MADRID.- Varios expertos nacionales e internacionales
en salud y políticas farmacéuticas han criticado este jueves que el
Gobierno de Mariano Rajoy vaya a impedir la sanidad y el uso de los
medicamentos a los inmigrantes y han recordado que la salud es un
derecho y no "un privilegio" que se adquiere en función de una condición
legal.
El Ejecutivo español ha aprobado recientemente un Real Decreto
en el que, entre otras medidas, se incluye la adaptación de la
normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el Sistema
Nacional de Salud (SNS) con la que se pretende acabar con el turismo
sanitario en España que, según sus datos, ha causado un gasto de 917
millones de euros.
Además, se ha modificado el artículo correspondiente de la Ley
de Extranjería con el fin de clarificar qué es lo que da derecho al
aseguramiento, de tal modo que quienes vienen de otros países garanticen
que las personas que traen pagan sus impuestos en España.
Unas medidas que, a juicio del docente y experto en
Cooperación para el Desarrollo en el campo de la Salud José María
Torres, no son justas ya que el acceso a la sanidad y a los medicamentos
es un "derecho" de todo ciudadano sea del país que sea.
"Estamos en contra de que se le puedan negar tanto la atención
sanitaria como la farmacéutica o la sociosanitaria a los inmigrantes
por el mero hecho de no tener un carné, una tarjeta o un documento que
les identifique", ha señalado, antes de
participar en un seminario organizado por la ONG Farmamundi para debatir
la falta de medicamentos y salud pública en todos los países del mundo.
En la misma línea se ha pronunciado el vocal de proyectos de
la Junta Directiva de 'Farmamundi' y especialista en incidencia en
entidades del Tercer Sector, Eduard Soler, quien ha recordado que la
"regla de oro" que tiene que imperar tanto en España, como en el resto
de países, es que "nadie se quede sin medicamentos" aunque no los pueda
pagar.
En este sentido, ha lamentado que el acceso de los
medicamentos ya no sea sólo un problema de los países del Tercer Mundo
sino que lo esté siendo para todos, y ha advertido de que si la factura
sanitaria sigue aumentando va a llegar un momento en el que "ningún
país" podrá pagarla.
El director de la Fundación colombiana del Instituto para la
Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA),
Francisco Rossi, ha destacado también la necesidad de
buscar nuevas fórmulas de financiación de medicamentos para que nadie se
quede sin ellos.
Rossi se ha referido además al copago sanitario aprobado por
el Gobierno y ha lamentado que este tipo de medidas afecte sólo a los
que menos tienen. Asimismo, ha abogado por que los países busquen
"nuevas soluciones" para poder financiar los medicamentos y que, por
tanto, no tengan que hacerlo, en cierta medida, los ciudadanos.
"Estas son decisiones de los que tienen preocupaciones
financieras y, seguramente, que van a significar algún tipo de recaudo
pero, se va a pagar un precio social y este es uno de los debates que
están siempre en América Latina porque se trata de que estos sistemas
reduzcan desigualdades e inequidades", ha comentado el experto.
Dicho esto, ha asegurado que aunque estas diferencias y
desigualdades son "abismales" en países como Colombia o Venezuela, en
España se pueden producir también porque se está yendo "en contra de los
que menos tienen".
Por otra parte, durante el seminario de la ONG Farmamundi se
ha presentado la campaña 'Esenciales para la vida'. Un estudio, iniciado
en el año 2009, sobre la percepción que tiene la sociedad y el conjunto
de los profesionales sanitarios en el acceso a los medicamentos
esenciales.
Según ha explicado Torres, este análisis ha sido financiado
por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se ha
basado en la realización de 653 entrevistas a pie de farmacia y en 1.100
encuestas realizadas a administraciones públicas y autonómicas,
colegios oficiales de médicos, responsables de salud, miembros y
coordinadores autonómicos de ONG o asociaciones de industrias
farmacéuticas, entre otros.
Los resultados obtenidos han desvelado que la mayor parte de
ellos conocen la falta de acceso a los medicamentos esenciales --"son
unos 300 fármacos"-- y han mostrado su intención de colaborar para
ayudar a paliar este problema.
No obstante, según ha comentado Torres, las administraciones
autonómicas aseguran que la responsabilidad de la falta de acceso a los
medicamentos esenciales es de la administración estatal y, la industria
farmacéutica deriva este cometido a "cada una" de las empresas e
industrias del sector. Además, las ONGD señalan que no tienen un papel
"muy relevante" en este problema y que no es algo que les resulte
"prioritario".
En cuanto a las conclusiones obtenidas tras entrevistar a los
colegios farmacéuticos, la ONG 'Farmamundi' asegura que hay una "falta
de conciencia previa" y que la "desinformación y el desinterés se
realimentan mutuamente". No obstante, señala que pueden tener una
"importante contribución" al acceso a los medicamentos genéricos si hay
personas que, desde dentro de los colegios, lo impulsan y consiguen un
"consentimiento y apoyo suficiente" entre los colegiados.
Votó menos de la mitad
En las elecciones de 2007, la participación fue sólo del 35,67%, un récord motivado por los numerosos casos de fraude desde la instauración del multipartidismo en el país en 1989.
Los colegios electorales cerraron a las 19.00 locales (18.00 GMT) en los dos tercios de los municipios y una hora más tarde en el resto (543 municipios), por decisión del propio Kablia.
Más de 21,5 millones de personas estaban convocados para elegir a 462 diputados en el marco de las reformas iniciadas por la presidencia argelina tras la primavera árabe.
Tras las manifestaciones y disturbios del año pasado, el presidente del país Abdelaziz Buteflika optó por impulsar reformas relativas a la prensa, las asociaciones, las mujeres o el voto, pero sin consultar a la oposición, que había salido a la calle para expresar su descontento ni a los sindicatos autónomos.
La oposición estimó que estos comicios eran un intento de intensificar el control de la población por parte del Estado, que les ofreció aumentos de salarios y más viviendas.
Votó menos de la mitad
La tasa de participación en las elecciones legislativas celebradas este jueves en Argelia, las primeras que se celebran en el país después de la primavera árabe, se situó en el 42,90%, anunció por la noche el ministro del Interior Daho Ould Kablia.
"La participación global -territorio nacional más la comunidad
nacional en el extranjero" es del 42,90%", dijo el ministro en
conferencia de prensa.En las elecciones de 2007, la participación fue sólo del 35,67%, un récord motivado por los numerosos casos de fraude desde la instauración del multipartidismo en el país en 1989.
Los colegios electorales cerraron a las 19.00 locales (18.00 GMT) en los dos tercios de los municipios y una hora más tarde en el resto (543 municipios), por decisión del propio Kablia.
Más de 21,5 millones de personas estaban convocados para elegir a 462 diputados en el marco de las reformas iniciadas por la presidencia argelina tras la primavera árabe.
Tras las manifestaciones y disturbios del año pasado, el presidente del país Abdelaziz Buteflika optó por impulsar reformas relativas a la prensa, las asociaciones, las mujeres o el voto, pero sin consultar a la oposición, que había salido a la calle para expresar su descontento ni a los sindicatos autónomos.
La oposición estimó que estos comicios eran un intento de intensificar el control de la población por parte del Estado, que les ofreció aumentos de salarios y más viviendas.
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