MADRID.- El Congreso de los Diputados va a aplazar, por segunda vez en tan solo un año, el debate sobre la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana con la que se pretende condicionar las inversiones del Estado en esa comunidad al peso de la población, que tiene su origen en la conocida como 'cláusula Camps', y que se había incluido como primer punto del orden del día del Pleno que arranca este martes.
El debate de esta reforma estatutaria estaba pendiente desde la anterior legislatura y su nuevo aplazamiento, igual que el anterior, ha sido solicitado por las Corts Valencianes. Se hará efectivo en la reunión que mantendrá este martes la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.
Fue el pasado miércoles, al día siguiente que se decidiera la fecha del debate, cuando el presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, envió una carta al del Congreso, Jesús Posada, pidiendo el aplazamiento.
En ese escrito, Cotino explica que la Cámara valenciana sigue sin haber designado a la delegación de diputados que tendría que defender la iniciativa en el hemiciclo del Congreso.
Dado que deben ser elegidos por el Pleno de las Corts y que éste no tiene previsto reunirse hasta el próximo 25 de abril, Cotino demanda que el debate de la reforma estatutaria se deje para una próxima sesión plenaria de la Cámara Baja, que como pronto ya habría de ser en mayo.
Se trata del segundo aplazamiento de la misma iniciativa en el plazo de un año. La otra vez fue en abril de 2011; entonces el Congreso también puso fecha para discutirlo, pero la Cámara autonómica pidió dejarlo en suspenso puesto que iba a coincidir con la precampaña de elecciones autonómicas que se celebraron en mayo y el Parlamento valenciano ya se había disuelto.
Atendiendo a este requerimiento, la Cámara Baja aplazó el debate y, dado que las reformas de los Estatutos de Autonomía no caducan al finalizar una legislatura, el texto quedó 'vivo' cuando se disolvieron las Cortes a finales de septiembre de 2011.
La reforma en cuestión, que recibió el apoyo de PP, PSPV y Compromís y la abstención de EUPV, parte de la denominada 'cláusula Camps' que se incluyó en la reforma estatutaria de 2006 a instancias del entonces presidente valenciano, Francisco Camps, para garantizar que la comunidad modificaría su texto si se veía perjudicada por los Estatutos que estaban negociando entonces las demás comunidades.
Cinco años después, y tras los Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Baleares y Extremadura, junto con buena parte de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos procesos, el 9 de marzo de 2011 la Comunitat Valenciana aprobó una proposición de ley de reforma estatutaria para reclamar al Gobierno central que tuviera en cuenta el peso de la población en sus inversiones por un periodo de siete años y para crear una comisión bilateral para negociar estas inversiones.
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