VALENCIA.- La presidenta de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, se ha reunido este
martes con once de los alcaldes de los municipios a quienes el Gobierno
central no les ha aprobado su plan de ajuste y ha acordado con ellos
estudiar la problemática de cada caso y reivindicar ante el Ministerio
de Hacienda una ampliación del plazo para cumplir los objetivos del
déficit, a 20 años.
Así lo ha anunciado tras una reunión con los primeros ediles de
los municipios de Albaida, Alboraia, Énova, Senyera, Almoines,
L'Alcúdia, Bellús, Llaurí, Silla, Atzeneta de Albaida, en la que todos
han expresado su "temor" ante la posibilidad de que se les aplique una
disposición adicional de la Ley de Presupuestos en la cual, al no
disponer o no aprobarse su plan de ajuste, se les puede aplicar "una
reducción, compensación automática del 50% de las transferencias que se
realizan a los ayuntamientos como participación en los Tributos del
Estado".
De hecho, el consistorio de Silla ya ha recibido una
comunicación oficial de que se le va aplicar, ha asegurado Bastidas,
quien ha subrayado que hay una "preocupación latente" entre los
ayuntamientos que se lleve a cabo esta "intervención indirecta" en sus
cuentas, ya que de producirse, ha alertado, provocaría un "serio
problema de falta de liquidez que va a hacer imposible, y cuando digo
imposible lo quiero poner entrecomillado y en mayúscula, --ha
remarcado--, pagar las cuestiones más perentorias, y me estoy refiriendo
a pagar nóminas".
Frente a este escenario, la FVMP reclamará al Ministerio de
Hacienda que prorrogue el plazo de diez años que ha dado a los
municipios para cumplir con los objetivos del déficit hasta los veinte
años, y solicitará el apoyo de la Federación Española de Municipios y
Provincias en esta reivindicación.
Bastidas, que ha calculado que habrá alrededor de una treintena de
municipios de la Comunitat que no han presentado o a los cuales no se
les ha aprobado el plan de ajuste, ha precisado que la problemática de
cada uno de ellos es diferente y que por tanto necesitarán soluciones
distintas.
Por ejemplo, "el Ayuntamiento de Alboraia tiene el nivel de deuda
más alta por habitante y su problemática no igual que el de Silla, que
ha presentado un plan de ajuste en el pleno de la corporación, que ha
sido rechazado por la oposición". "En el caso de Bellús, que no llega a
mil habitantes, no dispone de medios técnicos para elaborar un plan de
ajuste en condiciones" y se le ha ofrecido la ayuda de la FVMP para
diseñarlo.
Así, Bastidas ha defendido que "ante distintas problemáticas deben
ponerse encima de la mesa distintas soluciones", tal y como prevé
trasladar al Ministerio de Hacienda. Para los ayuntamientos de Alboraia y
Albaida, además, la FVMP hará una gestión en paralelo ante la
Conselleria de Hacienda para plantear una refinanciación de sus
préstamos, una "cuestión absolutamente perentoria" para ellos.
El plazo de la "repesca" para aquellos ayuntamientos que no han
aprobado o no han presentado hasta la fecha su plan de ajuste, acaba el
próximo 24 de junio y la evaluación será el 5 de julio, ha recordado
Bastidas y se ha mostrado "esperanzada" en que las gestiones que
realizará la FVMP hasta entonces tengan su resultado y ha garantizado
que va a "luchar con uñas y dientes" para aliviar la "situación de mucha
angustia y mucho desazón" de estos consistorios.
En cualquier caso, ha lamentado que "a fecha de hoy hay una falta
de información notable, de la normativa y lo que es más preocupante, de
las consecuencias de la no aprobación de este plan de ajuste" en este
segundo período".
Por su parte, la alcaldesa de Senyera, Pilar Alandes, cuyo plan de
ajuste no ha tenido el beneplácito del Ministerio, ha insistido en que
si le quitan la participación de los Tributos del Estado no podrán hacer
frente a las nóminas y "en dos o tres meses no tendríamos liquidez".
En la misma línea, la primera edil de Bellús, Susana Navarro, cuyo
plan tampoco ha pasado la primera valoración, ha señalado que cuando
entró a gobernar en junio del año pasado, se encontró con una deuda de
422.000 euros, de los que pendiente de cobro hay unos 100.000 euros.
Cerca de "300.000 euros de deuda en un municipio de 385 habitantes
es inviable pagarla en diez años, porque no vamos a generar suficiente
ahorro para poder atender la deuda. Necesitamos más tiempo porque en
nuestro caso no podemos subir más los impuestos porque ya están pagando
unos impuestos elevadísimo, lo único que nos queda es pedir más plazo",
ha concluido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario