La culpa, de López Abad

ALICANTE.- Los exconsejeros de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) se lavan las manos en la quiebra de la que una vez fue la cuarta caja de España. Tal como hizo en su comparecencia la semana pasada el expresidente de la entidad Modesto Crespo, los tres exvicepresidentes citados ayer en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas eludieron su responsabilidad y la trasladaron al equipo directivo que comandaron Roberto López Abad y —desde finales de 2010— María Dolores Amorós.

A tenor de lo que declararon los tres exvicepresidentes —Armando Sala, Ángel Martínez y Benito Nemesio— cabe inferir que el consejo de administración no estaba capacitado para asumir decisiones financieras, y que los consejeros aceptaban sin reparos todo cuanto decían los exdirectivos. Al menos, esa fue la versión que sostuvieron los tres a preguntas de los diputados que forman parte de la comisión.

El primero en declarar fue el murciano Ángel Martínez, que ocupó la vicepresidencia primera hasta la intervención de CAM por el Banco de España. Martínez —nombrado a propuesta del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel— defendió que «nunca» recibieron presiones de los gobiernos autonómicos para invertir en determinados proyectos, pero al mismo tiempo aseguró que quien tomaba esas decisiones era la Dirección. Según el exdirectivo, el consejo se limitaba a «informar los expedientes de acuerdo con la documentación».

Martínez defendió que la información que les facilitaba la dirección «cumplía cada uno de los ratios establecidos por el Banco de España», y las auditorías «se presentaban sin ninguna salvedad». Cabe recordar que, tal como desveló Abc el pasado 2 de mayo, López Abad trató de presionar a la auditora para que no incluyese una salvedad sobre Tenedora de Participaciones e Inversiones (TIP) por operar en paraísos fiscales a través de una filial de Valfensal.

El que fuera vicepresidente segundo, Benito Nemesio, siguió la línea trazada por su excompañero murciano. Nemesio fue más allá y llegó a admitir que no tenía ni idea de lo que estaba aprobando, ya que llegaba «con todas las bendiciones de no sé cuántos comités técnicos». En este sentido, aseguró que votaban a favor de las operaciones de crédito «muy tranquilos» porque los que les informaban tenían «un conocimiento más profundo». A cambio, admitió que percibía más de 60.000 euros al año como vicepresidente.

El último exvicepresidente en comparecer fue el alicantino Armando Sala. Fue el más crítico de los tres con la gestión de la caja, aunque se amparó también en el desconocimiento. Según Sala, los consejeros no tuvieron constancia de la auténtica situación en que se encontraba la entidad hasta que el Banco de España se dirigió en julio de 2011 al consejo para «llamar la atención» días antes de la intervención.

Según Sala, los consejeros «solo sabíamos lo que nos querían contar», tanto de la situación como de la búsqueda de socios para una fusión. El alicantino, que sí se siente «responsable», puso en duda también que las actas de los consejos recojan lo que realmente sucedía en las reuniones.