ALICANTE.- El magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Climent ha dictado un
auto en el que ha decidido mantener la imputación del exalcalde de
Torrevieja y diputado en las Corts, Pedro Ángel Hernández
Mateo, tras concluir la fase de instrucción abierta por los delitos de
prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.
Climent, en un auto de fecha de este martes contra el que cabe
recurso, ha acordado dar por terminadas las diligencias previas del
procedimiento abierto contra Hernández Mateo, da traslado a las partes
para que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral y
formulen escrito de acusación o bien pidan el sobreseimiento de la
causa o la práctica de diligencias complementarios en relación con el
imputado.
Según consta en el auto, en este caso se desprenden una serie de
hechos que llevan de forma indiciaria a considerar que el proceso de
adjudicación de contrato del servicio de recogida de residuos sólidos,
transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y matenimiento de
Torrevieja, "pese a su apariencia de regularidad, puede resultar
indiciariamente arbitrario" y, por tanto, llevar a una resolución
"injusta" de la adjudicación".
Asimismo, apunta que el proceso de adjudicación del contrato de
consultoría de los informes externos sobre la adjudicación finalmente
producida sobre ellos, pese igualmente a la apariencia de regularidad,
"puede resultar indiciariamente arbitrario e injusto" y en la propuesta
de adjudicación y en el decreto de adjudicación del contrato de
consultoría "se hacen afirmaciones de hecho, cuales son las consultas a
dos despachos acerca del propio contrato de consultoría, que
indiciariamente no se produjeron y que dan apariencia de regularidad al
proceso de adjudicación" del contrato.
En este sentido, el magistrado estima que Hernández Mateo es
responsable indiciariamente de los hechos, porque propuso y adjudicó el
contrato de consultoría, haciendo constar unas consultas con empresas
que no se habían producido, propuso y adjudicó directamente los informes
de consultoría externos a una firma de abogados que había mantenido
relaciones profesionales con las adjudicatarias del contrato del
servicio de recogida de residuos sólidos y demás, y utilizó el informe
resultante para "obviar" los informes técnicos, económicos y jurídicos
de los propios servicios municipales que se oponían a la adjudicación y
llevar a la Comisión del Ayuntamiento, a la junta de Gobierno y a la
Mesa de Contratación, que aprobó la adjudicación.
Asimismo, Climent ha decretado el sobreseimiento provisional de la
causa contra la funcionaria del Ayuntamiento de Torrevieja y jefa del
Servicio de Contratación, Pilar García, que había sido imputada en el
caso. Según consta en el auto, de acuerdo con las declaraciones que se
han producido, esta trabajadora no tuvo otra intervención en los hechos
"más allá del cumplimiento de las órdenes que se le transmiten" y
carecía de capacdidad decisoria y de la propuesta en lo referente a las
adjudicaciones.
La causa contra el exalcalde de Torrevieja se abrió en 2007 tras
una denuncia del concejal de Los Verdes, José Dolón, por presuntas
irregularidades en la adjudicación del contrato del servicio de recogida
de residuos sólidos, transporte y vertedero, limpieza viaria y limpieza
y mantenimiento del término municipal de Torrevieja, contratación
efectuada en 2004 por un importe de 9,7 millones de euros.
Tras la denuncia, el juzgado nº de 4 de Torrevieja abrió una
investigación que luego remitió al TSJCV debido a la condición de
aforado de Hernández Mateo. En concreto, el magistrado ha instruido las
diligencias por la adjudicación de la contrata, presuntamente irregular,
y la presunta contratación irregular de un informe externo sobre la
contratación de este servicio.
El exalcalde también está imputado en otras dos causas más, una de
ellas relativa a un presunto delito de tráfico de influencias, por la
plusvalía que supuestamente obtuvo con la compraventa de una finca
rústica y que podría ascender a más de cinco millones de euros.
También está imputado por un presunto delito electoral, cometido
en mayo de 2011 en la campaña electoral de los últimos comicios
autonómicos, tras una denuncia del PSPV contra los 'populares' que
celebraron un acto en un recinto que había sido prohibido por la Junta
Electoral Provincial de Alicante.
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