ALICANTE.- La Plataforma CAM ha pedido a la Audiencia Nacional el embargo tanto
de cuentas como de propiedades que sociedades participadas por Caja
Mediterráneo pudieron haber vendido a moradores físicos de Murcia y la
Comunidad Valenciana a través de testaferros en las sucursales que CAM
tenía en Centroamérica.
Esta petición también recoge la necesidad
de rastrear acciones, cuentas corrientes, depósitos y valores que
"presuntamente puedan tener financieros, políticos valencianos y
murcianos -a nombre de sociedades piramidales interpuestas-,
fideicomisos, testaferros, fundaciones o empresas creadas para tal fin"
en dichas sucursales.
La iniciativa ha sido presentada por el
abogado Diego de Ramón a través de un escrito de ampliación de embargo a
las medidas ya solicitadas por la Plataforma en su querella popular, "a
la que ya se han sumado más de 400 afectados", según ha apuntado el
letrado.
De Ramón, que ha facilitado a los medios este escrito, asistió ayer tarde a una asamblea celebrada en Alicante con afectados
por las cuotas participativas y participaciones preferentes de CAM, a
los que ha informado de la situación jurídica de la querella popular
presentada en la Audiencia Nacional el pasado 6 de marzo.
Su
petición de embargo tiene como fin lograr que los afectados obtengan una
compensación económica a través de la responsabilidad patrimonial que
pudiera tener CAM.
Por ello, pide que los posibles embargos que se
ejecuten se pongan a disposición de la Audiencia Nacional, la cual
tendrá que dar cuenta al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de
Capitales en el Banco de España.
En su escrito, el letrado informa que CAM estaba presente en EE.UU. (CAM Miami Agency), Islas Caimán (CAM Global Finance), México (CAM México) y República Dominicana (CAM República Dominicana).
"...Para
resumir la operatoria entre CAM y sus participadas, la entidad tiene
que operar necesariamente con oficinas locales en los sitios donde va a
realizar sus inversiones, que casualmente son paraísos fiscales o las
ilegales 'zonas francas' como les llaman algunos anglosajones", según
recoge textualmente el documento.
En este sentido, se añade que "para operar en la zona del Caribe y Centroamérica, necesariamente necesita tender puentes con el Reino Unido y Holanda (Islas Caimán), Estados Unidos (Miami)" y para ello "se valió" de otras entidades bancarias no españolas.
Además,
apunta como necesario que en el rastreo digital de cuentas y
propiedades inmobiliarias colabore la Policía Federal Mexicana de
Finanzas y la de Florida.
Por lo que respecta a los afectados, De
Ramón ha manifestado que residentes alemanes, británicos, franceses,
holandeses y belgas, propietarios de cuotas participativas o de
participaciones preferentes, también se han sumado a la querella.
"Ya
no son intereses nacionales, son europeos, y los jueces serán más
celosos en el cumplimiento de sus obligaciones, pues tienen que
preservar intereses internacionales, incluso con mayor celo que los
nacionales", ha afirmado el letrado.
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