra", ha explicado
García.
Así, la primera fase consistía en aumentar del 4 al 8 por ciento
de media la aportación de las empresas partícipes a la hora de pedir un
aval, la segunda en conseguir 30 millones de euros de la Generalitat
--15 de ellos aprobados en 2011 y pendientes de desembolso, y otros 15
presupuestados en 2012-- y la tercera, recaudar 30 millones de las
entidades de crédito colaboradoras, principalmente Bancaja, CAM y cajas
rurales.
Ante los "retrasos" en las aportaciones por parte de la
Generalitat y las entidades colaboradoras y la necesidad de cumplir con
los plazos legales en cuanto a recursos propios, la SGR convocó de forma
"preventiva" una junta general para el 30 de abril en la que se
contemplaba la posibilidad de reducir capital para cumplir con las
exigencias si antes no se había conseguido la ampliación.
Aunque en la convocatoria se especificaba que si no se daban
ninguna de estas dos operaciones se procedería a su disolución, el
director general ha precisado que se trata de una cuestión legal, pero
que "la sociedad en ningún momento se planteaba la disolución".
Finalmente, la Generalitat acordó el pasado 29 de marzo inyectar
hasta 60 millones en la SGR, con lo que pasará a controlar el 40 por
ciento de la SGR, frente al 11 por ciento actual. En total, los socios
protectores --entre ellos el Consell-- tendrán el 45 por ciento y los
partícipes, las empresas que acuden a la sociedad, el 55 por ciento.
García ha señalado que con esta ampliación, el coeficiente de
solvencia resultante será del 10,1 por ciento, por encima del 9 por
ciento exigido, lo que permite contar con "un margen de seguridad" para
los próximos años, ya que prevén aún "3 o 4 años con escenarios de
incertidumbre".
"Seremos, incluso, la entidad financiera autóctona de la Comunitat
Valenciana, ya que todo su capital y sus socios son de la propia
comunidad", ha apuntado el director general.
Preguntados por el desarrollo de la tercera fase del plan, que
contemplaba la captación de recursos entre entidades de crédito, los dos
directivos han explicado que se mantuvieron contactos con Bankia,
aunque no se realizó ninguna propuesta formal, al satisfacerse las
necesidades con la aportación de la Generalitat, que según Roca, "disipa
todos los problemas sobre la continuidad de la sociedad".
García ha explicado, no obstante, que Caja Madrid tiene una
aportación de 16 millones en AvalMadrid, por lo que hay "argumentos
suficientes" para que Bancaja realice esa misma aportación a la SGR tras
la fusión de ambas en Bankia. No obstante, no se ha querido "forzar la
situación" al haber superado el objetivo de la mano de la Generalitat,
aunque esta fase podría desarrollarse en un futuro si así lo acuerda el
consejo resultante de la próxima junta general.
En cuanto a los resultados de la SGR del pasado ejercicio, su
director general ha señalado que se han registrado unas pérdidas
contables de 55 millones, una cifra que se ha visto afectada por la
necesidad de realizar dotaciones por importe de 67 millones, de los que
36 se han realizado para adaptarse a la normativa europea y los 31
restantes han sido dotaciones normales, la mayor parte de las cuales
derivadas de causas subjetivas, como el deterioro de la empresa o
pérdidas continuadas.
Asimismo, el margen de explotación ha sido de 10,9 millones de
euros, se han formalizado avales por importe de 263 millones y la tasa
de morosidad es del 9,8 por ciento, en torno a 1,5 puntos por encima de
la de cajas y bancos, un diferencial "excelente" debido al mayor riesgo
de las operaciones de la SGR. Por su parte, la cobertura de la morosidad
es del 98 por ciento.
En términos sociales, un total de 510 empresas se han beneficiado
de los avales concedidos por la SGR, se ha inducido una inversión de 260
millones y se ha permitido la creación de 1.737 nuevos empleos.
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