ALICANTE.- Los
administradores provisionales de Caja Mediterráneo (CAM) designados por
el FROB han encargado a la auditora Deloitte un amplio informe sobre
las presuntas irregularidades registradas en las empresas participadas
por el Grupo CAM a través de la sociedad Tenedora de Inversiones y
Participaciones (TIP).
Según
este informe, al que ha tenido acceso el diario Abc, el grupo hotelero Valfensal
—en el que CAM posee el 30% de las acciones— utilizó una empresa
instrumental con sede en las Antillas Holandesas para pagar en una
cuenta suiza una comisión de 10,3 millones de dólares (unos 7,8 millones
de euros), por la compra de una parcela que valía la mitad: 5,2
millones de dólares (3,9 millones de euros).
Con
el objetivo de alcanzar una posición estratégica en el sector
turístico, el Grupo CAM —a través de TIP— adquirió en 2004 el 30% del
accionariado de Valfensal, que tenía ambiciosos planes para comprar y
construir varios complejos hoteleros en la Riviera Maya (México), Punta
Cana (Santo Domingo) y Cuba.
Uno
de los primeros proyectos que los responsables de Valfensal, Juan Ferri
Guardiola y José Baldo Llorens, propusieron a la caja de ahorros fue la
compra de una parcela edificable situada en primera línea de mar de
Playa Bávaro, en Punta Cana, con el fin de construir un complejo
hotelero de 5 estrellas con 700 habitaciones.
Para llevar a cabo
esta operación, la CAM aprobó en septiembre de 2004 la concesión de un
crédito de 16,5 millones de dólares a Valfensal. La operación de compra
venta se formalizó seis meses después: el 30 de marzo de 2005 una de las
filiales de Valfensal, Tulcani Comercial SA, adquirió la parcela al
Grupo Dominico Catalán por un importe de 5,2 millones de dólares.
Pero
tan sólo 24 horas antes, otra de las filiales de Valfensal, JacksonPort
Corporation, había pagado otros 10,3 millones de dólares a la sociedad
Caribbean Holiday Investment Corp en concepto de «opción de compra»
sobre los mismos terrenos. Es decir, que la parcela le costó realmente
al grupo hotelero participado por la CAM 15,5 millones de dólares.
El
informe elaborado por Deloitte destaca que JacksonPort, la empresa
instrumental utilizada por Valfensal para pagar la opción de compra, es
una sociedad opaca domiciliada en las Antillas Holandesas, un territorio
que opera como un paraíso fiscal. En cuanto a la empresa que recibió
los 10,3 millones de dólares, Caribbean Holiday Investment Corp, tiene
su sede en Panamá.
El
pago se efectuó mediante dos transferencias bancarias: una de un millón
de dólares en la cuenta CH0408661395025010000 del Rothschild Bank AG de
Zurich (Suiza) y los 9,3 millones de dólares restantes, en la cuenta
CH0408661395025090000 de la misma entidad. Siempre según el informe de
Deloitte, la titular de ambas cuentas es la empresa panameña Caribbean
Holiday Investment Corp.
Aunque
este pago de 10,3 millones de dólares se declaró oficialmente como
«opción de compra» sobre los terrenos, la auditora lo califica como una
comisión «por intermediación en la compra de los terrenos» cuyo valor se
había fijado en una cifra muy inferior: 5,2 millones de dólares.
En
el análisis realizado por encargo del FROB, Deloitte destaca que CAM
aprobó el préstamo para llevar a cabo la compra de la parcela hotelera
pese a que carecía de la información básica —como estudios de mercado,
tasaciones y estudios jurídicos— sobre los detalles de la operación
urbanística.
Los auditores señalan asimismo que los responsables del grupo matriz de CAM, TIP, apenas conocían los detalles de los proyectos emprendidos por su empresa participada Valfensal, que eran tutelados personalmente por el director general de la caja, Roberto López Abad, y su director general de inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, en permanente contacto con Juan Ferri Guardiola.
Los auditores señalan asimismo que los responsables del grupo matriz de CAM, TIP, apenas conocían los detalles de los proyectos emprendidos por su empresa participada Valfensal, que eran tutelados personalmente por el director general de la caja, Roberto López Abad, y su director general de inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, en permanente contacto con Juan Ferri Guardiola.
Alguien puede ir a la cárcel
El
desembarco de Caja Mediterráneo (CAM) en el grupo hotelero Valfensal,
con la compra del 30% de sus acciones, le abría nuevas posibilidades de
negocio en un sector estratégico como el turismo en los mejores destinos
del Caribe. Pero también se convirtió, muy pronto, en un quebradero de
cabeza para los responsables de la caja de ahorros.
Las
dificultades llegaron en 2007, cuando la firma que habitualmente audita
las cuentas de la CAM y de su grupo matriz TIP señaló la necesidad de
llevar al régimen de transparencia fiscal la filial de Valfensal
JacksonPort Corporation, la sociedad domiciliada en las Antillas
Holandesas utilizada para abonar la comisión de 10,3 millones de dólares
en una cuenta de Suiza.
En
un correo electrónico dirigido el 3 de octubre de 2007 al director
general Roberto López Abad, el director general de inversiones
inmobiliarias de CAM, Daniel Gil, relató la resistencia que había
encontrado en el responsable de Valfensal, Juan Ferri, para cumplimentar
este trámite. En su mensaje, al que ha tenido acceso el diario Abc, Gil explica
que la auditora había advertido que cerraría su informe anual del grupo
TIP con salvedades, debido a la situación de la filial antillana.
«En estos momentos, eso puede ser terriblemente negativo», indica el responsable de inversiones inmobiliarias de CAM, «he hablado con Juan Ferri que está en México y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras). Voy a intentar que los auditores esperen hasta el lunes que llega Juan, y junto con el bufete Garrigues encuentren una solución».
«En estos momentos, eso puede ser terriblemente negativo», indica el responsable de inversiones inmobiliarias de CAM, «he hablado con Juan Ferri que está en México y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras). Voy a intentar que los auditores esperen hasta el lunes que llega Juan, y junto con el bufete Garrigues encuentren una solución».
En
su «email» dirigido a López Abad, que ha sido incorporado al informe de
Deloitte, Daniel Gil dejaba entrever el nerviosismo que había creado
esta situación, pues al día siguiente recibía precisamente la visita de
los representantes de la agencia de calificación de riesgos
Standard&Poors.
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