La ruptura de la fusión le costó a la CAM 2.450 millones de euros

ALICANTE.- «Los actuales gestores no parecen tener capacidad suficiente para enderezar la marcha de CAM, habida cuenta de la situación a la que han llevado a la entidad». Con esta rotundidad se expresaba el Banco de España en un informe aprobado por su comité ejecutivo el pasado 20 de julio de 2010, tan sólo 48 horas antes de que el regular interviniera Caja Mediterráneo (CAM) y sustituyera a su consejero de administración por tres administradores provisionales designados por el FROB.

El documento, al que ha tenido acceso Abc, rechazaba la cuarta versión del plan de capitalización que le había remitido la caja de ahorros, por considerarlo «inviable», y le daba un ultimátum de diez días para que elaborara un nuevo proyecto más realista, como requisito indispensable para que la entidad pudiera recibir los 2.800 millones de euros que había solicitado al FROB.

Según el dictamen, la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) pactado inicialmente con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura le costó a la CAM 2.450 millones de euros, Esta es la cuantía que los clientes retirar de sus depósitos desde el 23 de marzo, cuando trascendió la noticia de la ruptura de la «fusión fría» hasta el 20 de julio, cuando la descapitalización acelerada de la entidad hizo inevitable la intervención del Banco de España.

El regulador atribuye el pánico de los clientes que provocó esta fuga de depósitos —casi 2.500 millones de euros en sólo cuatro meses— al desenlace del SIP, así como a «la posterior bajada de rating por debajo del grado de inversión y las numerosas noticias de prensa sobre la mala situación financiera de la entidad».

Como consecuencia de ello, y del rápido deterioro de la cartera crediticia —lastrada por los impagos del sector de la construcción—, el Banco de España estimó que CAM no necesitaba una financiación adicional de 2.800 millones de euros, la cifra solicitada al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sino de al menos 4.000 millones.

El regulador constató que existía en aquel momento «un peligro potencial derivado de que la entidad entre en pérdidas (...) y no pueda pagar ni la remuneración de las cuotas participativas cuyo valor quedó reducido a cero tras la intervención ni los cupones de las preferentes». Al respecto, el informe señala que los titulares de ambos financieros poseían en aquellos momentos «saldos en cuentas corrientes, de ahorro y a plazo» en la caja por un valor global de 5.980 millones de euros. El Banco de España consideró muy probable que los titulares de estos depósitos se apresuraran a retirarlos, en caso de que la CAM no pudiera pagar las cuotas participativas y las preferentes, «a lo que habría que añadir el efecto que esta situación podría acarrear en el resto de clientes». Este informe llegó a la CAM el 21 de julio cuando se encontraba reunido su consejo de administración, cuyos miembros optaron por dimitir para facilitar la intervención.