MADRID.- El Gobierno español está ultimando una reforma
administrativa para delimitar de forma precisa las competencias de los
ayuntamientos que aspira a modificar radicalmente la prestación de los
servicios municipales, dentro de sus esfuerzos por cumplir los objetivos
de déficit y racionalizar el gasto público.
Esta reforma de la ley del régimen local, que tendrá
continuidad en otra esperada modificación de la financiación municipal,
pretende despejar la actual maraña de instituciones en este ámbito y
entre sus principales objetivos está el de impulsar la fusión de los
ayuntamientos más pequeños.
Con estos cambios, el Gobierno confía en lograr ahorros
de unos 3.500 millones de euros el próximo año, una pieza más de su
activa estrategia para reducir drásticamente el déficit público desde el
8,5 por ciento de 2011 al 5,3 por ciento este año y al 3 por ciento en
2013.
Los ayuntamientos, muchos de los cuales están en una
"situación crítica" según el Ejecutivo, supusieron un 0,4 por ciento del
déficit total del año pasado, y deben reducir una décima esa cifra este
año y llevarla a cero el siguiente.
Aunque las fusiones de ayuntamientos tendrán un
carácter voluntario, podrían ser inevitables para muchos, si tienen
dificultades para cumplir en solitario con una serie de criterios de
eficiencia en función de su población - aún por definir - a la hora de
prestar servicios como la recogida de basura, el alcantarillado o el
abastecimiento de agua.
Estas exigencias les abocarán según el Gobierno o a
unirse a otro municipio o a delegar directamente esas funciones en las
diputaciones provinciales, unos organismos que saldrán claramente
reforzados de la reforma en marcha.
"Se trata de primar la austeridad, aumentando la
eficacia y eficiencia y evitando duplicidades para no despilfarrar
recursos en la administración pública", dijo esta semana el secretario
de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuyo
departamento pretende tener cerrada este mismo mes la propuesta de
reforma.
Los cambios pretenden también enviar un mensaje de
orden en el complejo mapa político español, en el que conviven más de
8.100 municipios, medio centenar de diputaciones provinciales, una
decena de cabildos o consejos insulares, e innumerables entidades de
ámbito local, además de las consabidas 17 comunidades autónomas.
El mapa municipal español se caracteriza además por una
gran fragmentación, donde el 84 por ciento de los municipios tiene
menos de 5.000 vecinos y sólo un 5 por ciento tiene más de 20.000
habitantes.
"La reordenación municipal es algo inevitable. Es hora
de que reconozcamos que no todos los ayuntamientos son capaces de llevar
cuentas ordenadas, de prestar servicios de modo eficiente a sus
ciudadanos", señaló Beteta, que ha asegurado que el Gobierno quiere
hacer la reforma con consenso y de la mano de las comunidades autónomas.
Según una encuesta realizada por la Fundación de Cajas
de Ahorro (FUNCAS) conocida esta semana, el 62,5 por ciento de los
españoles estaría a favor de la fusión de municipios, un camino aún por
explorar que han iniciado dos corporaciones gallegas, las de Cesuras y
Ozas del Río.
Sin embargo, esta no es la opción preferida de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha enviado al
Gobierno sus propias propuestas de reforma, en las que se inclina por
una cesión de competencias a entidades mayores por parte de las
corporaciones más pequeñas, en lugar de por uniones o fusiones de las
mismas.
Los municipios - que según datos del Banco de España
acumulaban a finales de 2011 una deuda de 35.420 millones de euros - se
financian con el cobro de tributos y tasas, mediante las transferencias
que reciben de otras administraciones y a través del endeudamiento. La
crisis económica ha supuesto que esas tres vías se hayan visto
drásticamente reducidas.
En este contexto, numerosos ayuntamientos están
sufriendo para pagar a sus empleados públicos y tienen cientos de miles
de facturas pendientes de cobro por servicios, lo que llevó al Gobierno
central al salir al rescate - para evitar también una quiebra masiva de
pequeñas empresas - con un plan de pago a proveedores.
Sin embargo, de los más de 4.600 municipios que
quisieron acogerse a este plan, 2.000 de ellos no llegaron a presentar
los planes de ajustes necesarios para recibir la financiación del
Gobierno.
Y de los que los presentaron, unos 300 recibieron una
valoración negativa. Uno de Guadalajara llegó a presentar un plan por el
que necesitaría 7.058 años para poder saldar su deuda, algo calificado
de "escalofriante" por parte de Beteta.
El origen del problema se encuentra tanto en años de
mala gestión como en la prestación por parte de los ayuntamientos de
servicios para los que no cuentan con financiación por corresponder en
un principio esas funciones a las comunidades autónomas, enfrascadas por
su parte en su particular vía crucis de contención del gasto.
Esas llamadas "competencias impropias", que suponen el
26 por ciento de todos los gastos de los ayuntamientos según un informe
del Instituto de Economía de Universidad de Barcelona, es lo primero que
se quiere suprimir.
Dentro de la revisión del mapa de atribuciones entre
administraciones que ha emprendido el Gobierno, se prevé que los
ayuntamientos más pequeños pierdan competencias, pero la situación podrá
suponer todo lo contrario para las corporaciones de mayor tamaño, que
podrían recibir funciones - y financiación - que ahora recaen en las
comunidades autónomas.
También tendrán un papel reforzado las diputaciones
provinciales, a las que el Gobierno quiere dar "más músculo técnico y
financiero" que garantice la prestación de determinados servicios
asumiendo la labor que en algunos puntos de España desempeñan las
mancomunidades, que podrían estar llamadas a desaparecer.
El papel de las diputaciones - instituciones cuya
función es gestionar los intereses económico-administrativos de las
provincias - ha estado sin embargo en cuestión en los últimos meses, y
líder del Partido Socialista ha llegado a asegurar que son unos
organismos que "sobran", lo que podría dificultar el consenso al que
aspira el Gobierno con la reforma.
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