MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas retendrá el 50 por ciento de la participación en los ingresos
del Estado (PIE) a los ayuntamientos con deudas a proveedores que no han
presentado el correspondiente plan de ajuste o que, habiéndolo
presentado, se les rechazó.
Un total de 4.623 entidades locales se han sumado al plan de pago a
proveedores por el que saldarán la deuda con empresas y autónomos
acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011. Para ello, han tenido que
aprobar un plan económico-financiero en el que aseguran cómo van a
devolver el préstamo a lo largo de los años y, después, firmar el
crédito con alguna de las 26 entidades que participan en la operación.
El tipo ha quedado fijado en el 5,939 por ciento.
Sin embargo, de ese total, y según precisó el propio Beteta en una
conferencia reciente, 2.004 consistorios no han elaborado el obligado
plan de ajuste y otros 315, que sí lo presentaron, han obtenido una
valoración negativa.
La retención de la mitad de la financiación estatal se mantendrá
hasta la amortización de la operación. Los proveedores podrán cobrar las
facturas pendientes con estos consistorios y ese dinero detraído
servirá de aval.
Entre esos planes de ajuste rechazados Beteta ha asegurado que
figuran "datos escalofriantes" como los de un ayuntamiento de
Guadalajara (Pioz, según confesó luego su alcaldesa) que necesitaría
7.058 años para saldar la deuda, y otro de Teruel que pasaría 462
haciéndolo.
El secretario de Estado ha subrayado que esta situación de
incumplimiento sin embargo no es nueva. En 2008, 3.222 ayuntamientos de
los más de 9.000 que existen no rindieron cuentas anuales ante el
Tribunal de Cuentas; en 2007, habían fallado 2.629 y el año anterior,
2.496.
Resueltos estos trámites, cientos de grandes empresas, de pymes y
de autónomos podrán cobrar a partir del 1 de junio las 1,62 millones de
facturas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos que se han
acogido a este plan; la deuda total suma 9.750 millones de euros.
La segunda pata de este programa es autonómica. Los gobiernos
regionales tienen una vía paralela a la municipal para financiar también
el pago de esta deuda. En estas fechas, los proveedores están revisando
y aceptando los datos de las facturas penduentes y a lo largo de junio,
las comunidades deberán cerrar y firmar los créditos con los bancos
para que empresas y autónomos puedan empezar a cobrar.
Todas las autonomías se han sumado a este plan salvo Galicia,
Navarra y el País Vasco. Presentan en total casi cuatro millones de
facturas, por valor de 17.255 millones de euros.
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