La administración pública española paga ya a 160 días frente a los 65 de media europea

MADRID.- La administración pública española ha aumentado sus plazos de pago de las facturas a proveedores hasta los 160 días en 2012, un 4,5% más respecto al mismo periodo de 2011, con lo que supera en 95 días a la media europea, fijada en 65 días, según informa Intrum Justitia en un comunicado.

   El director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, explicó que "estas cifras muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de administraciones públicas y empresas en España no solo no han disminuido, sino que mantienen su escalada".

   De esta forma, el 90% de las empresas españolas cree que el Gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer para combatir la morosidad, a pesar de que el próximo 31 de mayo los ayuntamientos podrán empezar a pagar a los proveedores en el contexto del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FPP).

   Salvaterra consideró que "esta inyección a empresas será muy positiva y puede contribuir a regularizar las facturas con retraso en el pago y que se comiencen a pagar en tiempo las facturas vigentes".

   Además, respecto a la Directiva Europea de lucha contra la morosidad, el 81% de las empresas españolas cree que no ha tenido un impacto positivo; esta cifra se reduce hasta el 64% a nivel europeo.

   Así, el 80% de las empresas españolas teme un impacto negativo en su liquidez como consecuencia de los retrasos en los pagos e impagos. Más alarmante es el porcentaje de empresas que ve amenazada su supervivencia por la morosidad, que se sitúa en el 45%.

   Esta combinación de elementos ha supuesto que en 2012 las empresas españolas hayan encabezado el ranking europeo con el plazo medio de pago más largo: 97 días (45 más que la media europea).

   Por último, Salvaterra afirmó que "se tiene que interiorizar la importancia que tiene no pagar las facturas a tiempo; eso sumado a los impagos tiene un resultado fatal en la economía de las empresas porque las pérdidas por impagos suponen para España un déficit de 28.590 millones de euros".